La corrupción de las palabras

Democracia en la boca de los neofranquistas

Por Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad de Castilla-La Mancha.

Se admite que los legisladores y el Gobierno no tienen el monopolio de la verdad pero, ¿dónde está escrito que los jueces lo tienen? En efecto no lo tienen y, además, deben ser especialmente prudentes en el ejercicio de sus funciones.

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Las palabras pierden su significado cuando se hace un uso espurio de ellas y se convierten en instrumento de las más oscuras intenciones y deseos de quien las falsea, como ocurre cuando el mentiroso llama mentiroso al que dice verdad, verdugo a quien es víctima y así podríamos seguir con muchos ejemplos. La derecha española está desde hace unos años dando triste ejemplo de cómo prostituir las palabras y usar el insulto en lugar de los argumentos. Produce estupefacción ver que los lideres del PP, después de que este partido votase sobre el Estatuto de Autonomía una cosa distinta en Madrid que en Toledo, acusen al gobierno regional manchego de estar 30 años mintiendo no se sabe muy bien sobre qué. Pero con las críticas a las movilizaciones contra la impunidad de los crímenes del franquismo la cosa está llegando al disparate.

Resulta que según el sr. Rajoy, la sra. De Cospedal y la sra. Aguirre, además de los insultos, esas movilizaciones son “brutales”, ponen en peligro la democracia y no respetan ni la independencia judicial ni la separación de poderes. ¿Argumento? No hay, solo es así porque lo dicen ellos. Claro ejemplo de autoritarismo antidemocrático. Parece que lo democrático para ellos es no investigar el genocidio franquista. Lo democrático es convertir en reo al que intenta depurar responsabilidades por aquellos atroces asesinatos.

Esos mismos dirigentes no han dudado en alentar y asistir a manifestaciones contra el Parlamento cuando estaba tramitando algunos proyectos de leyes que no les gustaban o incluso cuando algunas leyes ya estaban aprobadas. Las Cortes son, no lo olvidemos, las representantes directas del titular de la soberanía que es el pueblo y a nadie se le ha ocurrido decir que esas movilizaciones eran antidemocráticas, sino todo lo contrario, ejemplo del uso del muy democrático derecho de manifestación. Pero para nuestra rancia derecha cuando son otros los que lo usan entonces hacen un uso antidemocrático de él. En el caso de los crímenes franquistas están diciendo que no se pueden hacer manifestaciones contra los jueces porque comprometen la independencia judicial. Dejemos de lado que en el pasado reciente altos exponentes de la derecha patria han descalificado y participado en movilizaciones contra decisiones de los tribunales (caso De Juana Chaos, caso Gúrtel, caso Yak43, etc…) y preguntémonos donde está lo antidemocrático de las movilizaciones que tanto critican ahora. Hay una pregunta elemental a hacer ¿de dónde viene el poder de los jueces y tribunales? La respuesta en un sistema democrático como el que se dice tenemos no puede ser otra que del pueblo. Lo mismo pasa con el ejecutivo. Si se llevan a cabo movilizaciones contra el ejecutivo y contra el legislativo ¿por qué razón no pueden hacerse contra el judicial? ¿Es eso negar su independencia? No, con esas movilizaciones se cuestionan actuaciones concretas.

Los tribunales de justicia todos los días resuelven miles de pretensiones de los justiciables con arreglo a su buen saber y entender y no parece exacto que la justicia, a pesar del éxito mediático de la frase, “sea un cachondeo”. De algunas o de muchas decisiones judiciales se puede discrepar y la comunidad jurídica manifiesta su disenso con la crítica fundada que sirve para el mejoramiento del derecho. Pero hay casos en los que algunas resoluciones judiciales conmueven la sensibilidad y el sentido de justicia de miles de personas mas allá de la comunidad jurídica y, entonces, esas mismas personas tienen toda la legitimidad de manifestar su indignación ante lo que consideran un uso inadecuado de los poderes que el pueblo ha conferido a los jueces. Se admite que los legisladores y el Gobierno no tienen el monopolio de la verdad pero, ¿dónde está escrito que los jueces lo tienen? En efecto no lo tienen y, además, deben ser especialmente prudentes en el ejercicio de sus funciones cuanto menos por dos motivos, el primero porque a diferencia de los miembros del legislativo y del ejecutivo no pueden ser removidos de sus cargos por exigencias de su independencia e imparcialidad y, en segundo lugar, porque en nuestro sistema tienen la última palabra sobre muchas materias. Gozar de estas dos características de su función no les convierte en una especie moderna de señores de horca y cuchillo. En el caso Garzón muchas personas ven, entre otras cosas, precisamente un ataque a la independencia judicial que resiente la legitimidad de los tribunales.

La verdad es que la prudencia escasea entre los líderes de la derecha española que a lo que se ve, les sale toda su vena autoritaria y recurren al insulto ante los intentos de la gente de insistir en clarificar los crímenes del genocidio franquista y honrar a sus víctimas. Pero que califiquen como ataques a la democracia las recientes movilizaciones es el mismo disparate que las condenas por rebelión militar que hicieron los militares golpistas rebeldes contra quienes defendieron la legalidad republicana que todos (incluso los golpistas) habían jurado respetar. La democracia para ellos es sólo un vocablo de uso retórico en beneficio propio.