A IU no parecen afectarle los emplazamientos “chantajistas” de Areces

IU emplaza a Areces a romper con la política de Zapatero para salvar el pacto

El presidente, que valora si las fórmulas fiscales de Izquierda Unida tienen cabida, desea «firmemente» la continuidad del acuerdo de gobierno

La coalición rechaza el 'decretazo' y advierte: «No cambiaremos políticas por sillones»

06.06.10 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

La orientación del plan de ajuste de 210 millones de euros en que trabaja la Consejería de Economía y la amenaza del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, de aprobar por la vía del decreto el recorte salarial a los funcionarios si no puede hacerse de forma consensuada en la Junta General, han llevado las relaciones entre el PSOE e IU a un callejón sin aparente salida. La coalición exige un aumento más severo de la presión fiscal a las rentas altas para apoyar la rebaja del sueldo a los empleados públicos, contrapartida que los socialistas, aunque estudian las opciones existentes, miran con mucho recelo. En este escenario de tirantez, el cruce de declaraciones se agría. Ayer, el coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, elevó el tono e instó a Areces a romper con las directrices que marca José Luis Rodríguez Zapatero, utilizando como mecanismo de presión una hipotética ruptura del acuerdo de gobierno. «No cambiaremos políticas por sillones», advirtió. El jefe del Ejecutivo, mientras, volcó sus ataques en el PP y dijo desear «firmemente» que el pacto de la izquierda llegue intacto al final de la legislatura.

La relación entre los socios es, cuando menos, tensa. Ya lo era por la tardanza del ala socialista del Gobierno en trasladar a IU las líneas generales del plan de ajuste. Su contenido, una vez conocido en sus cifras básicas, tampoco ha gustado en la parte minoritaria del Ejecutivo. Y la intervención de Areces en la Junta, el viernes, aludiendo al 'decretazo', ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los dirigentes de la coalición, que ayer hicieron patente su malestar.

Iglesias retó a Areces a abandonar el «seguidismo» de Zapatero, a cuya política IU se opone «aquí y en Madrid». Y lamentó que el presidente haya optado por seguir al pie de la letra las recetas llegadas desde Madrid, «por el 'decretazo' y el tijeretazo a los servicios públicos», en lugar de articular una política propia «basada en la justicia fiscal y el reparto de los sacrificios».

¿Cómo desembrollar la madeja? Difícil. El programa de IU es de máximos y no admite «las medidas aisladas y el regate corto» que reprocha a los socialistas. El emplazamiento que formula al PSOE es claro: si quiere su apoyo -por la vía de la abstención- al proyecto de ley que aplicará la rebaja salarial a los funcionarios, lo que evitaría el 'decretazo', debe ejecutar una batería de medidas orientadas a «que la crisis no la paguen los más débiles». A saber, una reforma fiscal en profundidad, un mayor esfuerzo de austeridad en las cuentas públicas y una apuesta por la protección social. De no ser así, habrá lío.

El ala socialista del gabinete estudia si puede poner en práctica alguno de los retoques fiscales (Sucesiones, Transmisiones, fiscalidad 'verde'...) que pide IU. Actitud que la coalición entiende como una «fuerte resistencia» que dice no comprender. «Los socialistas imponen sacrificios a mileuristas y pensionistas y no tocan a quienes ganan más de 5.000 euros al mes», se queja Jesús Iglesias con amargura.

De sus palabras se desprende que o Areces cambia de tercio, «porque sus medidas sólo retrasan la salida de la crisis», o el pacto de gobierno está en el alambre. «Es paradójico que nosotros hablemos de justicia fiscal y él amenace con despedir interinos», clamó Iglesias. «IU no hace políticas de derechas y tampoco las apoya; las rechaza y las combate», agregó. Y culminó su argumentación con una advertencia en toda regla: «Si alguien en Presidencia piensa que vamos a cambiar políticas por sillones comete un grave error de cálculo y puede llevarse una importante sorpresa, como ya demostramos en 2007». Entonces, la negociación para el pacto de gobierno no cuajó y IU prefirió quedarse en la oposición.

Tras el desencuentro que provocó el debate parlamentario del viernes, Areces prefirió ayer no entrar al choque con IU y arremeter contra el PP. Respecto a la relación con su socio, trasladó un mensaje tranquilizador. «Nuestro deseo es seguir manteniendo el Gobierno de coalición», precisó durante su visita a Mieres. El objetivo, comentó a modo de guiño, es «trabajar a favor de los que menos tienen y de políticas de progreso».

El presidente se esforzó en dejar claro que la posibilidad de recurrir al decreto para cumplir el requerimiento de Zapatero de rebajar el sueldo a los funcionarios no es ni mucho menos una amenaza, sino una necesidad. «No es una decisión del Gobierno de Asturias el hacer o no un decreto», reflexionó, sino que, de fracasar la fórmula de consenso del proyecto de ley, es la única opción para cumplir una orden estatal «de obligado cumplimiento». Aunque la medida no sea agradable, apostilló, «hay que aplicarla».

Prometió Areces apostar por el diálogo para que la rebaja salarial sea moderada, «muy leve» en el caso de los sueldos más modestos pero «tampoco de gran impacto» en los más cuantiosos. La medida, afirmó asimismo, liberará recursos para que Asturias pueda mantener su capacidad inversora en el futuro inmediato, animando así la incipiente recuperación económica.

El PP, «una desgracia»

El PP fue el objeto central de sus críticas. Acusó a su líder, Ovidio Sánchez, de «incoherente y demagogo» por rechazar ahora unos recortes «que pedía hasta hace dos días». Y señaló que en aquellas comunidades donde gobierna está aplicando la orden de Zapatero sobre los salarios públicos sin trabas. A su juicio, este análisis revela que el Partido Popular está incapacitado para gobernar Asturias. «Si en algún momento tuvieran que hacerlo sería una desgracia para nuestro país y para esta región», alegó.

Tampoco Sánchez se mordió la lengua. Tildó de «camelo» el argumento de Areces de que el ajuste salarial por la vía del decreto será más duro para los funcionarios, y se negó a tolerar «amenazas». Comparó su 'decretazo' con el 'pensionazo' de Zapatero y reiteró que votará 'no' en la Junta. «Está en el final de mandato y nos obsequia con posiciones penosas que no vamos a aceptar», sentenció. También criticó la subida de la presión fiscal a las rentas de más de 100.000 euros, que rebajó a «titular de mitin».

El 'decretazo' tampoco gustó en el ámbito sindical. La reacción de Comisiones Obreras fue rápida y rotunda. «Presidente, no cometas el error de Zapatero de tomar decisiones unilaterales porque si lo haces nos tendrás enfrente». Así se manifestó en Navia su secretario general, Antonio Pino, que advirtió de que «no vamos a admitir ni trampas ni chantajes de cambiar recortes de salarios por empleo en el ámbito de la función pública».

Tanto Luis Ángel Ardura, de UGT, como Juan Gavira, de CSI-CSIF, volcaron sus críticas no tanto en la forma de aplicar el recorte salarial como sobre el ajuste en sí. Ambos coincidieron en rechazar frontalmente la rebaja de los sueldos.

IU amenaza al PSOE con dejar el Gobierno si hay «decretazo», y Areces confía en que siga

Iglesias advierte a los socialistas de que no va a «cambiar política por sillones», mientras que el Presidente alerta de que un Ejecutivo del PP «sería una desgracia para Asturias y para España»

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

Izquierda Unida (IU) incrementa la presión al PSOE para que cambie su propuesta de ajuste, incluyendo una subida fiscal para rentas de más de 60.000 euros al año. El coordinador de la coalición, Jesús Iglesias, retó el viernes a los socialistas a que les echasen del Gobierno a cuenta del rechazo al recorte planteado por sus socios. Ayer dio un paso más y amenazó con la ruptura del pacto en el caso de que el PSOE acuda a la vía del decreto para aprobar el ajuste. Pese a la creciente tensión, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, se mostró confiado en que IU permanezca en su Ejecutivo y advirtió, puede que en referencia a las próximas elecciones autonómicas, de que un Gobierno del PP sería «una desgracia tanto para nuestro país como para Asturias».

«Si alguien en Presidencia piensa que vamos a cambiar política por sillones comete un gran error de cálculo y puede llevarse una importante sorpresa, como ya demostramos en 2007», advirtió Jesús Iglesias. En 2007, tras las elecciones regionales, IU y PSOE no llegaron a un entendimiento para formar el Gobierno de coalición, que, finalmente, se constituyó a finales del año siguiente. Desde entonces los enfrentamientos han sido constantes y en cuestiones de calado, pero sin consecuencias para el pacto. Iglesias mantuvo el viernes una primera reunión con el secretario general de la FSA, Javier Fernández, y con Álvarez Areces. El encuentro no dio resultado alguno, aunque al coordinador de IU le valió para comprobar «las grandes resistencias que tienen los socialistas para tocar los impuestos», algo indispensable para la coalición. En este aspecto, Iglesias acusó a sus socios de «imponer duros sacrificios a los mileuristas y pensionistas, mientras que no tocan a los que ganan más de 5.000 euros mensuales». «Tendrán que explicarlo a sus electores, pero lo que tienen que tener claro es que IU no hace ni apoya políticas de derecha, sino que las rechaza y las combate», indicó, tras lamentar que «mientras nosotros hablamos de justicia fiscal, Álvarez Areces amenaza con el despido de interinos».

Frente a la retahíla crítica de IU, Vicente Álvarez Areces -desde el acto de inauguración de la Feria de la Industria y de la Minería de Mieres- hizo votos por la estabilidad del pacto. «Nuestro deseo es seguir manteniendo el Gobierno de coalición; creo que en estos momentos tenemos que trabajar a favor de los que menos tienen y a favor de políticas de progreso», aseveró el jefe del Ejecutivo, quien centró sus críticas en el PP. Así, afeó a los populares su «manipulación y falta de seriedad», alertando de que su llegada al Gobierno sería «una desgracia» para Asturias y para España.

Álvarez Areces confirmó que si, finalmente, IU y PP unen sus votos en la Junta para bloquear la plasmación autonómica del ajuste estatal acudirá a la vía del decreto, pero lo hará por obligación, ya que, según precisó, el recorte aprobado recientemente por el Congreso es «de obligado cumplimiento». «El Gobierno de Asturias no tiene autonomía para decidir si lo hacemos o no. Estamos en un Estado de derecho y aunque no nos gusten determinadas medidas, hay que aplicarlas, pues son preceptivos muchos de sus elementos», aseguró el Presidente.

Por su lado, Ovidio Sánchez, presidente del PP de Asturias, calificó de «camelo» que aprobar el ajuste por decreto vaya a perjudicar a los funcionarios que menos cobran, como defiende el PSOE. Además, a su juicio, «el "decretazo" encaja perfectamente con las políticas de Areces, al igual que el "pensionazo" con las de Rodríguez Zapatero».

Radiografía de lo superfluo

Las denuncias de PP e IU sobre el gasto dibujan el mapa de lo que ambas formaciones consideran prescindible
Reuniones y conferencias cuestan 3,3 millones de euros, y la TPA paga otros 4 por las carreras que ofrece gratis la Sexta

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, La Nueva España

Puestos de acuerdo en la obligada necesidad de recortar el gasto público, los partidos políticos asturianos se enzarzan en discutir cuáles deben ser los criterios para realizar un ajuste económico que rondará los 210 millones de euros. PP e IU insisten en reclamar al PSOE que elimine todo lo superfluo, un concepto muy amplio, pero que han ido definiendo en las últimas semanas. Empresas públicas, la televisión autonómica (TPA), publicidad, publicaciones, protocolo, sueldos de altos cargos, asesores, viajes institucionales, fundaciones o «embajadas» en el exterior son algunos de los objetivos de los populares y la coalición con la tijera.

Las empresas públicas están en el punto de mira. Y no sólo ahora, sino mucho antes de que la crisis obligara a aplicar medidas de reducción del gasto. El PP insiste en la eliminación de todas aquellas que no sean estrictamente necesarias, salvando de la quema las de salud y servicios básicos, para lograr un ahorro de casi 300 millones de euros. Por su lado, IU reclama una reordenación de este sector para hacerlo más efectivo y mucho menos costoso. «¿Tiene sentido que el 112 y Bomberos de Asturias sean dos entes separados?», se preguntaba esta semana un dirigente de la coalición, socia de Gobierno.

La televisión autonómica (TPA) recibe 30 millones de euros de transferencias directas al año, aunque los contratos de publicidad y promoción con las distintas consejerías elevan la factura en torno a los 36 millones. El ente que dirige José Ramón Pérez Ornia paga cuatro millones de euros anuales por retransmitir las carreras de Fórmula 1, que también se pueden ver en abierto a través de la Sexta, al igual que ha ocurrido con el fútbol de los sábados por la noche en la última temporada. El PP pidió esta semana su privatización.

Otro campo en el que se reclama una mayor contención del gasto es el de los cargos de confianza. El equipo del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, sale por más de un millón de euros al año. El personal eventual de gabinete cuesta 983.400 euros, a los que hay que sumar los 147.520 euros que se destinan a los dos asesores que tienen rango de viceconsejeros, y los 59.390 euros de otro asesor que cuenta con la categoría de director general.

Las representaciones asturianas en el exterior, con oficinas en las ciudades de Madrid y Bruselas, cuestan 5.068.574 euros y también han sido puestas en tela de juicio por la oposición, empeñada en eliminar los viajes institucionales del Gobierno regional. Según el PP, la última expedición, al Caribe y Centroamérica, tuvo un coste de adjudicación de 494.000 euros, a lo que habría que sumar la contratación de servicios para la organización, adjudicados por procedimiento negociado y por importe de 43.103,45 euros. El próximo viaje, a China, saldrá por unos 425.000 euros, de acuerdo con los cálculos populares.

La factura por la casi total privatización de los servicios de informática de la Administración autonómica llega a sesenta millones de euros. Un informe sindical asegura que la situación ha dejado a medio centenar de trabajadores públicos mano sobre mano. Además, la adquisición de aplicaciones informáticas sale por 12,3 millones de euros y otra serie de servicios en este ámbito cuesta 6,6 millones de euros. La aplicación del software libre podría rebajar la cuenta informática del Principado, según la opinión de los expertos.

En el apartado de reuniones y conferencias, la Administración regional gasta al año 3,3 millones de euros, de los que el 47 por ciento corresponde a la Consejería de Cultura y el 21 por ciento, a la de Presidencia, Justicia e Igualdad. Llama la atención que el Instituto Asturiano de la Mujer se lleve en este capítulo 275.000 euros, una cantidad por encima de las destinadas a las consejerías de Economía, Infraestructuras, Administraciones Públicas e Industria. El departamento de Educación, a cargo de José Luis Iglesias Riopedre, sólo absorbe el 5 por ciento del gasto destinado a conferencias.

Además, sólo la Dirección General de Modernización tiene para publicidad y publicaciones 356.000 euros, una cifra superior a la que manejan las consejerías de Sanidad (340.000), Industria (246.747) o Infraestructuras (364.000). Dentro de estos capítulos de gasto, la Junta destina 535.000 euros anuales a protocolo, publicaciones y publicidad, mientras que la oficina de la Procuradora General cuenta con 200.000 euros para publicidad. La cifra supera a la que maneja toda la Consejería de Medio Rural. El Principado destina otros 3,08 millones de euros a la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación); dos millones a la Fundación Barredo, y 1,2 millones a la Laboral. IU ha puesto estos entes entre sus objetivos, al igual que el circuito Fernando Alonso.

Nuevo escenario para las cuentas autonómicas.

El Principado teme una fuga fiscal si se eleva el IRPF a las rentas medias

Asturias es la única región del norte que subirá el tramo regional de IRPF a los que más cobran.

Casi 14.000 asturianos tienen unos ingresos anuales entre los 60.000 y los 150.000 euros.

06/06/2010 LUIS FERNANDEZ, para La Voz de Asturias

RE Nl Gobierno del Principado teme que la subida del tramo regional del IRPF a las rentas de más de 60.000 euros, como propone IU, pueda provocar una fuga fiscal a las comunidades vecinas.

Hasta el momento, Asturias es la única región del norte que ha planteado la subida impositiva a los que ganan más de 100.000 euros, una medida que recaudará 18 millones de euros y afectará a unas 6.000 personas. De las comunidades más próximas, las gobernadas por el PP, Galicia y Castilla y León, no revisarán al alza el impuesto, mientras que el Gobierno cántabro, formado por regionalistas y socialistas, no tomará una decisión hasta la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 15 de junio.

Esta subida afectaría a un importante número de asturianos. A modo de ejemplo, aproximadamente el 15% de los 61.000 empleados de la Administración se verían afectados, ya que un elevado número de médicos, profesores o funcionarios de nivel A superan esa cantidad. En Asturias, son casi 14.000 personas las que cobran entre 60.000 y 150.000 euros. De todas formas, la fuga de capitales no es sencilla, puesto que para poder tributar en otra comunidad, es necesario demostrar que se reside en el domicilio de la región donde se declare durante, al menos, medio año.

EXPERTOS

Los economistas aplauden la decisión de subir el IRPF a las rentas más altas, aunque señalan que el efecto recaudatorio no será importante. El profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, Roberto Fernández Llera, considera que la medida "es adecuada", aunque la considera "simbólica". En su opinión, no tendrá "un gran efecto recaudatorio", pero considera que "es un mensaje nítido de que las rentas altas también deberán pagar la crisis". Sobre la propuesta de IU, Llera considera que "podría introducirse un tramo intermedio, con subidas progresivas". Además, duda de la eficacia de trasladar el domicilio fiscal, puesto que "el ahorro no compensa".

El decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente, asegura que "la medida es más estética que efectiva, porque recaudará poco". Pese a esto, considera que es adecuado "que sean los ricos los que más paguen, es lo normal". De la Fuente duda de que la subida implique una fuga fiscal, ya que, en su opinión, "no compensa", aunque considera que "debería existir coordinación entre autonomías". Además, pide "retocar el de sucesiones y subir los impuestos a las rentas del capital, entre otras medidas".