Entre Cataluña por arriba y Andalucia y Extremadura por abajo, ¿a quién nos parecemos más?...

Presión por la izquierda a la subida tributaria

El Principado aplicó el modelo catalán y se vio superado por Extremadura y Andalucía

Migoya afirma que el Gobierno regional no cambiará su decisión, aunque deja la puerta abierta a que lo haga la Junta

13.06.10 - J. R. E. / E. A. | GIJÓN / OVIEDO, en El Comercio.

La subida del tramo autonómico del IRPF acordada por el Gobierno del Principado se proyectó de acuerdo con un baremo similar al adoptado por otra comunidad gobernada por el PSOE, Cataluña, e incluso podía presentarse a sus bases como una medida más progresista que la del Ejecutivo de José Montilla, al aumentar el impuesto a las rentas que superen los 100.000 euros, en lugar de los 120.000 del caso catalán. Sin embargo, la decisión del equipo de Vicente Álvarez Areces no tardó en ser superada a la baja por otros dos gobiernos socialistas, los de Andalucía (80.000 euros) y Extremadura (60.000). Una circunstancia que no ha desaprovechado Izquierda Unida para meter presión sobre su socio mayoritario de gobierno en Asturias, exigiendo que el aumento tributario se aproxime al decidido por el mismo partido en otros territorios.

¿Es factible que esta presión dé sus frutos y se modifique la cifra de ingresos a partir de la cual se subirá el principal impuesto directo? No en el seno del Gobierno del Principado, según dejo claro ayer mismo su portavoz, Ana Rosa Migoya. Sin embargo, las cosas pudieran cambiar cuando se pase al debate en la Junta General del Principado, en la que el PSOE no dispone de mayoría suficiente para dar de paso el proyecto del Ejecutivo. Así lo admitió también la consejera de Administraciones Públicas y portavoz, al señalar que, aunque la decisión del gabinete ya está recogida en el proyecto de ley y no va a cambiar, «a partir de ahí se discutirá en el ámbito parlamentario y el Gobierno ya no va a entrar en esa discusión».

No es la primera vez que el apoyo a las políticas de la Generalitat catalana pone a Areces en una difícil tesitura ante sus socios. Al inicio de la anterior legislatura, el jefe del Ejecutivo asturiano defendió públicamente en varias ocasiones la posición que defendía el entonces mandatario catalán Pasqual Maragall para la reforma del modelo de financiación autonómica. «No hay ningún fundamento que permita afirmar que Asturias perdería» con la propuesta catalana, decía el presidente del Principado en diciembre de 2003. Nueve meses después, lo que afirmaba es que la postura que defendía su correligionario catalán «rompe la España solidaria», pero entre ambas frases ya había tenido que soportar no pocas críticas sobre todo por parte del PP, pero también de la coalición con la que compartía el Gobierno, por su respaldo a Maragall.

En esta ocasión ha sido también Cataluña una de las primeras comunidades en acometer una reforma tributaria que incluya también a los titulares de las rentas más altas en el grupo de paganos directos de las consecuencias de la crisis económica y las medidas de ajuste presupuestario obligadas por ésta, tras los reproches generalizados a José Luis Rodríguez Zapatero por no hacerlo en el primer paquete de medidas del Gobierno central, que castigó sobre todo a funcionarios y pensionistas. La propuesta de Montilla fue subir dos puntos el IRPF a las rentas mayores de 120.000 euros y cuatro, a las que superen los 175.000.

Carácter técnico

El Principado quiere ahora destacar el carácter eminentemente técnico de las decisiones de las distintas comunidades autónomas. «Eso tiene que ver con las características y los ingresos medios de cada comunidad», por eso «no existe una cifra que se haya estandarizado, algunas comunidades están por debajo y otras por encima», explicó ayer Ana Rosa Migoya. Añadió que el Ejecutivo asturiano optó por el límite de los 100.000 euros «porque entiende que, si se trata de gravar las rentas a aquellos ciudadanos de nuestra comunidad que tienen los ingresos más altos, estaríamos en esa franja».

Unas explicaciones que no convencen a IU, dado que tampoco hay más razones que la decisión política para no ampliar o estrechar la franja de contribuyentes obligados a pagar ese punto más a la hora de cumplir sus obligaciones con Hacienda. Los ejemplos andaluz y extremeño siguen siendo la mejor baza para que la coalición reclame a su socio mayoritario una medida que se considere más «a la izquierda»; en concreto, pidió desde el inicio del debate aplicar la subida a partir de los 60.000 euros, la misma cifra aprobada en Extremadura. En el Consejo de Gobierno no logró su propósito, pero la Junta General le proporcionará un nuevo escenario para intentarlo.