O sea que los argumentos “en contra” de los Acuerdos de septiembre de 2009, firmados por CSIF, UGT y CC.OO., ahora tienen que ser “a favor” para poder recurrir

EL ACUERDO NO SOLO NO ERA MALO SINO QUE ES IMPRESCINDIBLE

El «tijeretazo», a la vía penal

Usipa, sindicato mayoritario en las consejerías del Principado, denuncia a Zapatero ante el Supremo por ir contra los derechos de los trabajadores, por malversación y por usurpación de atribuciones.

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El recorte salarial a los empleados públicos, conocido como «tijeretazo», llegará a la vía penal. El sindicato Usipa, mayoritario en las consejerías del Principado, ha denunciado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de atribuciones. Según José Luis González, presidente de la junta de personal funcionario, donde representa a Usipa, es la primera denuncia de esta naturaleza en todo el país.

Usipa formalizó esa demanda el pasado viernes, después de que muchos de sus afiliados planteasen la posibilidad de llevar a cabo esa acción judicial en el transcurso de las asambleas internas, previas a las movilizaciones de las últimas semanas. Este sindicato, que cuenta con unos tres mil afiliados, argumenta en su denuncia que la decisión de Zapatero de recortar el sueldo a los empleados públicos se salta el acuerdo alcanzado con los sindicatos en septiembre pasado, que preveía un incremento salarial del 0,3 por ciento para 2010. El sindicato considera que el Gobierno, «en vez de reducir gastos superfluos, recorta el sueldo a los trabajadores como si fuesen los culpables de su mala gestión». Además, el sindicato sostiene que el presidente del Gobierno debía haber sometido las decisiones de congelar las pensiones y suspender las jubilaciones parciales al Pacto de Toledo. La demanda de Usipa también plantea que el Ejecutivo no puede acogerse a la existencia de «una causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas» para suspender los acuerdos firmados «pues ha mantenido gastos ajenos a todo interés público», tales como una partida de 2,2 millones, aprobada el 22 de mayo, para asociaciones dependientes de partidos políticos estatales presentes en el Congreso.