Artículo de opinión publicado por La Nueva España el pasado día 13 de octubre

La viabilidad del sistema sanitario, una responsabilidad común

La necesidad de contener el gasto con una mayor eficiencia

 

Artículo de Manuel Sarachaga, miembro del grupo de economía de UPyD y responsable de la sub-área económica del CT de Asturias.

 

La prestación pública de servicios sanitarios constituye sin duda uno de los pilares del denominado «Estado del Bienestar», y la misma Constitución reconoce en su artículo 43 el derecho de todos los ciudadanos a la protección de su salud.

La relevancia de la Sanidad como necesidad social se refleja en el hecho de que la actividad económica generada por los servicios sanitarios representa ya un 8% del PIB, con una destacada participación de aquellos que son prestados públicamente, que por sí mismos alcanzan el 6%, triplicando el peso existente a comienzos de los 70.

No obstante, y a pesar de que los servicios sanitarios tienen mayoritariamente carácter público, tal como se desprende de las cifras, es preciso tener en cuenta que la preservación de la salud no responde estrictamente a la definición económica de un bien público, lo que significa que los servicios asociados a tal fin pueden ser igualmente prestados, y de hecho lo son, desde la iniciativa privada. De tal forma que la clara preferencia que los ciudadanos muestran por una Sanidad pública no constituye por sí misma una condición suficiente para garantizar su continuidad, ya que las limitaciones a las que se encuentra sometida cuestionan de forma permanente su viabilidad frente a otras alternativas, situación que se hace evidente en nuestra Comunidad.

La Sanidad asturiana cuenta sin duda con innegables virtudes, siendo una de las mejor valoradas por los ciudadanos. Dispone de un elevado nivel de infraestructuras, tanto en atención primaria como en especializada, y de más de 15.000 profesionales, lo que le permite desarrollar una gran actividad asistencial. Por contra, debe hacer frente a una creciente demanda, impulsada por el continuo envejecimiento y la dispersión de la población, a unas mayores exigencias de calidad en el servicio y a una rigidez interna que dificulta una rápida adaptación a nuevas demandas. Pero por encima de todo debe afrontar el gran reto que supone su sostenibilidad financiera.

El coste sanitario supera en Asturias los 1.400 millones de euros, lo que equivale a casi el 40% del gasto público autonómico, cuantía que crece de forma sostenida desde la transferencia de competencias. De los 897 euros por habitante del año 2002 se ha pasado a una cifra que supera ya los 1.350 euros per cápita -un 50% más-, con un ritmo de crecimiento superior al alcanzado por el PIB nominal o la inflación acumulada durante el mismo período. Por otra parte, este nivel de gasto per cápita es uno de los más elevados del país, y su continuo incremento desborda los recursos aportados por el sistema de financiación de las CCAA.

Las alternativas para garantizar la supervivencia del sistema público de Salud tal como hoy lo conocemos, pasan por incrementar los recursos destinados a su financiación -esto es, mayor presión fiscal o desvío de recursos públicos procedentes de otras partidas- o por contener el crecimiento del gasto. La primera de las vías no parece factible por el previsible rechazo popular y el coste político asociado, pero es especialmente inviable en un entorno de crisis económica en el que los recursos públicos no sólo no crecen, sino que sufren un deterioro muy importante. Al mismo tiempo, esta alternativa es incompatible con la necesidad que tiene nuestra economía de incrementar su competitividad internacional, ya que el incremento de la carga tributaria para financiar la Sanidad recaería sobre los factores productivos y se trasladaría directamente a los costes y precios de nuestros productos.

Por tanto, aunque es probable que la Sanidad pública logre detraer recursos de otras finalidades públicas, la vía principal, necesaria y obligada para garantizar su futuro sin deterioro es la contención del gasto a través de una mayor eficiencia. Esta máxima no es sólo aplicable a la Sanidad, sino que en un entorno globalizado de competencia internacional, los servicios públicos a largo plazo serán más eficientes o no serán. Y, en consecuencia, los mayores defensores de los servicios públicos serán aquellos que luchen por la búsqueda permanente de su eficiencia.

En un modelo descentralizado y desmembrado en 17 sistemas, en el que se han perdido ya ciertas ventajas propias de la centralización (ahorros derivados de un mayor tamaño -las denominadas economías de escala-, mayor coordinación, equidad y homogeneidad de los servicios prestados en todo el territorio nacional, etc) en favor de la cercanía al ciudadano, se hace más urgente que nunca ligar la gestión de los servicios autonómicos al uso eficiente de los recursos, para proveer a los ciudadanos del mayor bienestar posible al mínimo coste posible.

Esta obligación incumbe a todas las partes implicadas, esto es, usuarios, gestores y profesionales.

En primer lugar, los usuarios, como máximos interesados en preservar un sistema sanitario público eficiente y de calidad, debemos realizar un uso racional del mismo. El elevado grado de satisfacción mostrado debe ser paralelo a la asimilación de que el sistema soporta un importante y creciente coste que, dadas las limitaciones de recursos económicos, impide satisfacer de forma inmediata todas y cada una de las demandas de los ciudadanos.

Por su parte, los gestores públicos, como últimos responsables de hacer realidad la supervivencia del sistema, han de tener el valor de definir e implantar un claro modelo de futuro basado en la eficiencia, que huya de las improvisaciones y que, teniendo al usuario como eje central del sistema, involucre e incentive al máximo al profesional, busque de forma permanente su colaboración y le permita un adecuado desarrollo en su carrera.

Y por último, los profesionales, que constituyen la columna vertebral del sistema y son un elemento imprescindible para lograr el objetivo propuesto, dada su condición de responsables y gestores directos de los recursos disponibles. Su compromiso con la Sanidad pública es por tanto un elemento crucial, sin el cual el modelo definido, sea cual sea, fracasará. Este compromiso exige a cambio el adecuado reconocimiento y valoración de su desempeño, un mayor grado de autonomía en la gestión de los recursos y un incremento en los incentivos ligados a ésta. Al igual que los usuarios, han de ser plenamente conscientes de las limitaciones existentes, de la necesidad permanente de colaboración y mejora, y de la importancia de adecuar sus demandas a las posibilidades del sistema.

El acuerdo alcanzado esta semana entre los representantes de la Administración y de los trabajadores no puede ser interpretado más que como un éxito y un avance para todos los asturianos. No obstante, ante los numerosos conflictos que se repiten periódicamente y a la luz de los planteamientos expuestos, es urgente e inaplazable que cada una de las partes implicadas analice sus planteamientos de fondo y su responsabilidad sobre la viabilidad futura del sistema, y por encima de todo, reflexione acerca de la imperiosa necesidad de jerarquizar y priorizar objetivos y valores en aras de preservar la Sanidad de todos.