La Consejería de Bienestar Social y Vivienda lo establece en una resolución publicada ayer por el Boletín Oficial del Principado (BOPA)

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Asturias

Los geriátricos tendrán que incrementar un 60% sus plantillas antes de finales de 2011

CHELO TUYA, GIJÓN, para El Comercio

Bienestar Social les obliga a tener casi 5 empleados por cada 10 dependientes si quieren ser centros acreditados

Los empresarios recurrirán la medida en los juzgados y CC OO considera que «pondrá fin a los chiringuitos»

Los geriátricos asturianos tendrán que aumentar sus plantillas un 60% antes del 1 de diciembre de 2011. Es decir, tendrán que pasar de contar con tres empleados por cada 10 residentes a casi cinco si los usuarios tienen la valoración más alta de dependencia: el grado III, nivel 2. Si no lo hacen, no podrán contar entre sus huéspedes con personas que cobren ayudas con cargo a la Ley de la Dependencia.

Así lo indica la Consejería de Bienestar Social y Vivienda que acaba de aprobar una resolución, publicada ayer por el Boletín Oficial del Principado (BOPA), en la que marca los requisitos que deben cumplir los geriátricos, los centros de día y los dispositivos para personas con discapacidad para ser considerados 'centros acreditados'. Por marcar, el Principado marca además que el 70% de la plantilla tiene que ser indefinida, que la intimidad del usuario está por encima de todo y regula, incluso, las veces que deben cambiarse las toallas (una vez al día), las servilletas (cada vez que se usen) o de qué tonos deben pintarse los centros (en colores diferentes para paredes y techos).

El que no cumpla las normas diseñadas por el Gobierno regional no sólo no podrá contar con residentes que cobren de la Ley de la Dependencia, sino que tampoco podrán convertirse en centros concertados ni recibir subvenciones regionales. Es decir, la empresa que no tenga en su puerta el distintivo de 'centro acreditado' tendrá que sobrevivir con sus propios recursos, ya que no recibirá ningún dinero de las arcas públicas.

Piden más dinero

La publicación de la resolución levantó ayer ampollas entre los empresarios, que ya habían mostrado su posición contraria al Principado presentando alegaciones al borrador. Así, desde la Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema) su presidenta, Ana Gil, anunció que «recurriremos judicialmente esta resolución», porque los ratios de trabajadores «son altísimos. Ya lo habíamos dicho en las alegaciones y seguimos diciéndolo ahora».

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo serán el escenario del debate entre empresarios y Administración toda vez que «vemos que no ha servido para nada lo que habíamos hablado». Y es que Ana Gil afirma que todos sus socios «respetan y apoyan que exista una acreditación, que haya normas e, incluso, que se cree más empleo, pero lo que no se puede es hacerlo sin una contraprestación económica».

Porque, que el precio público quede fijado en 1.229 euros para concertar una plaza, pero que el empleo deba incrementarse un 60% es lo que sigue sin cuadrar a los empresarios. Ana Gil comparte la opinión planteada por su compañero José Ramón Carreño en EL COMERCIO en la que pedían que «al menos, el coste oscile entre los 1.800 y los 2.000 euros».

En esa línea se manifestó, también, la presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, Teresa Rodríguez, quien explicó que «lo que debe hacer el Principado es dejar de repartir pagas para el cuidador familiar y subvencionar el uso de residencias, ya que con esa política está vaciando los centros de día y arruinando a las residencias».

Lo primero, la calidad

Sin embargo, Bienestar Social encontró ayer apoyo a la propuesta en los usuarios -ya que la resolución tiene el visto bueno del Consejo Asesor de Bienestar- y en los sindicatos. Para Ignacio Quintana, secretario de Política Social de CC OO la resolución «pondrá fin a los chiringuitos», puesto que «la calidad llega de la mano de mayor contratación».

En la misma línea se manifestó ayer la propia consejería, que defendió su propuesta como «la mejor para el usuario», porque lo que prima «es la calidad y la atención a los mayores y a las personas con dependencia». Según fuentes oficiales, «las críticas llegan de quien ve la atención sólo como algo que genera rentabilidad».