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La espera máxima para operarse será de 180 días y para las pruebas, de noventa

La espera máxima para operarse será de 180 días y para las pruebas, de noventa

El consejero de Sanidad se compromete a tener preparado el decreto que regulará los tiempos en la lista en menos de dos meses

Foto.- Faustino Blanco, consejero de Sanidad, en la Junta General del Principado.

El Comercio. 15.02.14 - OVIEDO.

El decreto de tiempos máximos para operarse, consultar o someterse a una prueba diagnóstica en la sanidad pública asturiana estará listo en «mes y medio o dos meses». Así lo avanzó ayer el consejero de Sanidad después de revelar este jueves en la Junta General que su departamento ya disponía de un borrador del documento. La previsión de Faustino Blanco es que el Consejo de Gobierno del Principado apruebe entre marzo y abril esta nueva normativa con la que se fijarán plazos máximos para una intervención quirúrgica, una consulta o una prueba en hospitales y centros del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El borrador con el que trabaja la Consejería de Sanidad, y que ya ha sido remitido al Consejo Consultivo para su valoración, fija tres grandes apartados y establece una demora máxima de 180 días (seis meses) para una operación quirúrgica, 90 días (tres meses) para una prueba diagnóstica o terapéutica y 60 días (dos meses) para una primera consulta con el especialista. El decreto deja abierta la posibilidad a que en el futuro se puedan revisar los tiempos establecidos inicialmente (los 180, 90 y 60) e, incluso, se incorpore un listado específico de demoras en función de cada tipo de patología o proceso, como ya disponen otras muchas autonomías.

Asturias y Madrid son las únicas comunidades que carecen de un decreto de tiempos máximos de demoras, lo que limita, y mucho, el derecho de los pacientes a reclamar ante el Sespa cuando una operación o consulta se retrasa en exceso. Y no dispone de ese documento a pesar de que las diferentes consejerías de Sanidad del Principado lo han anunciado en más de una ocasión a lo largo de estos últimos años. El decreto de listas de espera estuvo en los planes de Rafael Sariego y Ramón Quirós, ambos consejeros en legislaturas socialistas, que finalmente desistieron de sacarlo adelante. Foro Asturias también lo llegó a contemplar aunque, a diferencia del PSOE que apuesta por centros de titularidad pública, su proyecto hacía mayor hincapié en las derivaciones a centros privados

2003, primer antecedente

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 2003, aprobada en los tiempos en que Ana Pastor era ministra de Sanidad, obligaba a las comunidades autónomas a desarrollar sus respectivas normativas para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera. Buena parte de las comunidades hicieron, con mayor o menos acierto, los deberes y desarrollaron normativas para establecer plazos quirúrgicos y también de consultas. No así Asturias, Madrid y el territorio del Ingesa (Ceuta y Melilla) que no disponen de una regulación sobre demoras máximas.

El Principado quiere acabar con esa laguna. Faustino Blanco sorprendió este jueves a los parlamentarios de la Junta al anunciar que su departamento tenía muy avanzado el decreto de demoras asistenciales. El consejero socialista se adelantaba así a las pretensiones del PP, que había presentado en la Junta General una moción para instar al Principado a elaborar y aprobar el referido decreto de tiempos máximos. Precisamente, ayer, viernes, dicha moción salió adelante con los votos de todos los grupos políticos, incluido los del PSOE. Victoria Delgado, parlamentaria del Partido Popular, se jactaba de «esta extraña coincidencia» y de las prisas del consejero de Sanidad por anunciar el decreto un día antes de que se debatiera la moción de su grupo.

Tres derogaciones

La primera regulación sobre tiempos de espera la aprobó Andalucía en el año 2001. Los pacientes de la comunidad andaluza fueron pioneros a la hora de disponer de una herramienta con la que poder reclamar ante retrasos excesivos en la atención sanitaria. Posteriormente, en julio de 2011, cuando Leire Pajín era ministra de Sanidad, se aprobó un decreto sobre tiempos máximos de espera en el Sistema Nacional de Salud para todo el territorio español, aunque el mismo solo se refería a cinco procesos: cirugía cardíaca valvular, cirugía coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. El plazo para dichas operaciones se fijó en medio año (180 días). Cabe señalar también que en los dos últimos años hubo comunidades que descabalgaron el camino realizado. Baleares, Navarra y Castilla y León optaron por derogar sus respectivos decretos de demoras ante la imposibilidad de cumplir con los plazos que se habían fijado en legislaturas anteriores.

En Asturias existen actualmente 18.605 personas pendientes de ser intervenidas, de las que 270 sufren demoras de más de seis meses.

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