La organización del servicio, potestad de las Gerencias, va ampliando poco a poco su campo en detrimento de la negociación y la participación
El Tribunal Superior de Justicia avala el recorte de guardias del Hospital Central
La sentencia de la polémica medida confirma otra de primera instancia
Oviedo, P. Á., en La Nueva España
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a la gerencia del Hospital Central en el controvertido recorte de guardias médicas aplicado en octubre de 2008. La sentencia confirma otra anterior del Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo que había sido recurrida por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal asturiano argumenta que «no puede pretenderse válidamente que en el ejercicio de la potestad organizatoria se esté obligado a dar audiencia a las organizaciones y asociaciones interesadas como si se tratase de una regulación de derechos y obligaciones que tenga un carácter de generalidad».
La reestructuración de las guardias generó una controversia notable en el Hospital Central de Asturias. Consistió, en unos casos, en la supresión de las mismas; y, en otros, en un cambio de modalidad. Para algunos médicos conllevó una reducción salarial. El SIMPA sostenía que dicha medida requería, por una parte, recabar previamente la convalidación de la junta técnico asistencial del Central -en la que están representados todos los estamentos sanitarios del hospital-; y, por otra, ser negociada con las organizaciones sindicales, pues el SIMPA considera que se trata de un cambio de las condiciones de trabajo. A juicio del Sindicato Médico, ninguno de estos dos trámites fue cumplimentado. Sin embargo, la sentencia de primera instancia establecía que el pronunciamiento de la junta técnico asistencial no era preceptivo. Y agregaba que una decisión de esta naturaleza forma parte de la potestad organizativa de la gerencia del complejo sanitario ovetense. «Estamos ante simples medidas de organización del servicio», argumentaba el juez.
Según explicó días atrás el consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, su departamento ha conseguido un ahorro anual de 3,9 millones de euros con la supresión de guardias tanto en los hospitales como en los centros de salud.
0 comentarios