La retroactividad para quienes no se adhirieron y los tramos de años necesarios para obtener los grados, principales argumentos del PP para intentar la modificación en el trámite parlamentario de la Ley

COMPARECENCIAS DE HOY EN LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO  

Pagar la carrera profesional con carácter retroactivo costaría casi 16 millones

RTPA, 21-12-2009

El pago de la carrera profesional con carácter retroactivo a los más de 2.400 empleados públicos del Principado, entre docentes y trabajadores de la administración regional, que no se adhirieron a este sistema de incentivos tendría un coste aproximado de casi 16 millones de euros para el Gobierno

Estos datos los ha facilitado hoy por la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, durante su comparecencia en la Junta General para informar del proyecto de ley que permitirá dar cobertura jurídica a estos pagos, anulados por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

A su juicio, la retroactividad en el cobro de estas cantidades para los empleados públicos que renunciaron a la carrera profesional a pesar de cumplir los requisitos, y que el resto viene percibiendo desde hace tres años, sería "ilógica" dado que este colectivo renunció voluntariamente a adherirse a la misma.

Tras esta modificación de la Ley de Función Pública, el Ejecutivo abrirá un nuevo procedimiento para que puedan sumarse los trabajadores que optaron por quedarse fuera, el 16,5 por ciento en el caso de los docentes y el 18,61 por ciento en el caso de resto de funcionarios o personal laboral de la administración autonómica.

La incorporación de todos los trabajadores que quedaron fuera del sistema supondría para el Gobierno un coste adicional de 5,2 millones de euros anuales respecto al que supone la carrera profesional desde su implantación

Migoya ha reiterado sus críticas a la "incomprensible" decisión de algunos sindicatos de llevar a los tribunales una cuestión "beneficiosa" para los trabajadores del Principado que se convertían así, con el pago a cuenta establecido por el Gobierno, en los primeros de una comunidad autónoma en disfrutar de esta medida que se venía aplicando hasta ahora únicamente en el ámbito sanitario.

Así, según la consejera, otras comunidades que han puesto en marcha la carrera profesional en los últimos meses han seguido el modelo de Asturias de aplicar un anticipo a cuenta a pesar de que los tribunales estimaran posteriormente que la base jurídica de esta medida debía tener rango de ley.

 

"Ahora no se corrige ningún graves error del Gobierno sino que acomoda a lo establecido en la sentencia con una modificación que tiene el respaldo de la Mesa General de la Función Pública -en la que además del Gobierno están representados UGT, CCOO y CEMSATSE- sin ningún voto en contra", ha subrayado.

La entrada en vigor de la Ley a comienzos de 2010, dado el trámite de urgencia y de lectura única que se le ha dado en el Parlamento regional, ha añadido, acabará con la "incertidumbre" de los 14.000 trabajadores que ya recibían este complemento salarial -que oscila entre los 56 y los 208 euros mensuales- al garantizarse que tendrán que devolver lo percibido y que lo seguirán cobrando

Por su parte, el diputado del PP Ramón García Cañal ha anunciado que su grupo no presentará enmienda de totalidad pero sí pedirá aplicar la retroactividad para quienes no se adhirieron, aún estableciendo facilidades de pago para el Gobierno, e igualar los cuatro tramos sucesivos en los que se van percibiendo estos fondos a los establecidos en el ámbito de la sanidad.

Cañal ha calificado de "bodrio" la carrera profesional "chapucera y sectaria" diseñada por el Gobierno y anulada por los tribunales a la vez que ha considerado que la modificación legal que ahora no se plantea "no solventa el disparate" y "perpetúa la discriminación" de los empleados públicos que presentaron recursos.

A su juicio, la puesta en marcha de esta iniciativa respondió a intereses "electoralistas" que definen "el grado de incompetencia de un Gobierno que vulnera sistemáticamente la ley".

En la sesión parlamentaria de hoy han comparecido también representantes de los sindicatos UGT y CCOO, que han mostrado su apoyo al texto, así como de CSIF, CEMSATSE, CSI y USIPA que han criticado un modelo que impedirá a los empleados públicos acceder al último escalón de la carrera profesional hasta 2034.

Asimismo han acusado al Gobierno de pactar el texto en la Mesa General de la Función Pública en lugar de en la sectorial para asegurar su aprobación gracias a la mayoría de que disponen en este órgano las centrales mayoritarias.

El pp lo planteará en sus enmiendas

Migoya ve "ilógico" que se solicite la retroactividad para el pago a cuenta de la carrera profesional

La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, tildó este lunes de "ilógico" que los empleados públicos que no quisieron adherirse en 2007 al pago a cuenta de la carrera profesional soliciten ahora la retroactividad y el cobro de esas cantidades. Migoya explicó que tuvieron la oportunidad de elegir libremente en su momento y decidieron no hacerlo. Señaló además que el pago de esa retroactividad supondría casi 16 millones de euros, incluyendo al personal del Principado y a los docentes.

La consejera hizo estas manifestaciones en la Comisión de Administraciones Públicas de la Junta General del Principado, donde compareció, junto a su equipo, para dar cuenta del proyecto de Ley de séptima modificación de la Ley 3/1985 de ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias para la regulación de la carrera horizontal. Se trata de unas normas que el Gobierno ha elaborado para dar cobertura legal al pago a cuenta de la carrera que comenzó a percibirse en 2007 y que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró anulable por no tener soporte jurídico.

En su comparecencia, Migoya dijo que el coste que supondría incorporar la retroactividad para aproximadamente el 18% de los que no se adhirieron en su momento supondría casi 16 millones, incluyendo los docentes, y abarcando las anualidades 2007, 2008 y 2009. Por año, 2,2 millones corresponderían a los no docentes y tres a los docentes.

La dirigente regional recordó que el proyecto permitirá ahora adherirse a quienes no lo solicitaron en su momento para poder comenzar a cobrar. Señaló que con la norma elaborada por el Gobierno se resuelve el problema de dotar el pago de cobertura legal. Destacó que el texto fue sometido a negociación colectiva en la Mesa General y elogió la "responsabilidad" de UGT y CCOO por apoyarlo. "Lo más importante es que permite mejorar calidad y avanzar en la excelencia de lo público al servicio de la ciudadanía", explicó Migoya.

Según las cifras que ofreció la consejera, tienen derecho a adherirse a  la carrera profesional  y primer pago a cuenta  6.668 funcionarios de carrera o laborales, de los que 5.427 ya se adhirieron en 2007, de tal forma que quedarían 1.241 que podrán apuntarse.

El PP confirmó que no presentará una enmienda a la totalidad al proyecto para no poner en peligro las cantidades percibidas por funcionarios. De todas formas sí se mostró partidario de esa retroactividad y señaló que el proyecto "perpetúa la discriminación a quienes no estuvieron de acuerdo y recurrieron".

El diputado del Grupo Popular, Ramón García Cañal,  dijo que el proyecto llega "tarde" a pesar de las continuas "advertencias". A su juicio, detrás de esa tardanza está la "tozudez" y la "contumacia en el error" de Migoya. Recordó la comparecencia de los sindicatos de al Administración que tuvo lugar esta mañana y destacó las "críticas" de estos hacia el texto.

 A su juicio todo parte de un acuerdo "electoralista" del Gobierno del Principado con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2007. "No se puede ser más chapucero y sectario", señaló García Cañal, que reclamó que la solución debe atender no sólo la situación de los que firmaron, sino también de los funcionarios que no se adhirieron y el TSJA "terminó dándoles la razón".  Así, señaló que el PP planteará en sus enmiendas la retroactividad de esos pagos a cuenta, dando facilidades de pago al Gobierno.

La diputada de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita, señaló que el proyecto tiene un carácter "paliativo" porque supone una respuesta "puntual" a una situación que ha venido dada, mientras que la socialista Servanda García felicitó al Gobierno regional por el acuerdo alcanzado con los sindicatos.

LAS COMPARECENCIAS DE LA MAÑANA DONDE POR CC.OO. SOLO ESTUVO ENSEÑANZA …

CCOO, Suatea y CSIF critican el proyecto de Ley de Evaluación Docente y dos letrados advierten de su inconstitucionalidad

UGT y ANPE, únicas organizaciones que apoyan el proyecto

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los sindicatos CCOO, Suatea y CSIF mostraron hoy en el Parlamento su oposición al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, por lo que llegaron a pedir la retirada del mismo, en palabras de la representante de Suatea, Beatriz Quirós. Además, los letrados Carlos Álvarez-Buylla y Teresa Gallart advirtieron de la posible inconstitucionalidad del proyecto que calificaron.

Los sindicatos comparecieron hoy en la Comisión de Administraciones Públicas de la JGPA para dar cuenta de su parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos.

El primero en intervenir fue el representante de UGT, Indaleio Estrada, que defendió el proyecto de ley y apeló a la responsabilidad de los diputados para que la articulación de la ley, que mejorará el servicio público docente, sea una realidad. Estrada recordó además que hubo profesionales de CCOO y de CSIF que en contra de los dictámenes de sus organizaciones se adhirieron a la carrera y los felicitó por ello.

En el mismo sentido se manifestó el Secretario general de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez, que arremetió contra CCOO por "firmar en un sitio lo que niegan en otro". Quiso además desmentir informaciones interesadas de quienes a la organización firmante les acusan de haberle hecho el trabajo sucio a la administración, porque nada más lejos de la realidad. "Nuestra posición ha sido desde el principio coherente y reivindicativa. ANPE suscribe el acuerdo en un ejercicio de coherencia y responsabilidad", dijo.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Enrique Fernández, se mostró contrario al proyecto e insistió en que a su organización le gustaría que fuera una ley para todos los docentes y no sólo para parte de ellos.

"No dudamos la legitimidad de todas las organizaciones para firmar acuerdos con la administración, pero algo tan importante como lo que traemos hoy al Parlamento, debería tener el respaldo de todas las organizaciones sindicales o como mínimo de la mayoría y este proyecto de ley no trae el respaldo ni de la mesa sectorial de educación ni de la general, porque en ningún caso hay respaldo sindical mayoritario", dijo Fernández.

Insistió en que CCOO está a favor de que todos cobren, hayan o no firmado la carrera, porque esa resolución está anulada y además todos los profesores hacen el mismo trabajo. Además añadió que han ofrecido a la Administración unos plazos para abonar estas cantidades, pero la administración no ha querido oír hablar de ese asunto. "No nos negamos a la evaluación, faltaría más, pero el proyecto de ley vuelve a caer en los mismos errores", dijo a la vez que insistió en que reclaman que se legisle para todos.

La secretaria general de Suatea, Beatriz Quirós, reiteró en el Parlamento que el proyecto de ley carece de base legal y se refirió a la discriminación salarial a veces de 7.000 euros que sufren los docentes. "Estamos ante la degradación de la Educación asturiana con una ley que pretende discriminar de por vida a buena parte del profesorado", dijo.

Quirós manifestó que existen alternativas a esta ley, pero lo que falta es voluntad política para ello y añadió que este proyecto sólo pretende saltarse una sentencia del TSJA. "Por ello le pedimos al Principado que desista de su empeño en legislar saltándose el camino marcado".

El secretario de CSIF, Gerardo Domenech, manifestó que este proyecto nace del propósito de que ningún docente tenga que devolver el dinero, y para su organización este objetivo no es suficiente. "Estamos ante una discriminación que no tiene ninguna base legal, por lo que pedimos que se acabe con la misma".

Destacó por ello la necesidad de enmiendas al proyecto que den solución a las personas que no se han adherido a la carrera profesional, así mismo reclamó una acreditación de méritos y no una evaluación, para eliminar la subjetividad.

OPINIÓN DE LOS ABOGADOS

En la comisión también participaron los abogados Carlos Álvarez-Buylla y Teresa Gallart que mostraron su oposición al proyecto de Ley. Álvarez-Buylla mostró su "absoluta discrepancia con el proyecto" y destacó que se trata de aprobar "con nocturnidad y alevosía".

 "Resulta sorprendente, porque el motivo último del proyecto es impedir el cumplimiento de las sentencias del TSJA, además incurre en los mismos errores", dijo el letrado que insistió en mostrar su "más enérgica discrepancia con el proyecto de ley, que no resuelve el agravio sino que consolida el mismo".

 Por su parte la abogada Teresa Gallart, advirtió también del gravísimo riesgo de inconstitucionalidad y volvió a referirse a los varios motivos de impugnación de los sindicatos, que no se han corregido en el nuevo proyecto.