Ana Rosa Migoya zanja el debate iniciado por Vigil y Carlos Suarez sobre los procesos selectivos del SESPA ...

El Adolfo Posada se limita a ser un mero instrumento formal de los procesos selectivos

 

ANA ROSA MIGOYA DIEGO, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO

 

El sistema sanitario público en Asturias ha gozado tradicionalmente de un gran reconocimiento entre la población. Un sistema que, desde la asunción de competencias por parte del Gobierno asturiano en esta materia en el año 2002, ha sido objeto de importantes inversiones y de una gran apuesta en la mejora de las retribuciones y jornada laboral de los profesionales. Basta recordar los numerosos ejemplos de nuevos equipamientos e infraestructuras en materia sanitaria: nuevos centros de salud en muchas localidades asturianas; la mejora de nuestros hospitales; el nuevo hospital de Mieres, y el futuro Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que sin duda no sería una realidad si no hubiese sido por la decidida voluntad del Gobierno socialista asturiano. Todos recordamos la fuerte oposición a este equipamiento por parte del PP asturiano y del Gobierno de España, presidido entonces por el señor Aznar.

 

Los profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) han incrementado sus retribuciones en más de un 47 por ciento desde el traspaso, una cifra muy por encima del 21,04 por ciento de IPC acumulado desde entonces, y además han visto reducida su jornada laboral, lo que ha desencadenado la necesidad de nuevas contrataciones en el sistema, a pesar de que la población asistida sigue siendo prácticamente la misma.

 

No creo que se pueda hablar de «cualquier tiempo pasado fue mejor» cuando hay mejores equipamientos, más inversiones, más recursos y más profesionales. De hecho, los estudios más recientes avalan que la población asturiana aprecia y valora su sistema sanitario en unos índices superiores a otras comunidades autonómicas y por encima de la media del país.

 

El aumento de las contrataciones en los últimos años ha generado tasas de interinidad y de temporalidad en el empleo que queremos reducir. El Gobierno, cumpliendo además un compromiso de estabilidad en el empleo público acordado con los agentes sociales en el marco del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA), convoca una gran oferta pública de empleo que supera las 2.500 plazas en diversas categorías.

 

Se trata de la primera oferta pública de empleo en el sector sanitario desde que Asturias gestiona su sistema de salud. Una importante oferta de empleo público que además es necesario recordar que estamos ante la ocupación de puestos de trabajo públicos, en el fondo ante la adjudicación de dinero público, y en este sentido debe observarse un estricto y puntilloso cumplimiento de la normativa vigente en materia de acceso al empleo público, derecho de todos los ciudadanos.

 

En la presente legislatura se atribuyeron a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, entre otras, las competencias en materia de función pública y planificación de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias propias de ordenación atribuidas a las diferentes consejerías. Asimismo, en esta Consejería se centraliza el ejercicio de las competencias en materia de selección y formación de personal al servicio del Principado de Asturias.

 

La voluntad del Gobierno regional es la de proceder a una mayor coordinación de las políticas de recursos humanos de la Administración autonómica; se pretende aunar esfuerzos y no duplicar el trabajo que se viene desarrollando en materia de formación, selección, negociación colectiva? De igual modo, se pretende una unificación de los criterios en la gestión de una plantilla que en 2009 alcanza los 34.602 empleados públicos.

 

En relación al personal estatutario que presta servicios en el Sespa, ha de señalarse que por ley del Principado de Asturias 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud, se atribuye al director gerente de ese Ente de Derecho Público la dirección de todo el personal del Sespa. En consecuencia, ninguna de sus competencias ha sido asumida por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

 

En materia de selección ha sido el propio Sespa el que, en virtud de un convenio de encomienda de gestión, atribuye el ejercicio de las funciones de selección de su personal al Instituto de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP), que es el órgano competente para la ejecución de las ofertas de empleo público. En todo caso, el Instituto Adolfo Posada se limita a ser un mero instrumento formal de los procesos selectivos, en este caso el concurso oposición que el Sespa convoca.

 

En cuanto a los temarios, en el caso del personal facultativo sanitario, tal y como consta en la convocatoria, se han tenido en cuenta los programas oficiales del Ministerio de Sanidad y Consumo y los tribunales están compuestos por los correspondientes empleados públicos que cumplen con creces los requisitos de imparcialidad y profesionalidad establecidos, siendo éstos propuestos al IAAP por el propio Servicio de Salud.

 

El tipo de pruebas y su contenido viene determinado por la normativa aprobada en su día por la Administración General del Estado y esa selección es por categorías y especialidades. No puede pretenderse una selección por áreas de salud, centro hospitalario o incluso servicios, factor que pudiera provocar una endogamia del sistema.

 

En cuanto al concurso de traslados, éste ha sido convocado por el Sespa. Es obligatorio antes de desarrollar la oferta y deben incluirse en él todas las plazas vacantes (esto, además de ser un requisito legal, siempre es una firme exigencia sindical en la mesa de negociación e incluso hay sentencias firmes en este sentido que obligan a la Administración). Debe señalarse además que el concurso es nacional y puede presentarse todo el personal estatutario de carrera de cualquier comunidad autónoma.

 

Pretender negar el traslado al personal estatutario de carrera que ha superado en su día un proceso selectivo, frente al personal interino, en aras de una supuesta formación cualificada, supone la negación de uno de los derechos más importantes de los empleados públicos. Además, pienso sinceramente que a los profesionales que están en centros de otras áreas que no sean el HUCA no se les puede negar competencia o cualificación, ya que en muchos casos se han formado con los mismos especialistas que los interinos que pueden estar actualmente en dicho centro. No se puede aspirar a que grupos de interinos por desempeñar su tarea en determinados servicios tengan ya garantizada una plaza pública de por vida.

 

Todo este complejo procedimiento se está trabajando desde el Gobierno en perfecta coordinación entre el Sespa y Administraciones Públicas. No se puede hablar ni de menoscabo de las pruebas, ni de dejación de competencias por parte de Salud, ni de indebida asunción de las mismas por Administraciones Públicas.