Publicado, por el “Observatorio Sociolaboral” un interesantísimo número monográfico sobre la Directiva de las “inaceptables” 65 h.

La Fundación Sindical de Estudios ha editado un monográfico especial, con artículos de José Luis López Bulla ‘La Directiva del horror: las 65 horas’; Angel Martin Aguado ‘La jornada semana de 65 horas. Un viaje de regreso por el tunes del tiempo, Francisco J. Trillo ‘El tiempo de trabajo a debate ¿Hacia donde camina Europa?’, Elvira S. Llopis ’Modificación de la jornada laboral y vida familiar ¿irreconciliables?’ y Rodolfo Benito ‘Algunas reflexiones en torno a la Directiva Europea sobre la jornada máxima legal de 65 horas semanales’, que podéis leer y/o descargaros en este enlace de nuestra sección de “Textos legales y documentos” de nuestra página: VER EDICIÓN 65h.

 

La decisión mayoritaria de los Ministros de Economía y Empleo de la Unión Europea de aprobar un Directiva sobre tiempo de trabajo, ampliando la jornada máxima legal semanal hasta las 65 horas, supone un durísimo golpe al derecho del trabajo, un retroceso histórico de los derechos de los trabajadores y un absoluto deprecio al movimiento sindical, a quienes tan siquiera se ha consultado.

Una injerencia también en la negociación colectiva, intentando vaciarla de contenido, individualizando una parte fundamental de las relaciones laborales; un zarpazo, por tanto, a las propias organizaciones sindicales, que tienen en la negociación colectiva su principal razón de ser, que no es otra que la defensa de los intereses generales de los trabajadores.

Esta decisión es una nueva vuelta de tuerca al modelo social europeo, también al propio papel de los sindicatos, desde quienes sostienen que la existencia de una dimensión social en la Unión Europea es una anomalía histórica que hay que desmontar.

Estas tesis neoliberales y conservadoras que se expresan en una parte mayoritaria de los Gobiernos de la Unión Europea, tal y como se ha puesto de manifiesto en la decisión sobre esta Directiva, se han visto fortalecidas por los cambios políticos habidos en Francia primero, y posteriormente en Italia, y que suponen una deriva antisocial en estos dos países, que se pretenden extender para el conjunto de la Unión.

El sindicalismo europeo y también la izquierda política tienen que responder, porque el modelo social europeo es, en primer lugar, un concepto de sociedad, por tanto, una opción política; son derechos sociales y laborales, son derechos de ciudadanía. Y en estas cuestiones, que han de seguir siendo una de las referencias fundamentales de la Unión Europea, hay que implicarse a fondo.

Porque cuando el debate social, económico o político europeo se limita a los ámbitos nacionales, se debilita la capacidad de influir del sindicato, se debilita la izquierda, ya sea social o política, y se franquea el camino a decisiones y medidas socialmente regresivas y políticamente conservadoras.

Y esta respuesta desde el campo sindical ha de ser muy firme y contundente. La prioridad es conseguir que se retire la Directiva sobre las 65 horas de jornada semanal y, junto a ello, desarrollar las conclusiones del Congreso de 2007 de la Confederación Europea de Sindicatos, esto es, pasar a la ofensiva en defensa del modelo social europeo, de los valores que en él se impregnan.

La CES, y es parte de sus resoluciones, está convencida de que el Modelo Social Europeo (fuertes Estados de Bienestar, Seguridad Social fuerte, negociación colectiva, servicios públicos y normas laborales) no sólo es fundamental por sí mismo, sino que es una fuente de ventajas competitivas en la medida que garantiza la solidaridad, amortigua el impacto adverso del cambio, estimula la responsabilidad de las empresas y promueve las oportunidades de empleo estable y de calidad.

El modelo social europeo es un modelo que hay que defender en el ámbito europeo y promover en el resto del mundo.

Ese modelo de economía social de mercado, no obstante, está bajo el ataque de aquellos cuyo concepto de crecimiento neoliberal se basa, cada vez más, en una mano de obra barata, con una protección social limitada y una mayor exclusión social.

Precisamente esa necesaria ofensiva sindical ha de tener como objetivo derrotar a quienes pretenden desmontar el modelo social europeo, y su concreción ha de ser inmediata al igual que su objetivo, esto es, conseguir la retirada de la Directiva sobre jornada de trabajo.

Porque, además, esta Directiva no es un hecho aislado: fue la Directiva Bolkestein, son las sentencias sobre Viking y Laval, es el proyecto europeo sobre flexiseguridad, es la idea, defendida por los sectores neoliberales, por cierto, muy bien definida por el profesor Baylos en el recientemente celebrado ciclo de reflexión y debate: “Diálogos sobre política sindical” organizado por la Fundación Sindical de Estudios, de que “frente al Constitucionalismo democrático, se intenta imponer un constitucionalismo de mercado”.

Por tanto, la propuesta de directiva de ampliación de la jornada laboral semanal, es un paso más en la culpabilización del derecho laboral de los males de la economía, es el intento de descolectivización del derecho del trabajo como punto de partida.

Para los sectores conservadores y neoliberales, el sistema de derechos y garantías en que consiste el modelo de protección de los trabajadores en la mayoría de los países europeos occidentales resulta, en líneas generales, responsable de la incapacidad del sistema económico de generar empleo suficiente, de donde se desprende la necesidad de reducir y desregular buena parte de los elementos básicos que configuran el derecho laboral y su sistema de derechos y garantías.

Sin duda, se trata de un planteamiento netamente ideológico que ha demostrado carecer de rigor. La Unión Europea ha sido y es capaz de competir globalmente sin que sus niveles de protección social se conviertan en un lastre, y su mejor expresión no es otra que la existencia de modelos sociales fuertes en determinados países de la Unión, y no precisamente los más atrasados, sino los más competitivos.

Por tanto, ¿qué Europa queremos?: ¿una zona de libre cambio sin más, o la de la integración política, extendiendo y ampliando los derechos sociolaborales?.

El “no” de Irlanda a la ratificación del Tratado, y desde el análisis que se viene realizando sobre el comportamiento electoral de los distintos sectores y zonas de la población, ¿está o no al margen de esa deriva antisocial que recorre una parte de los Estados de la Unión?. Sin duda, todo parece indicar que existe una cierta relación, no en toda su amplitud, pero sí en una parte importante.

Y es que la Europa política será la Europa de la ciudadanía social, de los derechos sociales, de la cooperación y la democracia, o no será. Esta es la cuestión de fondo, habrá Europa en toda su dimensión si ésta se fortalece en lo social, además de cohesionarse políticamente.

Igualmente, hay que subrayar que la libertad económica no debe interferir en los derechos sociales, en el necesario desarrollo del modelo social europeo; y es que sin derechos sociales no es posible el desarrollo económico.

No cabe duda de que hay que poner el modelo de Unión Europea en el centro del debate europeo, si se sigue concibiendo el modelo social como uno de los rasgos más característicos de la Unión, pues, de no ser así, el euroescepticismo crecerá y habrá una pérdida de apoyo popular a Europa, abriéndose camino la renacionalización de políticas, respuesta ineficaz sin duda, para hacer frente a un escenario de globalización como al que estamos asistiendo, en un escenario también de crisis económica muy preocupante en términos de empleo.

Pero hay que llamar la atención sobre una cuestión: muchos de los detractores del modelo social europeo, en el fondo, tampoco creen en una Unión Europea cohesionada políticamente, y precisamente de ahí las continuas resistencias incluso a coordinar determinadas políticas.

El sindicalismo europeo, y dentro de él el español, debe adoptar iniciativas muy firmes y contundentes desde el rechazo a medidas que no persiguen otra cosa que dinamitar las distintas fuentes del Derecho del Trabajo, que persiguen retrocesos históricos en los terrenos social y laboral, favoreciendo todo tipo de propuestas y de iniciativas, también desde la movilización social, destinadas a reforzar el papel de una Europa con fuertes contenidos sociales, a favor del pleno empleo y de la equidad social; porque, además, no hay otra alternativa.

Termino con palabras del maestro Romagnoli: “no podemos permitir retroceder en derechos que suponen un modelo de civilización”.