El momento político y agenda social

Artículo de opinión de Rodolfo Benito, presidente de la Fundación Sindical de Estudos y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO. escrito el 11 de marzo del 2007. Artículo Rodolfo Benito

En esta última semana hemos asistido a los más serios y preocupantes momentos de crispación política que ha vivido nuestro país prácticamente desde 1978.

Esa dinámica de crispación que viene protagonizando el Partido Popular y que está trasvasando al debate político y a la vida pública de nuestro país hasta ensombrecerlos, parece que no va a detenerse hasta “que hable el pueblo”, según palabras de Rajoy en la manifestación del sábado 10 de marzo.

Y olvida así Rajoy que el pueblo hablo cuando tenia que hablar (el 14 de marzo del 2004), y dijo lo que dijo, guste o no a quienes desde el primer día quisieron mirar hacia un lado distinto del de la voluntad expresada en las urnas; y volverá hacerlo en las próximas convocatorias (la primera cita; las Elecciones Autonómicas y Municipales del 27 de mayo). Y las urnas dirán nuevamente lo que los ciudadanos soberanamente quieran decir. Esa es la grandeza de la democracia y el respeto a esa decisión es la base de la convivencia y de la vida democrática de cualquier país.

Pero es necesario subrayar que no estamos ante discrepancias más o menos habituales entre fuerzas políticas o ante un escenario homologable al vivido en nuestro país en los primeros años noventa; lo novedoso y preocupante a la vez es que se esta azuzando el enfrentamiento, para entrar de lleno a quebrar la convivencia social, desde una doctrina involutiva en valores democráticos, que afecta a derechos y libertades, que en ningún caso nos puede dejar indiferentes, ni como trabajadores ni como demócratas.

Enfrentamiento que se azuza no solo en materia de política antiterrorista, quebrando la tradicional (y necesaria) unidad entre los demócratas, sino también ante reformas que suponen nuevos derechos y un mayor desarrollo de las libertades para hacer frente a discriminaciones ancestrales, como las referidas a la orientación sexual de las personas, o las referidas al proyecto de Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, o la propia Ley sobre violencia de genero y que tienen todas ellas una relación directa con los derechos de ciudadanía.

Enfrentamiento que se ha alimentado igualmente ante leyes incluso tibias como la Educativa en una disparatada convergencia con los sectores más conservadores de la Conferencia episcopal, o con relación al desarrollo del autogobierno por parte de las Comunidades Autónomas.

Este rancio doctrinarismo involutivo, de consolidarse, supondría una quiebra en los pilares que se han ido fraguando a lo largo de toda la transición democrática en España y ante lo que, reitero, no podemos ser indiferentes ni como trabajadores ni como demócratas.

Como tampoco lo podemos ser ante la desestabilización que se esta realizando de los Poderes e Instituciones del Estado de Derecho, de los órganos judiciales y de la propia justicia. O ante la sistemática y bochornosa bronca que un día si y otro también se produce en el Parlamento, intentando trasmitir una idea equivoca de un supuesto bloqueo institucional.

Es necesario, además de urgente, realizar un emplazamiento a que vuelvan a los usos y costumbres de la democracia, a poner en el centro del debate político las prioridades de carácter social, y no son pocas las que tenemos como país, a rescatar en definitiva, de entre el ruido la Agenda Social. Y todo ello sin menoscabo del debate político, vivo y duro cuando sea necesario. En democracia el acceso al poder nunca tuvo atajos.

Y es necesario rescatar la agenda social para abordar, por ejemplo, las políticas de privatización que de servicios públicos esenciales como son la educación y la sanidad se están realizando en distintas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, como ocurre en la de Madrid donde el debilitamiento de los servicios públicos va en paralelo a la eclosión demográfica que se esta produciendo como consecuencia del fenómeno migratorio.

Para abordar la especulación inmobiliaria que encarece el precio de la vivienda, que impide una ordenación racional del territorio y que quiebra el equilibrio medioambiental.

Son el debate y la capacidad de propuesta, la respuesta a los problemas socioeconómicos y laborales, los que han de determinar la vida social y política de este país, sin que ello suponga efectivamente la inexistencia de tensiones propias del debate político o partidario, pero sin duda alejado del actual escenario de crispación, vacío en contenidos efectivos, sin alternativas y preñado de catastrofismos inexistentes.

Y es que, efectivamente, los avances que se están produciendo en el terreno de las libertades, las reformas sociales que se han impulsado a lo largo de esta legislatura, las reformas que necesariamente se han de abordar con relación al cambio de modelo de crecimiento y desarrollo, y como consecuencia en torno al mercado de trabajo, que continúa con niveles de temporalidad y de precariedad insoportablemente altos y muy por encima de la media existente en la Unión Europea de los Quince; sobre políticas de vivienda o con relación al proceso de convergencia social con la citada Unión Europea, quedan ensombrecidos por el escenario de crispación, ruido y algarada política al que venimos asistiendo.

Es necesario por tanto que la agenda sindical forme parte de la vida cotidiana de este país, para que esa crispación y ese ruido generados por la oposición no impida trabajar a favor de la normalidad, de la lucha y la reivindicación, de la propuesta y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera y de la mayoría de la sociedad, porque la vida real plantea muchos problemas que deben ser abordados y resueltos de manera organizada, cotidiana, normalizada. El movimiento sindical tiene como armas la propuesta y la movilización, y en estos momentos es muy difícil visualizar ninguna de las dos cosas.

Hay que salir de este escenario, lo quieran o no sus precursores. La radicalización que de la vida política están realizando no puede marcar la agenda política, ni mucho menos condicionar la agenda social de este país. La agenda social tiene muchos temas que abordar. La agenda sindical también.

Tenemos una economía que lleva varios años creciendo... pero tanto ruido, tanta crispación, hacen que con frecuencia se olvide que este crecimiento debe servir para mejorar las condiciones de trabajo. la calidad de vida de la ciudadanía y contribuir a la solidaridad con las futuras generaciones.

Porque hay que abordar políticas que avancen en el terreno de la justicia social, que reduzcan las desigualdades que existen en nuestro país: según los datos disponibles del 2003 y 2004, el numero de hogares con unos ingresos superiores a 35.000 euros anuales ha pasado del 14,7% por ciento en 2003, al 16,9% por ciento en 2004, mientras que los hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales han pasado del 35% en 2003 al 34,7 en 2004.

Son varias las razones que pueden justificar está situación, aunque tal vez las más significativas sean en primer lugar un crecimiento económico basado en sectores de menor productividad, escasos salarios y elevados beneficios empresariales. En segundo lugar una reducción del porcentaje de trabajadores con derecho a negociación colectiva, y por tanto con contratos precarios, especialmente en pequeñas y medianas empresas (en el 2005 el 80% por ciento de los asalariados con derecho a convenio colectivo -excluyendo a los funcionarios- representaban 7 puntos menos que en el 2001), y finalmente un insuficiente desarrollo del Estado de Bienestar, aun y a pesar del fuerte impulso que este va a tener como consecuencia del desarrollo de la Ley de Dependencias.

Los retos que nuestro país tiene que abordar son importantes; se precisan debates racionales, constructivos, capaces de buscar puntos de encuentro, pero el clima de crispación no ayuda. Los demócratas y los trabajadores no podemos permitir que la agenda y la vida del país lo marquen quienes han perdido democráticamente unas elecciones.

Es necesario que se imponga una agenda política y una agenda social que recoja los problemas de la gente, que aborde los retos de la competitividad en una sociedad globalizada, que haga frente a los fenómenos de deslocalización industrial y desinversión productiva, que mejoren los servicios públicos, que se desarrolle políticas que contribuyan a crear una sociedad más justa, más solidaria y también más racional; una sociedad donde quepan todos y donde todos podamos seguir construyendo un país que en las ultimas décadas ha sido referencia para muchos, por madurez, compromiso, capacidad de diálogo y firmeza en la defensa de la democracia, la libertad, la paz y la solidaridad. Y para conseguir esto hay que revitalizar la agenda política y social, y hay que decir claro y alto, con argumentos y razones, que son muchas y sobradas, a quienes perdieron las elecciones en 2004 ¡que nos dejen en paz!, que tenemos mucho por construir y que queremos trabajar en el marco del Estado de Derecho que nos hemos dado y que esto no significa “prietas las filas”, ni ningún otro tipo de inmovilismo, sino dinamismo, innovación, avance y progreso.

Revitalizar en fin una cultura política, que algunos pretenden secuestrar, y que no es otra que la que bascula sobre la movilización social y democratica, sí, que no rehuye compromisos, pero que abomina del fanatismo y la malversación.