Habrá un registro de “objetores” aunque la profesionalidad, en este tema, nada tiene que ver con la conciencia

La nueva ley supera el mes desde su entrada en vigor.

La objeción médica obliga a la mujer a acudir a clínicas privadas para abortar

Salud pagará más de 600.000 euros anuales por las intervenciones fuera de la red pública.

Los hospitales del Sespa practicarán sólo las interrupciones por malformaciones fetales.

16/08/2010 PABLO ZARIQUIEGUI, en La Voz de Asturias

Un sistema mixto. Abortos hasta la semana 14 de gestación en clínicas privadas y abortos por malformaciones fetales en hospitales públicos. Es la estrategia que ha diseñado la Consejería de Salud para desarrollar en Asturias la nueva ley que consagra la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer. Amelia González, directora general de Salud Pública, afirma que se ha buscado la mejor solución para evitar que las mujeres tengan que deambular por los centros públicos buscando un médico que quiera practicar la intervención.

La nueva ley del aborto, que ha superado ya el mes desde su entrada en vigor, articula un sistema de plazos. Hasta la semana 14, la mujer puede interrumpir la gestación, de forma libre y gratuita, en cualquier centro público o privado. Por encima de la semana 14, la práctica del aborto debe estar recomendada por una indicación médica. Con la nueva ley en la mano, por lo tanto, una mujer puede ya pedir cita en un centro público o privado, en los estados iniciales del embarazo, para poner fin a la gestación.

La directora general de Salud Pública señala, sin embargo, que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, reconocida por la Constitución, limitará de forma muy importante la práctica de abortos en los hospitales públicos. Y es que, a falta de establecer un registro sobre el número de profesionales que se niegan a llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, la dirección general de Salud Pública da ya por hecho que el porcentaje será altísimo. De hecho, ya lo era con la anterior ley del aborto.

De ahí que, para la Consejería de Salud, la solución que se ha buscado sea la mejor. "La Administración debe garantizar que la mujer pueda hacerlo", asegura Amelia González. "La salida que hemos arbitrado me parece acertada, razonable y correcta", añade la responsable de Salud.

La Administración, lógicamente y cumpliendo la ley, incluye como una prestación sanitaria del sistema público de salud la interrupción voluntaria del embarazo. En qué consiste entonces la estrategia diseñada por el Principado? La solución se asienta sobre dos pilares. De un lado, la Consejería de Salud ha llegado a acuerdos para que la práctica totalidad de los abortos de hasta 14 semanas se lleven a cabo en clínicas privadas debidamente acreditadas. La Administración, eso sí, y ésta es una novedad de la ley, correrá a cargo de todos los gastos que suponga la intervención. De otro lado, los hospitales públicos realizarán casi únicamente las interrupciones por malformaciones fetales. La directora general de Salud Pública entiende que no habrá problemas para llevar a cabo estas operaciones en el sistema público vinculadas, sobre todo, a las unidades de diagnóstico prenatal ya en funcionamiento.

Amelia González subraya que, desde un punto de vista técnico, todos los hospitales de Asturias están capacitados para llevar a cabo abortos. El problema reside, sobre todo, en la colisión de dos derechos reconocidos legalmente. La ley consagra el de la mujer a abortar, dentro de unos parámetros, pero también el de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia. González subraya que es posible que algunos médicos acepten practicar abortos en los hospitales públicos en embarazos de menos de 14 semanas, pero añade que, en todo caso, su número será muy reducido, prácticamente simbólico. La Consejería de Salud ha establecido o tiene previsto establecer, tal y como marca la ley estatal, un sistema de convenios con clínicas privadas. Son, en el caso de Asturias, Buenavista, Sirona y Belladona. Amelia González afirma que el Servicio de Salud de Principado abonará a estos centros privados 364 euros por proceso. Tomando como base las estimaciones de 2008, último año con datos totales, la Administración autonómica abonará al año aproximadamente 600.000 euros a las clínicas privadas por llevar a cabo estas intervenciones. Ese año se realizaron en Asturias un total de 1.679 procesos, la amplísima mayoría de ellos, hasta 1.644, se practicaron en clínicas y hospitales privados. Y también la mayoría fueron de interrupciones voluntarias del embarazo por debajo de la semana 14 de gestación. La Administración sanitaria da por hecho que la nueva ley no tiene por qué variar el número de intervenciones.

El Principado da por hecho que creará un registro de profesionales objetores

16/08/2010, La Voz de Asturias

Anticipadamente y por escrito. Son las dos exigencias que marca la nueva ley del aborto para los profesionales sanitarios que deseen acogerse a la objeción de conciencia. La Consejería de Salud señala que no existe aún experiencia suficiente --la nueva ley lleva apenas un mes en vigor-- para saber cómo se desarrollará en Asturias la objeción de conciencia. Amelia González da por hecho que, en la práctica, se acabará constituyendo un registro oficial con los profesionales objetores. González subraya que, sobre el papel, el médico podría objetar a cada intervención quirúrgica de interrupción del embarazo, pero añade que parece más lógico que, si renuncia a una, lo haga a todas. "No tiene mucho sentido volver a programar una intervención con un profesional que ya ha objetado", subraya la directora general. De ahí que la autoridad sanitaria, en colaboración con el Servicio de Salud del Principado, piense que finalmente acabará por constituirse en la comunidad autónoma un registro, aunque sea de forma involuntaria, con el número de objetores.

Amelia González DIRECTORA GENERAL DE SALUD PUBLICA : "Soy médico y no creo ser peor profesional por defender el aborto"

16/08/2010 PABLO ZARIQUIEGUI, en La Voz de Asturias.

-- Por qué era necesaria una nueva ley del aborto?

--Creo que, fundamentalmente, porque, tal y como estaba la anterior ley, había una inseguridad jurídica importante. Había casos que llegaban a los juzgados y que suponían escándalo y alarmismo. El aborto no es una cosa que la inmensa mayoría de las mujeres haga con agrado, pero tampoco es ninguna de las carnicerías que, a veces, se suelen exponer como propaganda.

-- Cree que la nueva ley incrementará el número de abortos?

--No lo creo. Lo comprobaremos cuando llevemos un periodo razonable, de seis meses, pero no lo creo porque la nueva ley es bastante más garantista que la anterior. Hay un periodo hasta las 14 semanas de decisión propia de la mujer, pero, por encima de ese periodo, se requiere mucho mayor nivel de garantía y es siempre por indicación médica. No creo que las mujeres vayan a abortar más porque el aborto se toma cuando no hay otra salida.

--Tradicionalmente se liga aborto y progresismo, pero el aborto indica un fracaso de la contracepción. Cómo valora esta paradoja?

--La paradoja es cierta. El aborto sólo tiene un aspecto progresista y es que reconoce un derecho de la mujer. El aborto, como la decisión de llevar el embarazo adelante, implica el reconocimiento del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, eso es lo progresista. Pero no es progresista porque se reivindique algo bueno, saludable, que haga a la gente más feliz. Es una intervención que se toma porque ha habido un fracaso en todas las políticas previas. No sé en qué porcentaje podría ser evitable, pero tenemos que tender a que sea evitable.

--Los críticos señalan que las comunidades autónomas han fracasado.

--Yo tengo la consideración de que las políticas son mejorables, pero responsabilizar a la Administración es una manera de mirar para otro lado. El aborto es un problema social, no de la Administración. Tiene también una responsabilidad la familia, las relaciones entre padres e hijos, el propio nivel de maduración de las personas, la situación económica. Cuando una mujer decide abortar, lo hace porque tiene una imposibilidad clara para continuar el embarazo. No puede porque es demasiado joven, porque está sola, porque se siente muy abandonada...

-- O porque no hay ayudas?

--No, yo creo que hay ayudas. En la información que la ley obliga a dar a la mujer, vienen todas ellas. Es verdad que se pueden incrementar, pero no creo que sean especialmente escasas.

--Ha pasado ya un mes, qué respuesta tiene de cómo se está aplicando la ley?

--Con normalidad. No se están detectando, es una impresión que me transmiten las clínicas, ni más demanda ni menos. La situación es de normalidad.

-- A qué obedece la vehemencia de los médicos del sistema público contra el aborto?

--Si le digo la verdad, me cuesta trabajo entenderlo. Soy médico y no me considero peor profesional por defender este derecho. Creo que el ejercicio de la profesión, que es salvar vidas, cuidar, acompañar, ayudar a los enfermos no es incompatible con una prestación sanitaria que significa un legrado, en una fase en la que la mujer tiene y puede decidir sobre su propio cuerpo.

--Algunas comunidades autónomas se han declarado insumisas.

--Me parece un gravísimo inconveniente y un asunto lesivo para las mujeres. No se puede cumplir sólo las leyes que gustan. Si, pongo un ejemplo, a mí no me gusta la ley de seguridad social porque no me gusta soplar por un tubo, me cuesta la cárcel, la multa o la sanción.

--Valencia prevé mostrar a quienes deseen abortar imágenes de fetos.

--Me parece directamente casi, casi, terrorismo psicológico. El diagnóstico de un embarazo se hace por ecografía. Cuando se lleva a cabo, hay una pantalla para poderlo ver. La mujer sabe que está embarazada . Por qué hurgar en la herida? Por qué ponerle eso delante si no va a modificar su situación, sino a añadir dolor y sufrimiento gratuito? Es inadmisible y sádico.

--La jerarquía eclesiástica insiste en comparar el aborto con el genocidio.

--Me parece una postura cínica. Entiendo y respeto que la Iglesia les diga a sus fieles que no aborten, pero no puede hacerlo extensivo a toda la población. Y hay que recordar, por otra parte, que la Iglesia católica no es que esté libre de participar en genocidios; la hemos visto cómplice de múltiples situaciones complicadas. Entiendo y respeto que les diga a los católicos que cometen un pecado si abortan, pero no comenten un acto delictivo. Me parece simplemente cínico que hagan comparaciones indebidas.