Vivimos una ola, en Europa, en España y en el mundo, de presión sobre los servicios sanitarios para que introduzcan criterios de mercado en la provisión de los servicios sanitarios

Derecho a la salud y al Sistema Sanitario Público

* Marciano Sánchez Bayle
La experiencia señala que el mercado, dejado a su arbitrio, tiene serias limitaciones para abordar con solvencia la relaciones económicas y financieras, como ha demostrado la presente crisis mundial, y todavía más cuando se trata de proveer servicios públicos esenciales.

NUEVATRIBUNA.ES

El derecho a la salud es una conquista de los movimientos sociales. Reconocer la salud, realmente la protección de la salud, como un derecho universal, de todas las personas, ha sido un avance fundamental.

En Europa, en España, tenemos la idea de que se trata de un hecho ya conquistado y que parece increíble que sea una característica diferencial de algunos, pocos, países del mundo. Sin embargo, el derecho a la protección de la salud no está reconocido en la mayoría de los países del mundo, donde depende de la situación económica y social la capacidad para poder tener atención medica o simplemente tener acceso a los medicamentos que se precisan. El ejemplo de EEUU, que ahora está en los medios es esclarecedor. El país del mundo que mas dinero dedica a la sanidad, en cantidad global, en porcentaje sobre el PIB y en $ per capita , tiene una cobertura reducida, de manera que casi un 15% de la población no tiene acceso a la sanidad y otro porcentaje similar tiene un acceso limitado, con unas prestaciones que por ejemplo no incluyen un transplante de médula ósea, un transplante renal o determinados medicamentos para el cáncer. Y todo ello pese a que su gasto sanitario público es 400$ per cápita, mayor que el gasto sanitario total (incluyendo el público y el privado) per cápita de España

¿Por qué sucede esto?. Básicamente porque en esos países la salud, la atención sanitaria, se considera una mercancía, por lo tanto sujeta a los vaivenes del mercado, y no un derecho de las personas.

Desgraciadamente vivimos una ola, en Europa, en España y en el mundo, de presión sobre los servicios sanitarios para que introduzcan criterios de mercado en la provisión de los servicios sanitarios. Esta presión a veces es sutil (separar financiación de provisión, introducir mecanismos de gestión privada en los centros públicos), y a veces descarnada: la privatización pura y dura de los servicios sanitarios, de lo que tenemos un buen ejemplo en la comunidad de Madrid. Pero unos mecanismos y otros avanzan en el mismos sentido: colocar los intereses del mercado, de la rentabilidad económica por encima de la resolución de los problemas de salud de la población, disminuyendo la calidad de las prestaciones y favoreciendo la atención de los enfermos que se consideran rentables (generalmente los menos graves) por encima de los que tienen problemas más complejos y que no encajan en esos criterios de búsqueda de buenas “cuentas de resultados” de las empresas.

La experiencia señala que el mercado, dejado a su arbitrio, tiene serias limitaciones para abordar con solvencia la relaciones económicas y financieras, como ha demostrado la presente crisis mundial, y todavía más cuando se trata de proveer servicios públicos esenciales. Por ello entendemos que el derecho a la salud, que debe consolidarse como un derecho humano fundamental, precisa para su consecución de una potente red sanitaria de provisión y gestión pública, y que los avances privatizadores acaban cuestionado el propio derecho de las personas a una atención sanitaria de calidad.

Por eso debe avanzarse en un doble sentido:

1. Reconocimiento del derecho a la salud como un derecho básico, incorporándolo en todos los tratados y acuerdos internacionales. Aunque es evidente que sus efectos no serán inmediatos, el solo hecho de que se reconozca el derecho como tal irá progresivamente obligando a los organismos internacionales a favorecer su desarrollo. En este aspecto son fundamentales cuestiones como la universalización del derecho a la atención sanitaria y la eliminación de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios (copagos, tickets moderadores,etc).

2. Potenciar y desarrollar potentes servicios públicos de salud que permitan asegurar una atención sanitaria de calidad a toda la población, y que desde la óptica del servicio público antepongan la calidad del servicio a los intereses económicos.

Evidentemente se trata de esfuerzos que deben plantearse con distinta intensidad en unos u otros países y que deben entroncarse en un planteamiento de salida de la crisis que refuerce los derechos sociales de la humanidad, porque ahora más que nunca otra globalización es posible y necesaria.

Marciano Sánchez Bayle - Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.