La Plataforma en defensa del Hospital del Oriente indignada con las maniobras del PSOE

¿Farsa o fraude?

El PSOE busca una vía política para evitar cumplir la ley de integración del Hospital del Oriente

 AGUSTÍN LÓPEZ-RIVAS PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL HOSPITAL

Tras la nota de prensa presentada este jueves 20 de mayo 2010 (LA NUEVA ESPAÑA, página 13 de la Edición del Oriente), en la que se hace eco de las «aclaraciones que la Administración General del Estado (AGE) solicita sobre la ley que integra el Hospital Grande Covián en el Servicio de Salud del Principado de Asturias», la Plataforma de Asociaciones en Defensa del Hospital del Oriente, totalmente indignada, una vez más, quiere dejar bien claro lo siguiente:

Que es una vergüenza que el Gobierno asturiano se preste a semejante farsa o, mejor dicho, fraude. Cierto, no somos juristas, pero el artículo de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional al que hacen referencia propone una comisión para buscar el consenso cuando hay disensión entre la posición autonómica y la gubernamental nacional respecto a un tema de ley, como dice textualmente, «para evitar el recurso de inconstitucionalidad». Aquí no es el caso: no es la mayoría parlamentaria quien pide la revisión del texto, sino (¡usando como excusa a unos anónimos ciudadanos ofendidos (?) y al Defensor del Pueblo como transmisor del encargo!) el Gobierno autonómico, o, en concreto, el Ejecutivo socialista, que siempre se ha mostrado contrario a la integración y que lo único que busca por esta vía es alargar más el vía crucis de la integración del centro, utilizando de forma torticera un precepto legal.

Se está buscando una vía política para evitar cumplir una ley democráticamente votada. ¿No es esto un fraude a la ciudadanía y una burla a las instituciones? Si la ley votada es «anticonstitucional», ¿por qué no interpone recurso ante el Tribunal Constitucional el Defensor del Pueblo, que tiene potestad para hacerlo?

No sabemos quiénes son esos ciudadanos que no están de acuerdo con la integración del hospital. Ahora bien, sí tenemos el nombre, apellido y DNI de más de 3.000 ciudadanos que quieren legítimamente que nuestro hospital sea público; tenemos informes de juristas eminentes que avalan que esta integración es posible, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los trabajadores del centro y los casos de equivalente integración en otras autonomías abundan... Pero parece que el Gobierno asturiano sólo escucha las voces de quienes se someten a sus deseos, y está claro que el Gobierno del señor Areces nunca ha querido que nuestro hospital sea como los demás. Las promesas se han volatilizado y las máscaras han caído.

¿Qué esperan conseguir con tan baja maniobra? ¿Mantener otro año o más el hospital en el limbo de lo «ni público ni privado»? ¿Mantener la tensión, la conflictividad, la indefinición? Si la maniobra es buscar el desgaste de quienes desde hace años pedimos un hospital público digno, se equivocan: no se modifican los principios porque surjan dificultades, no, al menos, en quienes no tenemos otro interés que el bien común y la búsqueda de un futuro mejor para la sanidad pública y la atención especializada en el Oriente.

Por lo tanto, los ciudadanos del Oriente no entendemos por qué se empeñan en dilapidar tiempo y recursos en mantener la Fundación Francisco Grande Covián. Sería mucho mejor que esos esfuerzos, en tiempo, personas y derecho se dedicaran a respetar las leyes votadas en nuestra Cámara parlamentaria y en mejorar los servicios (todavía bien precarios) que presta el centro, dentro de la transparencia y los principios de equidad y justicia que deben regir en todos los servicios públicos. En definitiva, lo que se puede deducir de esta nota de prensa es que los socialistas asturianos han pedido a sus amigos de Madrid que les echen una mano para retrasar al máximo el cumplimiento de la ley y que esperan desgastar así a los que luchan por que el hospital sea público. Sobre todo a los trabajadores, a quienes utilizan continuamente como excusa.

Los ciudadanos del Oriente no queremos «acuerdos entre administraciones». Asturias tiene toda la potestad para legislar su mapa sanitario, nuestra Cámara parlamentaria ya ha hablado al respecto: sólo nos queda esperar la representación de una farsa en la que el Ejecutivo asturiano pueda escudarse para no aplicar la ley, o, al menos, alargar el plazo para su cumplimiento. Mientras tanto, ¿seguiremos con un hospital «ni público ni privado», con un «patronato-chiringuito» que continúa nombrando a dedo a sus amiguitos y sirviendo de tapadera a cuanto dentro y a espaldas del dinero público (¡a oscuras y sin taquígrafos!) se quiera hacer? No lo toleraremos. Lucharemos para que se cumpla la ley y, si es necesario, nos presentaremos ante el Defensor del Pueblo con la ley de la Cámara en la mano votada por mayoría democráticamente en el Parlamento asturiano, con las miles de firmas recogidas y los centenares de apoyos que nos llegan de toda la comarca del Oriente.