Legislativo, ejecutivo y judicial ¿los tres poderes acabarán interviniendo en el tema del Hospital de Arriondas ?

La alianza PP-IU da vía libre a que el Sespa asuma la gestión del Hospital del Oriente

La nueva ley dejará en la inseguridad jurídica a la plantilla, según el PSOE

La coalición exige a los socialistas que no lleven el caso al Constitucional

La Nueva España. Oviedo, J. A. ARDURA

La alianza entre el PP e IU, que se consumó ayer en la Comisión de Salud del Parlamento asturiano, dar vía libre a que el Servicio de Salud del Principado (SESPA) asuma la gestión del Hospital del Oriente, una cuestión cuyo debate viene repitiéndose desde hace una década. Esa proposición de ley contó con el voto en contra del Grupo Socialista, que sostiene que la aprobación de esta norma tiene «vicios de procedimiento» que dejarán en «una gran inseguridad e inestabilidad a los trabajadores».

PP e IU sostienen que con la nueva ley, el personal del Hospital de Arriondas pasará a depender del Sespa como personal laboral fijo, mientras que el PSOE sostiene que esos empleos pueden peligrar, vía recurso judicial. La aprobación de la nueva ley queda ahora pendiente de su ratificación en un Pleno en el Parlamento regional. La idea de IU es incluir este asunto en uno de los plenos ordinarios de este mismo mes.

Los seis diputados del PP e IU inclinaron la balanza a favor de que el Hospital del Oriente pase a depender directamente del Sespa y no de una Fundación pública, como hasta ahora. La votación, que tuvo lugar en la Comisión de Salud, acentuó las diferencias sobre este asunto entre los dos socios de gobierno, PSOE e IU, hasta el punto de que la parlamentaria socialista Pilar Alonso pidió poder explicar el voto negativo de su grupo. «Manifestamos nuestra disconformidad con todos los vicios de este procedimiento. De aprobarse esta ley, será tremendamente vulnerable», advirtió la diputada, que también reprochó a IU y al PP que «han hecho caso omiso de las advertencias realizadas por el letrado de la Junta». De hecho, el letrado Ignacio Arias, que ayer estuvo presente en la votación sobre la ponencia de la controvertida ley, se eximió «de cualquier responsabilidad tanto en lo que se refiere al contenido del texto como a sus efectos jurídicos». Según el Grupo parlamentario Socialista, la nueva ley «será responsabilidad de PP e IU, que con la fuerza de sus votos se han convertido en juristas y expertos en todo el proceso».

La posición del PP y de IU resultó diametralmente opuesta a la de los socialistas. Según Carlos Galcerán (PP) y Diana Camafeita (IU) la proposición de ley «cumple los requerimientos jurídicos» y es constitucional. Galcerán atribuyó las advertencias socialistas sobre la debilidad constitucional de la nueva norma «a un derecho al pataleo que es humano pero ineficaz». Según el diputado popular, los trabajadores del Hospital del Oriente no verán peligrar su puesto de trabajo «porque se subrogan en su condición actual de laborales al Sespa». También añadió que con esta ley, los ciudadanos del Oriente «dejarán de tener unos servicios sanitarios de segunda». Y se mostró contundente, y hasta retador con el PSOE, al sostener que la nueva ley «es absolutamente constitucional; y si no, al tiempo».

La diputada Diana Camafeita (IU) también defendió la ley que permitirá que el Sespa asuma la gestión del Grande Covián porque «acabará con un modelo de gestión anómala». La parlamentaria de la coalición responsabilizó a sus socios de Gobierno de mantener «un discurso con ruido y miedo hacia los trabajadores y los usuarios del centro». Además, Camafeita pidió al PSOE sin rodeos que «no cometa el error de recurrir al Constitucional porque esa decisión sí generaría inestabilidad entre los trabajadores».

Más de 230 sanitarios impugnarán la entrada de la plantilla en la red pública

Los disconformes con la integración exigen una oferta pública de empleo

Arriondas, R. DÍAZ, para La Nueva España
Más de 230 trabajadores sanitarios habían exigido hace ya un año y medio al Gobierno del Principado la convocatoria de una oferta pública de empleo para la provisión de plazas en el Hospital del Oriente en el caso de que se integrara en la red sanitaria pública. En los últimos meses otros profesionales de la sanidad se han unido a aquella reclamación y han anunciado su intención de impugnar la subrogación de la plantilla del Grande Covián en el Sespa ante los tribunales de justicia, por considerar que sería una actuación ilegal, que lesionaría su derecho a acceder a esas plazas.

El debate se centra en la situación laboral en la que quedarían los trabajadores del Hospital de Arriondas con la integración en el Sespa. Según el PSOE, adquirirían en ese mismo momento la condición de «empleados públicos», algo para lo que se requiere superar un concurso oposición. PP e IU, por su lado, defienden que los trabajadores de Arriondas mantendrán su situación laboral actual de laborales fijos y que, por lo tanto, no serán ni estatutarios ni funcionarios.

PP e IU continúan con la integración del hospital pese a las advertencias de los juristas

El PSOE asegura que «se han pasado por el forro todos los informes legislativos» y les responsabiliza de sus consecuencias

03.03.10

El PP e IU han hecho caso omiso a las advertencias del letrado de la Junta General del Principado de Asturias Ignacio Arias Díaz y han continuado con la tramitación para la integración del hospital Grande Covián y de su plantilla de trabajadores en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), una reivindicación casi histórica por parte de usuarios y empleados de este equipamiento médico.

Los motivos que esgrimen están muy claros. Quieren que los vecinos del Área Sanitaria VI tengan un hospital «como los demás» y que «dejen de tener unos servicios sanitarios de segunda», resumía ayer Carlos Galcerán, diputado del PP. Fue precisamente el Partido Popular quien presentó hace ya dos años una proposición de Ley para la integración de este centro en la red pública que, con el apoyo de IU, ha ido superando diferentes trámites administrativos pese al firme rechazo del PSOE. Ayer, la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios de la Junta General del Principado daba el visto bueno a la proposición de Ley gracias a la mayoría parlamentaria que forman PP e IU y quedaba lista para su debate en el Pleno de la Junta, previsiblemente el próximo 12 de marzo.

Como cabía esperar, el grupo socialista votó en contra de la propuesta que en ocasiones ha llegado a calificar de «anticonstitucional» y su portavoz en la ponencia, la diputada Pilar Alonso, volvía a insistir una vez más en que la tramitación de esta Ley «tiene vicios en el procedimiento» que la hacen «enormemente vulnerable». Por citar alguno de ellos, comentó que el objeto de la iniciativa parlamentaria ha quedado sin efecto «porque la integración ya se ha producido y así lo ha repetido varias veces el letrado en el curso de la ponencia», se ha omitido la prerrogativa que el reglamento de la Junta General concede al Gobierno regional para vetar una ley si ésta afecta a los presupuestos en vigor y la iniciativa propone que el Ejecutivo debe disolver la Fundación «cuando no es posible al estar regulada por una legislación específica como la Ley de Fundaciones».

Una serie de «irregularidades» que han generado informes negativos por parte de los juristas de la Cámara e incluso han motivado que el letrado de la Ponencia se desvinculara de la Ley y se exima «de cualquier responsabilidad tanto en lo que se refiere al contenido del texto como a sus efectos jurídicos», tal y como reza en el acta de la Ponencia. «Se han pasado por el forro todos los informes legislativos que han hecho los letrados haciendo caso omiso a las advertencias del letrado de la Ponencia en las que dice que no se hace cargo de las consecuencias», señalaba ayer la diputada socialista.

Un hecho que no tiene mayor importancia para el PP ya que la postura del jurista «no es vinculante» y, explica Carlos Galcerán, su grupo tiene «informes jurídicos propios» que entienden que el texto es totalmente «legal y por lo tanto perfectamente válido». En su opinión, las declaraciones del PSOE son simplemente «un pataleo muy humano, pero poco eficaz», porque van en contra de lo que han solicitado los vecinos del Oriente «desde hace muchos años e incluso el PSOE cuando estaba en la oposición», espetó Galcerán, al tiempo que recrimina al grupo socialista que «durante todo el tiempo que ha estado gobernando no haya hecho nada y ahora, que ven que los demás están a punto de sacar una Ley adelante, hacen pequeños cambios para confundir a la opinión pública y tratar de bloquear la proposición de Ley en la Junta del Principado».

La diputada de IU Diana Camafeita también celebró el paso dado y manifestó su deseo de que «a pesar de lo tortuoso de la tramitación, con tantas chinitas en el camino, el procedimiento se culmine con éxito y se corrija una gestión anómala», dijo.

El PSOE no está en absoluto de acuerdo con estas afirmaciones. La diputada socialista entiende que su partido viene «luchando por dar seguridad al proceso para garantizar la estabilidad de los trabajadores» y defiende la propuesta planteada por la Consejería de Salud que implicaría mantener la fundación y que sólo los empleos nuevos sean contratados directamente por el Sespa. «Lo que se está haciendo es una chapuza jurídica y los grupos políticos que han liderado esta iniciativa serán los responsables de las consecuencias que tenga para los trabajadores», sostiene Alonso.

Ante estas advertencias, el PP entiende que el PSOE está jugando a la «política del miedo» para que sean los propios trabajadores quienes bloqueen la propuesta. Lejos de conseguirlo, la iniciativa parlamentaria para la integración del hospital del Arriondas está muy cerca de convertirse en una realidad, aunque si es cierto que algunos sectores sociales, concretamente el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), han manifestado en declaraciones a EL COMERCIO su temor por el futuro laboral de la plantilla del centro.