«El diseño de la carrera» en cinco tramos y 29 años, es «distinta a las acordadas hasta ahora» y sobre todo a la de la sanidad -de 20 años-.

Los sindicatos rechazan las leyes del Principado sobre la carrera profesional

Las críticas se centran en la exigencia de un plan de evaluación para los docentes y la «discriminación» de quienes no están cobrando los pluses

La Nueva España. Oviedo, Marcos PALICIO

Los borradores de las leyes con las que el Principado pretende dar cobertura legal a la carrera profesional de sus funcionarios han tropezado contra las primeras reacciones adversas nada más llegar a las manos de los sindicatos. Llueven las críticas antes de que los dos textos, uno para regularizar los complementos retributivos de los docentes no universitarios y otro para los del resto de empleados públicos, sean sometidos a negociación entre la Administración y las fuerzas sindicales en la mesa general, convocada para el próximo martes. La carrera, que afecta a 19.000 funcionarios, le ha supuesto al Gobierno un desembolso de 21 millones de euros al año desde 2007.

Los docentes concentran sus críticas en que se excluya a los trabajadores que no firmaron su adhesión al modelo de carrera que tumbó en junio el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) -los que no están cobrando los pluses-, así como en el mantenimiento de la exigencia de un plan de evaluación para que sea efectivo el cobro. La federación de enseñanza de Comisiones Obreras afirma en un comunicado que el proyecto de ley de reconocimiento de la función docente es «impresentable discriminatorio» y «no resuelve ninguna de las expectativas del profesorado: no asegura el cobro de quienes firmaron la carrera y castiga a quienes no firmaron». Por un lado, afirman, los que se adhirieron y están cobrando «quedan vinculados a la superación de los correspondientes y desconocidos planes de evaluación para no tener que devolver» el dinero. Por otro, los que no firmaron o no accedieron por no cumplir el requisito de antigüedad de cinco años «necesitan adherirse voluntariamente a un sistema de evaluación pendiente de regulación y superarlo para que sea efectivo el cobro».

 

SUATEA va más allá por el mismo camino y afirma que con el borrador el Principado «insiste en sus graves irregularidades» con una actitud que «huele a prevaricación». Exige la retirada del proyecto por insistir «en el polémico y dudosamente legal plan de evaluación y en mantener unas discriminatorias retribuciones pagadas sobre la base de un decreto nulo -por la sentencia del TSJA- sin extender ese pago a todos». Gumersindo Rodríguez, del sindicato ANPE, considera que es «pronto para sacar conclusiones» y que hacerlo antes de negociar sería «precipitado», pero adelanta que «el documento actual nos parece insuficiente». Daniel Rodríguez, secretario general de la federación de enseñanza de UGT, prefiere la cautela ante un «primer borrador sujeto a negociación y a cambios sobre el que habrá mucho que discutir».

 

Sus compañeros de la Federación de Servicios Públicos de UGT rebaten más abiertamente el borrador del otro texto, el que regula la situación retributiva del resto de empleados públicos, modificando la ley de Función Pública de 1985. El secretario de Acción Sindical, Luis Ángel Ardura, da una opinión «inicialmente negativa» por varios motivos. No le sirve «el diseño de la carrera» en cinco tramos y 29 años, porque es «distinta a las acordadas hasta ahora» y sobre todo a la de la sanidad -de 20 años.

 

Además, apunta, en el texto propuesto por el Principado «no se hace mención alguna a ningún plan transitorio para la gente que ahora cumple los requisitos para acceder a la carrera y no lo hacía en el momento en el que se puso en marcha». Tampoco está de acuerdo con que el Consejo de Gobierno se arrogue la potestad de valorar y regular cada uno de los tramos en los que se distribuye la carrera y se sitúa así ante «un borrador que tendremos que negociar».