Que determinadas políticas tengan que ser comunes a las 17 autonomías, no significa caer en tentaciones centralistas

La descentralización sanitaria dificulta la solución a la crisis del sector en Asturias

Dirigentes socialistas y expertos coinciden en que será necesario establecer un modelo estatal para adoptar medidas que hagan sostenible el sistema

Oviedo / Colunga, Bárbara MORÁN / J. E. M., para La Nueva España

La división del sector sanitario público en diecisiete sistemas autonómicos constituye un escollo más a la hora de buscar una solución a crisis como la que vive actualmente el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Varios dirigentes del PSOE coinciden al señalar que la adopción de cualquier solución debe abordarse de forma centralizada y reconocen que un sistema sanitario divido en diecisiete administraciones no es operativo para tomar decisiones del calado de la actual: buscar fórmulas que aseguren la sostenibilidad del sistema de salud. Algunos dirigentes socialistas incluso van más allá y apuntan que «la gestión de la pandemia de la gripe A es otro problema que revela las carencias de un sistema excesivamente descentralizado».

No es sólo en el PSOE donde se pone de relieve la situación, fuentes sanitarias y especialistas en gestión pública destacan también la falta de operatividad del sistema autonómico. En el caso de la gripe A, varias comunidades han llegado incluso a proponer un sistema de decisión que conllevaría que cada autonomía cediera cierto grado de poder decisivo que podría ir a parar al Ministerio de Sanidad o bien a una mesa interterritorial en la que estarían presentes todas las regiones. El problema podría surgir luego, según fuentes de la Administración, del voto que tuviera cada territorio: obviamente, no parece probable que las comunidades más pobladas y poderosas aceptaran tener el mismo peso que las menos pobladas. «Son las complejidades que tiene gestionar un modelo de Estado prácticamente inédito en Europa», afirman varios expertos.

Una de las que ha asegurado en varias ocasiones que cualquier cambio en el modelo de financiación de la sanidad asturiana debe ser estudiado de forma global en todo el Estado español es la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, que ayer salió al paso de las opiniones del presidente de la patronal asturiana, Severino García Vigón, y de varios líderes políticos y vecinales de las Cuencas y el Occidente, para negar «categóricamente» en Lastres, Colunga, que el Principado esté valorando cualquier tipo de cierre de hospitales en Asturias. El Principado ya había lanzado hace días esta opinión, recogida en estas mismas páginas, y ayer subrayó otras transmitidas, también a través de LA NUEVA ESPAÑA, por el Ministerio de Sanidad y la dirección del PSOE asturiano, diciendo: que una reforma sanitaria en Asturias no supondrá más «cargas al ciudadano».

«Ni sobran hospitales ni el Principado tiene previsto el cierre de ningún centro sanitario. Niego categóricamente cualquiera de estas posibilidades», señaló Migoya.

La portavoz del Ejecutivo dijo que lo que «sí quiere el Gobierno regional es poner en marcha y estudiar medidas que hagan que se racionalice el gasto, que se optimicen los recursos, porque estamos en un momento de dificultades». «La reforma busca optimizar recursos y ser más eficientes con el gasto, pero no cargar más al ciudadano ni penalizaciones», zanjó.