Probablemente la fórmula a utilizar será modificar la actual Ley de Función Pública del Principado, a la espera de la tramitación de la nueva

El Gobierno regional se reunirá el jueves con los sindicatos para presentar su «solución legal»

28.06.09 - RAMÓN MUÑIZ, GIJÓN, para El Comercio

Antes de que el Gobierno regional presente a votación de los grupos parlamentarios una solución se pronunciarán los sindicatos mayoritarios. La Consejería de Administraciones Públicas ha escogido, para presentar su «solución legal», aceptar la petición que le cursaron UGT y CC OO de convocar una reunión extraordinaria de la mesa general para el próximo jueves.

El paso que da el Gobierno implica que, de nuevo, los sindicatos minoritarios se quedan fuera del proyecto que propone.

Esa apuesta tiene un riesgo. Uno de los factores que explican el actual pulso jurídico reside en que el resto de los sindicatos se sienten ninguneados ante semejante política, y optan por fiscalizar con celo todo pacto que alcanza el Principado sin contar con su interlocución. Así llegó la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha terminado declarando «anulable» ese primer escalón de la carrera profesional, levantado por el Gobierno en base a un acuerdo que firmó con UGT y CC OO.

Suatea, sindicato mayoritario en el gremio de la enseñanza de Asturias, critica la situación apelando a la «paradoja de que no tengamos una mesa en la que hablar de nuestros problemas aquí, en Asturias, y sí podamos hacerlo ante el Ministerio, gracias a nuestra federación».

Los sindicatos mayoritarios tienen otra óptica de la situación. «Lo curioso del asunto es que se pongan escrupulosísimos con los acuerdos que firmamos y luego no acepten con el mismo celo las leyes que dicen que no tienen representación suficiente para estar en la mesa general», alega Luis Ángel Ardura, representante del sindicato de la enseñanza de la UGT.

Sea como fuere, el Principado presentará su iniciativa bajo la atenta mirada de quienes sospechan de ella y están dispuestos de nuevo a impugnarla. Por ello se espera que la «solución legal» esté diseñada, esta vez, a prueba de denuncias. Los representantes laborales sospechan que la fórmula escogida para mantener los pluses en las nóminas será modificar la actual Ley de Función Pública del Principado. «Es que, si hay voluntad política de arreglar las cosas, basta con introducir en ella un párrafo que justifique los complementos y aprobarlo de manera urgente en la Junta», planteó hace unos días Manuel Nieto ’Lito’, de CC OO.