Y los sindicatos ¿qué decimos ante esto? supongo que apoyamos a la Consejería ¿o no?

Los geriátricos denuncian al Principado

CHELO TUYA | GIJÓN, pasa El Comercio

 

Llevan al juzgado la resolución que les obliga a ampliar plantilla para poder acreditarse como centro oficial

Bienestar Social considera «minoritarias» las críticas y defiende que la acreditación «garantiza calidad»

 

Los geriátricos llevan al Principado a los tribunales. Las negociaciones previas y posteriores a la resolución con la que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda marca las condiciones que deben cumplir las residencias geriátricas asturianas para recibir la acreditación oficial no han llegado a buen puerto. A pesar de que la norma entrará en vigor el 7 de diciembre próximo, una de las principales entidades del sector, la Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema) ha decido llevar la decisión del Principado a juicio.

Firmado por el abogado Raúl Bocanegra, al que la asociación ha contratado, los tribunales de lo contencioso-administrativo deberán dirimir si, como dicen los empresarios aglutinados en Asacesema, la resolución aprobada por Bienestar Social «es de dudosa legalidad», ya que no sólo «apenas han tenido en cuenta las alegaciones de la patronal», sino que «se trata de reformar un decreto con una resolución, que es un elemento jurídico de menor rango».

Pero la pelea no estriba en el barniz jurídico de la norma, sino en que ésta obliga a incrementar contratación, hasta un 60%, a aquellos centros que presten atención a las personas con el máximo grado de dependencia. Esto es, el principal cliente de las residencias geriátricas. En la norma se marca que, para este usuario, es necesario una ratio de casi 5 trabajadores por cada 10 residentes, muy por encima de la actual, que marca 3 empleados.

Según explicaron a EL COMERCIO fuentes de Asacesema, «no estamos en contra de incrementar plantilla, ya que entendemos que cuanta más, mejor, y nosotros buscamos, como la consejería, la mayor calidad», sino que creen que «el Principado se limita a subir plantillas, pero no las tarifas».

Y es que, desde la entrada en vigor de la acreditación, los centros que tienen clientes de mayor grado de dependencia tendrán que tener más plantillas y servicios, pero cobrarán lo mismo por la plaza que uno que sólo albergue a personas independientes: 1.229 euros.

Asamblea en Oviedo

Para dar cuenta del recurso firmado por Bocanegra y de los entresijos de la nueva norma, Asacesema ha convocado para hoy, a las 18 horas, a todos los empresarios asturianos a una reunión en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, «para que conozcan los requisitos impuestos por el Principado», la única comunidad «que ha hecho algo parecido, ya que en el resto del país no se ha hecho nada parecido».

A la cita no acudirán representantes de las otras dos patronales del sector, la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad (Aarte) y la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), hecho en el que se apoya el Principado para calificar de «minoritarias» las críticas realizadas a la nueva acreditación.

Así lo explicó el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, quien lamentó «profundamente la postura de esta minoría», en relación al contencioso planteado por Asacesema, ya que cree que «la acreditación de centros, recogida en la propia Ley de la Dependencia, es un instrumento eficaz para garantizar la calidad de los servicios que las empresas privadas prestan en Asturias y que tienen financiación pública, bien sea por la vía de la dependencia o de conciertos con esta Consejería».

En su opinión, el objetivo principal de la resolución cuestionada es «garantizar la calidad» y entiende que «aumentar la calidad repercute, directamente, en los beneficios de algunos empresarios, pero e interés principal de esta Consejería son las personas, no asegurar un mayor margen de beneficio a las empresas privadas».