La “responsabilidad” entendida por el presidente incluye recurrir al “chantaje”, o por lo menos intentarlo ¿se dejará chantajear IU?

Álvarez Areces amenaza con su ’decretazo’ y aplicar un ajuste "más lesivo" para los funcionarios

05.06.10 – El Comercio.

El decreto, que pone en jaque el pacto de gobierno, contempla incluso aligerar las plantillas a través del despido de interinos

El Gobierno aplicará un ajuste «más lesivo» a los funcionarios si IU y PP tumban la ley en la Junta

La aplicación en Asturias del recorte del sueldo de los funcionarios decidido por el Gobierno central es de obligado cumplimiento. El presidente del Principado se encargó ayer de recordarlo varias veces y de varias formas. «Tenemos que cumplirlo», dijo Vicente Álvarez Areces en un primer momento. «Debemos contribuir», agregó después. «Y, sin duda, vamos a hacerlo», dijo con rotundidad, ya casi al final de su intervención ante el pleno de la Junta General. Dio dos opciones. La primera, «justa y dialogada», pasa por una reducción progresiva del salario de los empleados públicos, de forma que los más modestos se vean menos perjudicados y los más abultados sufran más la tijera. Sería a través de un proyecto de ley que necesita el ’sí’ del Parlamento para ser efectivo. La segunda, aparcada hasta ayer, es más rotunda. Areces advirtió de que, de fracasar la alternativa de consenso, resolverá el asunto a través de un decreto del Ejecutivo que impondrá un ajuste «más lesivo» para los trabajadores. La advertencia causó un profundo descontento en IU y deja en una situación harto complicada la relación con el PSOE y, por ende, el pacto de gobierno.

Tiene razón Areces cuando dice que la traslación a Asturias del recorte salarial impuesto por el Ejecutivo central es obligada. La cuestión es cómo hacerlo. Areces apeló ayer a la «responsabilidad» de los grupos políticos -sobre todo de IU, aunque sin nombrarla- para aprobar el proyecto de ley que el Gobierno presentará la próxima semana en la Junta. Por esa vía «se afectará menos a quienes menos tienen», se «moderará el impacto» de la medida y se intentará que «no impacte en lo sustantivo en los derechos de los trabajadores». Para lograr este objetivo, el presidente ofreció «diálogo» y recordó al Partido Popular que allí donde tiene margen de decisión «está aprobando el ajuste».

El problema es que la iniciativa tiene pocos visos de cuajar. El PP ya aclaró que votará en contra. «Rechazamos en el Congreso que se toque el sueldo de los funcionarios y lo haremos aquí», afirmó el portavoz adjunto, Joaquín Aréstegui. «Es un asunto del Gobierno, del PSOE y de IU», agregó. La coalición, mientras, ha dejado claro que sólo dejará pasar el proyecto -absteniéndose- si se aprueba una reforma fiscal en profundidad que suba más los impuestos a las rentas altas. Y, de momento, la propuesta de hacerlo para los sueldos de más de 100.000 euros se ve insuficiente.

De concretarse esta posibilidad, habrá decreto. Areces lo confirmó, y advirtió de que esta fórmula será «más lesiva» y tendrá «más coste desde el punto de vista de las personas». No fue más allá, salvo para decir que es algo «que no queremos hacer», pero que el Gobierno ejecutará si no queda otro remedio.

Areces no entró en detalles, pero las posibilidades no son muchas. Y sí dolorosas. Dado que a través de un decreto se limita la capacidad para actuar sobre los complementos -específico y de destino- hay que buscar otras vías. Que, en esencia, son tres. En primer lugar, al personal laboral se le aplicaría una rebaja lineal en el sueldo del 5%, sin posibilidad de hacerlo gradualmente. Además, sí se podría meter tijera en retribuciones variables como las horas extra, las guardias o los pagos por objetivos. Y, como tercera medida, se iría a un recorte de las plantillas, tanto dejando sin cubrir bajas, vacantes y vacaciones como prescindiendo de personal interino cuyas plazas se amortizarían.

«Rancia derecha»

IU entendió las palabras de Areces como una amenaza y respondió de forma escueta pero tajante: «Sólo la rancia derecha gobierna a golpe de decreto». El PP se frotó las manos ante la posibilidad de otro roce entre los socios. «Es la muestra de un Gobierno débil que tiene que recurrir a fórmulas extraparlamentarias», apostilló Aréstegui.

Lo cierto es que la definición de los ajustes económicos en Asturias abre un serio problema en las relaciones entre PSOE e IU. Ayer, al término del pleno, Areces se reunió en una sala con el secretario general de la FSA, Javier Fernández, y con el coordinador de IU, Jesús Iglesias. Y nadie salió de allí con buena cara. De hecho, la salud del pacto parece peligrar. «Se constataron profundas diferencias en el seno del acuerdo de gobierno», indicaron distintas fuentes próximas al encuentro. Al parecer, la reticencia socialista a subir más los impuestos a los sueldos altos supone un serio obstáculo para el entendimiento. Y la decisión de Areces de esgrimir el decreto salarial no ha hecho sino empeorar el ambiente.

Las cosas están así. El Gobierno prevé aprobar el proyecto de ley salarial la próxima semana y llevarlo de inmediato a la Junta para su tramitación. Pero aún saliendo adelante, es más que probable que no llegue a tiempo para las nóminas de junio y el recorte se concentre en las seis pagas siguientes.

Areces advierte a IU de que aprobará el ajuste por decreto si no logra su apoyo en la Junta La coalición se une al PP para pedir a Zapatero que no congele pensiones

Fracasa un encuentro entre el Presidente, Javier Fernández y Jesús Iglesias para acercar posturas
IU deja solos a sus socios del PSOE en la defensa del paquete de medidas anticrisis del Gobierno central
Los socialistas no creen que «vayamos a tener que echar a los socios del Gobierno, se abstendrán»

Oviedo, J. A. O. / J. E. M., en La Nueva España

Vicente Álvarez Areces respondió ayer con contundencia a la amenaza vertida por sus socios de IU de paralizar el plan de ajuste en la Junta General apoyándose en el voto del PP. El Presidente está dispuesto a firmar un decreto para sacar adelante la medida en solitario, en el caso de que no cuente con apoyos en el Parlamento. Y ello pese a reconocer que se trata de una vía que «endurecerá el impacto del recorte salarial al funcionariado». «El ajuste lo sufrirán especialmente los sueldos más bajos, porque el descuento será lineal, el mismo porcentaje para todos, y no por tramos», explica el PSOE.

Los socialistas aseguran que el ajuste es de «obligado cumplimiento» y «urgente», dado que la reducción salarial a los funcionarios debería aplicarse ya en la nómina de junio, algo que ahora queda en el aire por la escasez de tiempo. Su intención es sacarlo adelante con el apoyo de IU, toda vez que el PP ya ha anunciado que votará en contra. La coalición ha dejado claro que no comulga con el programa socialista, pero que estaría dispuesta a apoyarlo si se complementa con otras medidas, entre ellas que la subida de los tramos autonómicos del IRPF sea para las rentas superiores a los 60.000 euros anuales y no por encima de los 100.000 euros como prevé el PSOE. El secretario general de la FSA, Javier Fernández, y el propio Areces mantuvieron ayer mismo un encuentro con Jesús Iglesias, coordinador regional de la coalición, para acercar posturas. Aunque desde el PSOE se llega a mostrar cierta disposición a incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas, como le pide IU, el encuentro no ofreció resultados positivos. «Las posturas están muy alejadas y las discrepancias son graves y de calado», precisaron fuentes del Gobierno.

Pese a las dificultades, el PSOE tiene previsto llevar el ajuste al Parlamento autonómico «la semana que viene» y garantiza que «saldrá adelante, sea con el respaldo del resto de fuerzas o sin él». En este último caso, el PSOE advierte de que la vía del decreto, que considera «no deseable», supondrá una traslación «pura y dura» de la normativa estatal, algo que impediría aplicar modulaciones progresivas en los recortes salariales. La reducción general sería del 5 por ciento para todos los trabajadores, independientemente de lo que cobren. «IU verá qué hace, porque si se empeña en votar que no con el PP puede perjudicar a muchos funcionarios, y, sobre todo, a los que menos cobran», señalan desde el PSOE.

Antes de reunirse con Iglesias, Vicente Álvarez Areces lanzó un llamamiento a la «responsabilidad» de las fuerzas políticas asturianas para llegar a un acuerdo que impida tener que acudir al decreto para sacar adelante el recorte. «Nosotros no queremos hacer eso. Que quede claro que queremos hacerlo de una manera mucho más racional, moderada y equitativa», subrayó en respuesta a una interpelación del PP. Además, el Presidente quiso dejar claro que, aunque sea una medida «dolorosa», la «reducción de retribuciones supone un mandato básico del decreto-ley recientemente convalidado en el Congreso de los Diputados».

Aunque Areces pone el decreto encima de la mesa, fuentes socialistas se muestran convencidas de que, finalmente, IU no unirá sus votos a los del PP para paralizar el ajuste en la Junta General. «No vamos a tener que echarlos del Gobierno, porque se abstendrán», indican desde el PSOE en respuesta al órdago lanzado la víspera por Jesús Iglesias. En una comparecencia junto al secretario de CC OO, Antonio Pino, el coordinador de la coalición aseguró el jueves, en alusión al PSOE y a sus medidas de ajuste: «Hay que repartir los esfuerzos y, si no, que no cuenten con nosotros, o si quieren, que nos echen del Gobierno».

A la espera de concretar en detalle los términos del ajuste, el consejero de Salud, Ramón Quirós, aseguró ayer que el Gobierno de Asturias hará todo lo posible para reducir al «mínimo» el impacto del ajuste presupuestario en el funcionamiento de los servicios sanitarios. En Gijón, el Consejero admitió que la situación «es difícil», aunque «el Gobierno está estudiando en detalle cómo se va aplicar el ajuste» teniendo en cuenta que la sanidad «es un servicio básico esencial que marca la diferencia». Para IU, el ajuste castigará a los ciudadanos al empeorar los servicios públicos.

Oviedo, J. A. O., en La Nueva España

Nuevo desencuentro entre los socios del Gobierno regional.

IU unió ayer sus votos a los del PP en el Parlamento autonómico, dejando en minoría al PSOE, en este caso para afear a los socialistas su decisión de congelar las pensiones retributivas. En concreto, el respaldo de la coalición permitió a los populares sacar adelante una moción en la que se insta a la Junta General a solicitar al Gobierno central la anulación de tal medida.

El coordinador regional de IU, Jesús Iglesias, justificó la divergencia de postura con sus socios socialistas «no por entusiasmo ante la propuesta del PP, porque no creemos que sea sincero su interés en defender el sistema público de pensiones», sino porque, a su juicio, la congelación «es una medida injusta y con alternativas». Además, recordó que «IU ya se opuso en el Congreso al paquete de medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit».

Encargado de defender la moción, el diputado popular Joaquín Aréstegui aseguró que «en el ámbito regional, más de 35.000 pensionistas por incapacidad y otros 165.000 que cobran más de mil euros perderán unos 350 euros al año, mientras que otros 85.000 pensionistas por viudedad, con una media de 620 euros, perderán 150».

El socialista Álvaro Álvarez precisó en su intervención que el Gobierno «no ha decidido rebajar las pensiones, sino congelarlas para 2011, pero sin afectar a las no contributivas ni a las más bajas».

La Junta también aprobó ayer, en esta ocasión por unanimidad, solicitar al Gobierno que convoque una reunión del Pacto de Toledo.