Unanimidad sindical en el rechazo a los borradores ...

Los pagos a los empleados públicos
La carrera profesional, contra la misma piedra

Los funcionarios dicen que el Principado repite en su propuesta de solución los errores que causaron la anulación de los complementos

Oviedo, Marcos PALICIO, para La Nueva España
La carrera profesional de los funcionarios del Principado avanza por un largo y tortuoso camino en el que rige el principio de acción y reacción. A cada movimiento de la Administración sigue invariablemente el descontento de los sindicatos, la misma piedra en el recorrido. En el último capítulo, la discrepancia de las fuerzas sindicales apenas tiene fisuras al discrepar de los textos con los que el Principado pretende hacer caso al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y dar cobertura legal al pago de los complementos retributivos asociados a la carrera. Esos borradores, sobre los que la Consejería de Administraciones Públicas asume de entrada «un margen para la negociación», serán sometidos el martes a la valoración de los sindicatos representados en las mesas de discusión, pero la primera valoración de las organizaciones que se han pronunciado esta semana ya se adelanta contraria a los planteamientos del Principado.

Hay argumentos en contra de los dos textos, tanto del que regula los complementos retributivos de los docentes no universitarios como del que trata de arreglar las cantidades que cobrará el resto de empleados públicos del Principado, excluidos los de la Sanidad, a cambio de superar los requisitos establecidos en los diferentes tramos de su promoción profesional. El Gobierno regional, dicen los sindicatos, repite con ellos, y sobre todo con el de los profesores, «los mismos errores» que desembocaron en la resolución del TSJA que anuló en junio el desarrollo de la carrera efectuado por el Principado. «Para resolver una chapuza pretenden hacer otra», afirma Marco García, responsable de Administración autonómica en la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), el sindicato que presentó el recurso que dio lugar a la sentencia.

Las críticas a la ley de Reconocimiento de la Función Docente parten de que no da cobertura a todos y mantiene las diferencias entre los trabajadores que se adhirieron y están cobrando los pluses y los que no firmaron en su día la incorporación al modelo de carrera profesional que planteó el Principado. De este modo, pone de manifiesto Lucas Álvarez, del sindicato CSIF, la Administración «se salta lo que decía la sentencia con clara voluntad de excluir a algunos» y no da respuesta, denuncia también CC OO, ni a las demandas de unos ni a las de otros. La mención en el proyecto de un plan de evaluación del profesorado a cuya superación se supedita el cobro de pluses sin precisar si su contenido concreto es otro de los tropiezos repetidos que atisban los sindicatos y que SUATEA califica de «dudosamente legal».

Sobre la ley que regulará al resto de los funcionarios, únicamente ha querido pronunciarse, y también negativamente, la Federación de Servicios Públicos de UGT. Aquí, las críticas muestran el desacuerdo con la duración de la carrera, en cinco tramos que comprenden 29 años o con que el texto deje en manos del Consejo de Gobierno la decisión sobre los métodos de promoción interna y las cantidades que se perciben en cada tramo.

Los planes de evaluación. El texto de la ley de Reconocimiento de la Función Docente liga los incentivos salariales de cada tramo de la carrera a la superación de unos planes de evaluación del profesorado. ¿Por qué? Porque los considera la Ley Orgánica de Educación (LOE), dice el texto. El proyecto de ley del Principado, que pretende dar una solución a los profesores a la espera de que se apruebe el Estatuto Básico del Personal Docente -que depende del Ministerio y no tiene plazos-, afirma expresamente que, según la LOE, «con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las administraciones educativas establecerán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado». Los sindicatos critican que se supedite el cobro de los pluses a una evaluación cuyo contenido no se detalla exactamente y cuyo desarrollo queda en manos de la Administración. El borrador de la ley detalla que «contemplarán, entre otros aspectos, el absentismo, la función tutorial, la participación en proyectos conjuntos de mejora o de experimentación en actividades complementarias, la mayor dedicación, el desempeño de cargos directivos o la participación del personal docente en la consecución de objetivos colectivos del centro de trabajo». Estos planes, concluye, «determinarán las anualidades de su vigencia y los incentivos económicos vinculados a su evaluación positiva».

«No les va a dar tiempo». Para regular los planes de evaluación, continúa la ley, «se contará con la participación del profesorado, de la comunidad educativa». A juicio de Lucas Álvarez, si se quiere que la norma entre en vigor el 1 de enero «no les va a dar tiempo» a contar con esas consultas.

«Al servicio de quien manda». Según CSI, hay una clara intencionalidad detrás de los planes. «Te evaluamos según nos convenga», dice García que piensa el Gobierno.

La exclusión de no firmantes e interinos. La Administración, según la ley, pagará los complementos retributivos, ya no como incentivos asociados a la carrera profesional, sino con la forma de «anticipos de los incentivos económicos vinculados a la evaluación positiva derivada de los planes de evaluación de la función docente». Del cobro, denuncian los sindicatos, siguen excluidos aquellos funcionarios que en su día no firmaron voluntariamente su adhesión a la carrera o no cumplían los requisitos de acceso -unos 5.000 de los 19.000 afectados-, advirtiendo de que en su día el TSJA anuló precisamente la exigencia este procedimiento de adhesión. «Volvemos a lo mismo», afirma Álvarez.

El riesgo de devolver o el peligro de no cobrar. CC OO resume así la situación con el nuevo proyecto: «Los que firmaron quedan vinculados a la superación de los desconocidos planes de evaluación para no tener que devolver» el dinero y quienes no firmaron necesitan, para empezar a cobrar, «esperar a que entre en vigor la ley, adherirse voluntariamente a un sistema de evaluación pendiente de regulación y superarlo». Mientras tanto, sigue el sindicato, «seguirán haciendo el mismo trabajo que quienes siguen cobrando en virtud de un procedimiento anulado». En la práctica, a su juicio, la ley supone «la imposición de un plan de evaluación (quien no lo acepte, tendrá que devolver), ya que no establece ninguna de las medidas de apoyo al profesorado incluidas en la LOE, como la reducción de jornada lectiva a mayores de 55 años, los incentivos a la función tutorial o el desarrollo de licencias retribuidas».

La duración de la carrera. Con respecto al otro proyecto de ley, el que regula a los funcionarios no docentes y que modifica la ley de Función Pública de 1985, UGT empieza las críticas por el propio diseño de la carrera, con cinco tramos que duran en total 29 años y que no equiparan a estos funcionarios con los de sanidad, que tienen su propia carrera con cuatro tramos y veinte años para llegar a la retribución máxima. Luis Ángel Ardura, secretario de Acción Sindical de UGT, no entiende que se establezcan al menos «tres diseños de carrera profesional diferentes, la de la sanidad, la de los docentes y la del resto de personal».

El plan transitorio. El texto no hace mención, según Ardura, al modo de proceder con «los funcionarios que ya cumplen los requisitos para acceder a uno de los tramos de la carrera» o con los que no los cumplían en el momento de su puesta en marcha y sí los tienen ahora.

Los métodos de promoción interna. Según el anteproyecto de ley, sigue el líder sindical, el Consejo de Gobierno se reserva la potestad de «valorar cada tramo» de la carrera y de imponer los sistemas de evaluación de desempeño, el método por el que se van a formalizar los requisitos para el paso de unos niveles a otros de la carrera. «No estamos de acuerdo», aduce, «porque el Estatuto Básico del Empleado Público recoge que todo esto debe ser materia sujeta a negociación».

Ley de la función docente Mantiene los pagos a los funcionarios que se adhirieron a la carrera profesional, excluyendo de entrada a los que no firmaron o a los interinos, entre otros.

Liga los pluses a la aceptación y superación de planes de evaluación cuyo contenido, según los sindicatos, se desconoce.

No recoge las medidas de apoyo al profesorado que establece la LOE.

Para el resto de funcionarios Se diseña en cinco tramos que suman 29 años, a diferencia de la carrera sanitaria, de cuatro tramos y 20 años.

No incluye un plan transitorio que detalle qué hacer con los funcionarios que ya cumplen los requisitos de acceso a uno de los tramos de la carrera.

El Gobierno regional se arroga la potestad de imponer los métodos de promoción interna, que, según los sindicatos, deberían ser negociados.