El abaratamiento del despido supondrá más paro a añadir al que se generará por la reducción del consumo interno al recortar el déficit...

La reforma laboral afronta la última negociación para evitar el decreto

El Gobierno, la patronal y los sindicatos se verán el miércoles y el Ejecutivo esboza un proyecto propio para negociar en la Cámara

Madrid / Oviedo, Efe / EP
El Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT afrontan pasado mañana, miércoles, la última oportunidad para pactar la reforma del mercado de trabajo y evitar así que el Ejecutivo la apruebe por real decreto, tras el ultimátum del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de que habrá reforma «con o sin consenso» el próximo día 16. La reunión del miércoles se celebrará un día después de la huelga de funcionarios convocada para mañana, martes, contra el recorte de salarios públicos aprobado por el Gobierno dentro de su política de ajuste del gasto.

Si finalmente las partes no pactan una reforma del mercado de trabajo el miércoles, desde ese día y hasta el 16 , el Ejecutivo intentará pactar su propuesta con los grupos parlamentarios.

La fecha tope de negociación es el Consejo de Ministros del próximo 16 de junio, en el que la reforma se aprobará con o sin acuerdo con los agentes sociales.

Tras más de cuatro meses en negociaciones formales, pero casi dos años de conversaciones hasta ahora baldías, el Gobierno, en caso de que tenga que acometer la reforma por la vía del decreto y no del consenso con empresarios y sindicatos, tratará de sacar adelante una propuesta a mitad del camino entre las posiciones de unos y otros.

Lo que se está barajando hasta ahora y lo que se ha filtrado apunta a que el Ejecutivo podría facilitar los despidos por causas económicas ampliando sus supuestos, con lo que extendería la indemnización de 20 días por año trabajado en vez de los 45 del despido improcedente actual. A cambio, tratará de dificultar el ejercicio del despido rápido (el llamado «despido express») que se puso en marcha en la época de Aznar y que supone para el empresario el pago de la indemnización máxima a que haya lugar pero ahorrándose los llamados salarios de tramitación, es decir, el pago al trabajador mientras dure el proceso en Magistratura si el fallo determina finalmente que el despido es improcedente.

Los empresarios han recurrido de forma masiva a este procedimiento, para el que es condición depositar en las 48 horas siguientes a la salida del trabajador la indemnización aplicable al despido improcedente. Por esta vía se realizan en España el 80% de los despidos, presentándose como despidos disciplinarios, incluso si responden a causas económicas.

Otra de las reformas en la que parece estar trabajando el Gobierno es la modificación de la negociación colectiva. En concreto, el Ejecutivo ha esbozado en un borrador la posibilidad de facilitar la actual cláusula de descuelgue, según la cual empresas y trabajadores pueden rebajar sus condiciones laborales al margen de los convenios nacionales o sectoriales.

El Gobierno se mueve bajo la amenaza de convocatoria de una huelga general si los sindicatos aprecian recortes de derechos a los trabajadores.

Gobierno

El Ejecutivo trata de agotar la negociación para ganar tiempo, alejar la huelga general y dar la oportunidad al pacto con patronal y sindicatos. Si éste no se logra, prevé ampliar los supuestos para la indemnización con 20 días pero limitando el «despido express».

Agentes y expertos

La CEOE pidió en febrero despido con indemnización de 22 días para nuevos contratos en vez de los 33 que ofreció el Gobierno. El grupo de 100 economistas reclama contrato único con despido según la antigüedad. Otros economistas piden flexibilizar la negociación colectiva.

ENTREVISTA AL SRIO. GRAL. DE LA U.G.T.

«Si se abarata el despido, no se creará más empleo, sino que aumentará el paro»

«De no alcanzarse un acuerdo sobre la reforma laboral, todos tendríamos que dar explicaciones a la ciudadanía»

CÁNDIDO MÉNDEZ Secretario general de UGT

Alicante, R. CARRIZOSA, para La Nueva España
Cándido Méndez, secretario general de UGT, se muestra cauto sobre la negociación de la reforma laboral a escasos días de la última reunión negociadora, que se celebrará pasado mañana. De no llegar a un acuerdo el miércoles los agentes sociales, el Gobierno optará por aprobar su propia reforma del mercado de trabajo y la negociación colectiva mediante decreto. Méndez insiste en la necesidad de llegar a un pacto. Late además la amenaza sindical de convocar una huelga general contra las reformas del Gobierno.

-¿La ciudadanía entendería que no haya acuerdo en momentos tan cruciales para la economía?

-En la búsqueda de un acuerdo, a nosotros nos empuja la defensa de los derechos de los trabajadores, particularmente de jóvenes y parados de larga duración. Los mayores de 45 años son los que se pueden quedar en la cuneta cuando se inicie la recuperación. Pero también nos empuja el afán de enviar un mensaje de confianza a la sociedad. Me parece incívica la actitud de aquéllos que intentan desviar el foco del problema real, que sigue estando en las dificultades de pymes y familias para acceder a los créditos. La solución de los problemas del paro no está en la reforma laboral. Hace falta reestructurar el sistema financiero. Si de la reforma laboral dependiera la creación de empleo, que a nadie le quepa la menor duda de que los sindicatos la hubiéramos firmado hace dos años. De hecho, las cifras de paro de mayo lo ponen de manifiesto porque ha bajado el desempleo y seguimos teniendo el mismo marco laboral. La mejora del desempleo se debe a la actividad económica por la inercia de las políticas públicas que se han puesto en marcha en los últimos meses y que, lamentablemente, el Gobierno ha truncado ahora, con los recortes.

-El abaratamiento del despido parece el gran escollo.

-Los sindicatos no compartimos que se quiera hacer más fácil el despido porque lo que se produciría sería un aumento mayor del paro. Planteamos una fórmula que tiene que gravitar sobre dos ejes, que están vinculados. Uno es mejorar la flexibilidad interna de las empresas. Como en otros países, las empresas deben buscar fórmulas distintas de la rescisión de contratos para aguantar el embate de la crisis, como una reorganización del trabajo o de horarios, mediante una mayor facilidad en la utilización de los expedientes de reducción de jornada -y éste sería el otro eje- como alternativa a los de extinción de jornada laboral. Ahora, en España los expedientes de reducción de jornada tienen límites y habría que flexibilizarlos por el mínimo y el máximo.

-¿Pero hasta ahora han cedido en algo las partes?

-Los sindicatos, sí, y los que están negociando lo saben. La posición del resto de las partes la tienen que expresar sus representantes.

-¿Se alcanzará un acuerdo el miércoles, antes de que la reforma se apruebe por decreto?

-Podremos llegar a un acuerdo si es útil para la economía real y resuelve problemas del mercado laboral, pero no para taparles la boca a los mercados financieros. Pretender enviar un mensaje a estos mercados con la reforma laboral supondría que ésta fuera el exponente de una devaluación laboral como sustituto a la imposible devaluación española de la moneda. Esto es el nervio del problema.

-Si no hay acuerdo, ¿saldrán debilitados patronal y sindicatos?

-El acuerdo tiene mucho valor más allá del contenido. Y por eso es muy importante alcanzarlo. Si no fuera así, todos tendríamos que dar explicaciones de por qué no se ha alcanzado un acuerdo. Y no seríamos las organizaciones sindicales las que estuviéramos en peor posición para explicarlo. Esta reflexión, que a nosotros nos preocupa mucho, debería hacérsela con mucha profundidad la patronal.

-Y después de la reforma laboral, ¿qué?

-Se puede hacer una buena reforma laboral que contribuya a mejorar la calidad del empleo y la productividad de las empresas. Pero no sería la solución para los problemas de la economía. La recuperación del empleo tiene que venir por el crecimiento de la economía. Y éste tiene que venir de la apertura del grifo del crédito para las pymes y a las familias por parte de las entidades financieras, que no están respondiendo adecuadamente, y de mantener una política a favor del crecimiento económico, que lamentablemente el Gobierno ha roto, y no imponiendo el recorte prematuro del déficit público que puede condenar a España y a Europa a transitar por la crisis con unos niveles muy altos de paro y a lo largo de años. Ése es el riesgo que estamos corriendo y ese riesgo no lo va a resolver la reforma laboral.

-Mucha gente no entendería ahora una huelga general, ya que no se hizo cuando el paro parecía imparable.

-Son simplismos. Nosotros hemos desarrollado una política sindical muy responsable. El aumento de desempleo no se debe a las rigideces del marco laboral, sino al desplome de la economía. Con la misma normativa laboral fuimos de los países que más empleo crearon en Europa porque había una onda de crecimiento muy fuerte; aunque era un crecimiento con pies de barro porque estaba basado en el conglomerado inmobiliario y financiero. Ésos son los problemas: de estructuras productivas y de tamaño de empresas. Hay una ofensiva de opinión publicada que pretende culpar a los sindicatos y a los trabajadores de los males de la economía, cuando los trabajadores son los que la padecen en primera línea.