Claves para preservar el sistema sanitario

Cuando lo que está en juego afecta a la caja, y en ella hay poco dinero, de poco valen los trucos contables

En la tercera de las cuatro entregas que componen su análisis del sistema sanitario regional, Juan Luis Rodríguez-Vigil expone algunas medidas que podrían hacer sostenible la sanidad pública

 

JUAN LUIS RODRÍGUEZ-VIGIL EX PRESIDENTE DEL PRINCIPADO Si aquí y ahora no se pueden imponer copagos, si no se van a cerrar hospitales, y si esta cayendo como cae, en casos a plomo, la recaudación de la mayor parte de los impuestos autonómicos exclusivos, sobre todo actos jurídicos documentados, y sucesiones, (este último por domiciliación en Madrid de las grandes fortunas asturianas desde que Esperanza Aguirre, con el aplauso de Tomás Gómez, ha eliminado tal impuesto), y también la aportación de los tributos estatales participados (IVA, IRPF, e hidrocarburos). ¿Qué es lo que se puede hacer?

 

Aunque se modere el crecimiento de los principales capítulos del gasto sanitario regional, (personal, farmacia, hostelería y tecnología), estos van a seguir creciendo más que el PIB por muchos esfuerzos que se hagan, como la experiencia demuestra. Nada indica, por otro lado, que la solución consista en endeudarse más y más para pagar no gastos de inversión, sino gastos corrientes en nóminas y suministros sanitarios, y menos aún cuando lo más probable es que la recuperación de la recaudación fiscal se retrasará bastante, y seguramente cuando lo haga difícilmente llegará el Principado a ingresar cantidades como las de los años del «boom» inmobiliario.

 

Las opciones son variadas. Se puede no hacer nada y esperar a ver qué pasa. Es seguramente la opción más fácil y la que mas tranquilizaría a quienes se agarran a un statu quo que otros tendrían que garantizar sea como sea, no importando cómo, ni con qué, y si ese otro es Madrid, mejor. Pero en el momento político e institucional actual, recién culminada la negociación de la financiación autonómica y en medio del proceso de reformas de los estatutos de autonomía, no me parece que sea una posición realista, ni prudente. Cuando lo que está en juego afecta a la caja, y en ella hay poco dinero, de poco valen los trucos contables, y las grandes declaraciones. En definitiva, esa opción obliga necesariamente a hacer de inmediato relación de las obras públicas, (carreteras, saneamientos, edificios etc.) subvenciones o servicios de otra naturaleza (cultural, turística, educativa, de cooperación con los ayuntamientos, etc.) que la Administración regional tendrá de eliminar cada año de su programa presupuestario.

 

Otra opción posible es aumentar el tipo de alguno de los impuestos propios: ¿sobre la venta minorista de hidrocarburos?, ¿juego? o sobre el tramo autonómico del IVA, IRPF y de los impuestos especiales.

 

La verdad es que para solventar financieramente el problema dejando las cosas como están, habría que incrementar notablemente los tipos de esos tributos. No bastaría con pequeñas subidas. Y eso genera bastantes problemas, como demuestra lo ocurrido cuando hace un par de años se subió el impuesto sobre los hidrocarburos. Por otro lado, no es descartable una subida de los tipos nacionales del IVA y del IRPF, y eso complicaría mucho un posible incremento regional de dichos tributos. En todo caso, todo el mundo sabe que en el ámbito autonómico subir impuestos en solitario es muy difícil, aunque haya sido muy fácil bajarlos.

 

Otra alternativa podría consistir en provocar un debate sobre la situación financiera de la sanidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a ver si de allí se sacan nuevos recursos del Estado. Pero ese debate ha tenido lugar ya en la recientísima negociación sobre a la financiación autonómica y, en principio, en el mismo se estableció la garantía de suficiencia para la financiación de los servicios públicos considerados esenciales, dentro de los cuales el sanitario tiene especial relevancia. Y como no existe financiación sanitaria condicionada, cada región hace de su capa un sayo, por lo que es más que dudoso que el Consejo pueda tratar esas cuestiones precisamente ahora. Otra cosa es que en el seno del Consejo Interterritorial se traten, y se solventen, otros aspectos problemáticos de la sanidad pública, como los referidos a la información, a la estadística sanitaria, al personal, a la ordenación sanitaria nacional, al mercado farmacéutico, etc., que obviamente inciden en los costos sanitarios y que, dejados como estaban de la mano, amenazan a la propia existencia del sistema.

 

Seguramente lo más operativo es huir de decisiones precipitadas y de declaraciones grandilocuentes. La cara positiva de la crisis económica es que obliga a romper rutinas, aguzar la imaginación y el ingenio, además de imponer la rebaja o la reducción de los michelines. Por eso me parece que lo más realista sería centrarse en las cuestiones que se pueden resolver por decisión exclusiva de nuestros responsables políticos. Esto es, los asuntos de índole organizativa y funcional. Ambos tienen una importantísima carga económica.

 

Sería oportuno y factible pedir opinión sobre esos temas a expertos independientes y con prestigio contrastado por su conocimiento de tales asuntos discutir con ellos con amplitud y lealtad las posibles medidas a tomar y, si las propuestas que se pongan sobre la mesa resultan posibles y convincentes en orden a garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario regional, actuar con decisión, sin mengua de la búsqueda del mayor consenso político y social posible, asumiendo, en todo caso, los riesgos que de suyo tiene entre nosotros cambiar algo, aunque sea para mejorarlo.

 

Los mejores expertos nacionales en los distintos temas que afectan a la financiación y a la organización territorial y funcional de los servicios sanitarios han estado recientemente en Oviedo participando en el Foro sobre la sanidad pública asturiana que a lo largo de varios meses ha organizado el RIDEA con el concurso de Cajastur.

 

Salvo honrosas excepciones, en las intervenciones de esos expertos ha resultado llamativa la ausencia de algunos de los políticos asturianos que se dedican principalmente al ámbito sanitario. En todo caso, a partir del próximo mes de septiembre se van a publicar esos trabajos, de forma que podrán ser consultados y manejados fácilmente. La mayor parte de esos expertos aceptaría cooperar con los políticos asturianos, con independencia de su color partidario, para analizar a fondo y con sentido práctico la situación económica y funcional de la sanidad asturiana, haciéndoles propuestas operativas de solución, si se lo pidieran.

 

Las cuestiones organizativas y funcionales más relevantes para la economía de la sanidad asturiana son las que se refieren al mapa sanitario y a la específica organización y funcionamiento de los servicios asistenciales (hospitales y centros de salud).

 

El mapa sanitario no es un simple diseño gráfico. En él se definen las dependencias y relaciones funcionales entre los distintos centros y servicios asistenciales asturianos, lo que determina la estructura orgánica de la organización sanitaria, así como las fórmulas de trabajo de la misma, las inversiones y los flujos de los pacientes etc., cuestiones todas que, además de tener íntima y relevante conexión con los costes de la sanidad, afectan a los intereses y expectativas de quienes trabajan por y para el servicio público sanitario, así como de los ciudadanos que precisan de sus servicios. Por supuesto, sus determinaciones resultan del máximo interés para las fuerzas vivas políticas y económicas de cada territorio.

 

El mapa sanitario vigente, que es el que yo hice en el año 1984, ha cumplido sobradamente su papel, habiendo sido durante mucho tiempo un instrumento muy válido de política regional. Sin embargo, ahora ya no puede calificarse sino de obsoleto e inadecuado, por lo que su mantenimiento es causa de sobrecostes sanitarios importantes, y en muchas casos innecesarios. Por dar un ejemplo que todo el mundo puede entender: la ordenación y la dimensión de los servicios de pediatría y tocología en comarcas donde ahora nacen muy pocos niños y donde se han reducido enormemente los partos respecto de los existentes en 1984, no puede ser, como es, la de aquel tiempo. En ese caso, y concretamente en las áreas de Mieres y Langreo, la lógica económica indicaría ahora, tras la apertura del túnel bajo San Emiliano, que se podrían agrupar las maternidades y los servicios pediátricos. Algo que en nada afectaría a su calidad asistencial y que sin embargo ahorraría mucho dinero. Como ese, existen multitud de ejemplos en casi todas las áreas de la acción sanitaria, sobremanera en aquellas que han experimentado un mayor cambio tecnológico, y que sería relativamente fácil desgranar comprobándose efectivamente, caso a caso, que su reordenación no implica nunca reducción alguna de las prestaciones sanitarias, ni de su calidad, y que nunca serían los pacientes los perjudicados.

 

El hecho de que un porcentaje mayoritario de las plantillas de los hospitales comarcales más alejados del centro de la región vivan en torno a Gijón u Oviedo implica que deben de realizar trayectos de más de cien kilómetros diarios, algo que revela lo artificioso e irreal que resulta caracterizar tales hospitales como centros aislados y cerrados, una consideración que venía exigida por su ubicación en zonas alejadas y mal comunicadas a las que había que dar una atención integral, algo que las nuevas autopistas y carreteras han cambiado radicalmente.

 

Una reforma a fondo del mapa sanitario debe partir de la idea de escasez de los medios disponibles y de la aplicación del máximo rigor técnico, y sólo puede hacerse si se logra, y no creo que en la situación actual sea difícil hacerlo, una amplia colaboración de los estratos de la sociedad asturiana más afectados: las corporaciones profesional sanitarias, las sociedades científicas médicas, los agentes sociales y las corporaciones municipales.

 

Un nuevo mapa permitiría suprimir estructuras administrativas desfasadas, agrupando áreas sanitarias y conectando hospitales entre sí para dar un mejor, más eficaz y más barato servicio. También facilitaría ordenar los recursos del área central de Asturias, que desde el punto de vista de las distancias horarias no es sino ya una sola agrupación urbana, que debería disponer de sus servicios sanitarios en conjunto, como en conjunto lo hacen los ciudadanos que compran en Mieres, viven en Oviedo y se divierten en Gijón.