Todo continúa mas o menos como estaba ...

La carrera profesional repite obstáculos

Los planes del Principado para legalizar los pluses de los funcionarios reciben críticas similares a las que llevaron el modelo inicial a los tribunales

La Nueva España. Oviedo, Marcos PALICIO

Esta carrera sigue siendo de obstáculos.

La negociación del Principado con los sindicatos para dar un sustento legal a la carrera profesional de sus funcionarios tendrá que pasar por encima de viejos impedimentos conocidos.

Después de dos reuniones de la mesa general y de otras tantas de la sectorial de educación, avanza la primera y se para la segunda. Se sienten optimistas los mismos sindicatos que asintieron al modelo anterior y se oponen los que lo criticaban por razones en algún caso similares a las que llevaron la carrera profesional a los tribunales.

La innovación de esta semana es el visto bueno del Principado a la apertura de un nuevo proceso de incorporación para todos los funcionarios que no cobran los pluses pese a cumplir las condiciones de acceso, bien porque en su día decidieron no firmar su adhesión o bien porque entonces no cumplían el requisito de antigüedad -cinco años- y ahora ya sí. Dicho en dinero, se trata de gastar seis millones de euros más al año -la carrera cuesta ahora unos 22- para pagar a unos 2.200 empleados más -14.000 ya perciben los pluses desde 2007-. Pero la oferta ha devuelto las posiciones, o las oposiciones, a un lugar similar a aquél en el que quedaron a raíz de la parálisis provocada por la sentencia anulatoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), antes de estas tentativas del Principado de dotar a la escala salarial de los funcionarios de la cobertura legal que le exige la resolución. Se ven cerca del acuerdo los mismos sindicatos que en su día aceptaron el modelo de carrera de la Administración y se enrocan los que entonces se oponían, los que presentaron el recurso contra la carrera y, sobre todo, algunos del ámbito de la educación.

La mesa general, donde negocian UGT, CC OO y el sanitario CEMSATSE -los que firmaron el acuerdo que convocó la carrera y que fue impugnado por otras fuerzas sindicales-, detecta avances al analizar la última oferta del Principado para legalizar los pagos a los funcionarios no docentes. En ese ámbito, la oferta de extender la carrera a los que no cobran ha relajado las primeras críticas. CC OO y UGT coinciden en que la negociación ha progresado, aunque le queden flecos. Siguen sin aceptar, en concreto, que la carrera se organice en cinco tramos con una duración de 29 años -muy lejos de los 20 de la sanidad- y sin un plan transitorio que clarifique cómo pueden entrar en el proceso los trabajadores que ya cumplen los requisitos para incorporarse a una de esas categorías.

Pero las críticas siguen lloviendo desde el mismo sitio. La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) cree vigentes los motivos que le llevaron a presentar el recurso ante el TSJA. Su portavoz, Miguel Ángel González, detecta que «la Administración sigue donde estaba» y que esta nueva oferta «no cambia nada la situación anterior a las sucesivas sentencias». Los servicios jurídicos del sindicato, apunta, siguen el proceso de cerca, toda vez que rechazan que se mantenga la adhesión voluntaria a la carrera, precisamente el extremo cuya validez cuestionó el tribunal. González llama la atención sobre «la insumisión jurídica de la Administración» respecto a las sentencias que reconocen el derecho al cobro «sin adhesiones» de todo el que cumpla los requisitos.

El enroque más evidente, y el que más intensamente ha hecho aflorar las discrepancias entre los sindicatos, continúa en las aulas. Encima de la mesa sectorial de educación está un proyecto de ley que también ha admitido, respecto a la oferta inicial, la concesión de la apertura de un proceso para aquellos funcionarios que no están cobrando y cumplen los requisitos. Y es en esos requisitos donde la carrera ha vuelto a enredarse. SUATEA rechaza que la Administración vincule las percepciones a la superación de unos planes de evaluación «desconocidos». Este sindicato y la Federación de Enseñanza de CC OO coinciden en definir «irrenunciable» la retroactividad de los pagos. Quieren pluses para todos desde el 1 de enero de 2007, y la Administración se niega. Los otros dos sindicatos de la mesa sectorial, ANPE y UGT, ponen matices menos severos y se conformarían con el pago a los que no están cobrando desde el 1 de enero de 2010.

 

Próximas reuniones

 

La mesa general tendrá su tercera reunión el martes para valorar las propuestas de los sindicatos sobre el proyecto de ley de carrera horizontal para funcionarios y personal laboral fijo de la Administración. La mesa sectorial de educación debatirá el miércoles el nuevo texto de reconocimiento de la función docente. El Principado pretende que el Consejo de Gobierno apruebe ambos a finales de octubre para que pasen después a la Junta por el trámite de urgencia y entren en vigor el 1 de enero.