Y aumentan las razones para la huelga general del 29-S

La reforma laboral pasa el trámite en el Senado

Los partidos dan el visto bueno a la reforma laboral

El PP secunda la propuesta del PSOE para que los desempleados pierdan prestaciones si rechazan cursos un mes después de comenzar a cobrar

Madrid / Agencias, en La Nueva España
La Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer la reforma laboral con los votos favorables del PSOE, de los catalanistas agrupados en Entesa (donde el PSC es mayoritario) y del Grupo Mixto, los votos en contra del PP y las abstenciones de CiU y PNV, que resultaron decisivas. El PSOE llegó con tres enmiendas pactadas con todos los grupos, entre las que destaca la rebaja de 100 a 30 días del plazo para que los parados puedan rechazar cursos de formación sin ser sancionados. Incluso el PP se sumó a esta iniciativa, por considerar que sirve para controlar el fraude en las prestaciones de paro, pero lo hizo a cambio de que el texto incluyera que la formación se adecue al perfil profesional de los desempleados.

La reforma laboral sale de la Cámara alta con algunas precisiones menores en temas como el despido y una aportación de más calado sobre las prestaciones de desempleo. La decisión de endurecer el control sobre los subsidios y sobre la obligación de formarse de los parados, que pueden llegar a perder sus prestaciones si rechazan participar en cursos, ha avivado las críticas sindicales. UGT y CC OO denunciaron ayer que, a la luz de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, aumentan las razones para la huelga general del 29-S.

La votación general de la reforma arrojó inicialmente un empate en la Comisión de Trabajo: doce votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. Pero aplicando el procedimiento del voto ponderado, que tiene en cuenta la representatividad de cada grupo en el Pleno del Senado, el resultado fue finalmente favorable al texto. El procedimiento de votación de los grupos en bloque impidió, por otra parte, que ERC e ICV, incluidos en Entesa, pudieran rechazar el proyecto en su conjunto.

A pesar de las posiciones globales sobre el proyecto de ley, los grupos intercambiaron apoyos sobre algunas enmiendas parciales. El PP apoyó una del PNV que restringe la conversión en trabajadores fijos a sólo los temporales que hayan realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto» con contratos encadenados durante tres años, ampliables a otro más. En la legislación actual la única condición es que encadene tres contratos.

Los nacionalistas vascos también consiguieron eliminar como causa legal de despido que el absentismo laboral global de una empresa llegue al 2,5%. Ahora se valorará si el empleado falta el 20% de su jornada hábil en dos meses consecutivos.

En contra de lo ocurrido en el trámite del Congreso, las razones del despido objetivo indemnizado con 20 días no se debatieron, ante la negativa del PSOE de pactar con CiU un cambio en las causas económicas con el que los catalanes pretendían precisar el texto. Lo único que consiguió CiU al respecto fue una «corrección lingüística», aceptada por el letrado de la Comisión, por la que se cambió una coma por un punto y coma, que -a juicio del senador de ese grupo Jordi Casas- «facilita» a los empresarios el despido por esta causa y a los jueces su interpretación. El texto ahora dice que concurren causas económicas para el despido cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos».

En cuanto a la intermediación laboral, el PSOE aceptó incluir que tenga consideración de «servicio de carácter público» con independencia de que el agente que la realice sean los servicios públicos o las empresa de trabajo temporal. El PSOE logró que se aprobaran todas sus enmiendas, también la que obliga a pagar en dinero a las trabajadoras del hogar el salario mínimo interprofesional (633 euros) y que no compute como sueldo el pago en especies.

El Senado consuma el gran "atraco a los trabajadores"

Ese es el título que le han puesto los sindicatos a la reforma laboral del Gobierno y uno de los motivos por los que animan a secundar la huelga general del 29 de septiembre. La Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado ha dado luz verde, entre otras, a la enmienda socialista por la que se reduce el tiempo del que disponen los parados para solicitar cursos de formación, el llamado "periodo de gracia", de 100 a 30 días.

NUEVATRIBUNA.ES /L.M.

Sólo falta un paso. La reforma laboral vuela hacia el Congreso, después de recibir este miércoles el visto bueno del Senado en una ajustada votación. Antes, el Gobierno deber decidir si admite algunas enmiendas, como la que da una vuelta de tuerca a los parados a fin de que se vean obligados a aceptar ofertas de empleo. Algunos senadores -como la socialista Matilde Fernández- tuvieron durante el debate inusitados arrebatos de claridad dialéctica, siempre, eso sí, dirigidos a exculpar al Gobierno de todo mal. Así, la que fuera ministra de Trabajo culpó de la intensa destrucción de empleo al “poder político de la banca” y lamentó la “mala pata” de que Gerardo Díaz Ferrán presidiera la patronal en la última ronda del Diálogo Social. “Ha sido una desgracia para todos”, sentenció.

Veintiséis senadores decidieron el destino de lo que supone el “mayor ataque" contra los derechos laborales en los últimos 30 años, según opinión sindical. No fue ésa, sin embargo, la opinión mostrada por gran parte de los senadores, que lamentaron, sobre todo desde las filas de la derecha, la “oportunidad perdida” para acometer cambios de calado en el mercado de trabajo español.

Aun así, la reforma laboral recibió luz verde gracias a los votos del Partido Socialista, la Entesa y el Grupo Mixto, y con la oposición del Partido Popular. En la comisión de Trabajo del Senado, el texto cosechó un total de 12 votos a favor (PSOE, Entesa y Grupo Mixto), 12 votos en contra (PP) y 2 abstenciones (CiU y PNV). Un empate técnico que obligó a recurrir al sistema de voto ponderado, que tiene en cuenta el número de senadores con el que cuenta cada grupo en el Hemiciclo.

El PSOE, que suma un total de 105 senadores en el Pleno, pudo contar con los 16 senadores de la Entesa y los 8 del Grupo Mixto, lo que arroja un total de 129 votos a favor de la reforma laboral, frente a los 123 senadores que suma el Partido Popular. Por su parte, CiU (siete senadores en el Hemiciclo) y PNV (cuatro) volvieron abstenerse en la votación, como ya ocurrió el pasado mes de julio en el Congreso.

MATILDE Y EL PODER POLÍTICO DE LA BANCA

La portavoz socialista Matilde Fernández se encargó de defender un proyecto de ley que introduce “pequeños” cambios, dijo, en seis leyes como son el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo y la Ley de Seguridad Social, entre otras. En su opinión, la reforma será “positiva” para “todos” los trabajadores, pero “sobre todo” para aquellos que “no tienen un empleo” o que tienen “un empleo precario”. “Por mucho que lo digamos, no lesiona los derechos de los trabajadores”, insistió. “Eleva la flexibilidad interna de la empresa y redunda por tanto en una mayor competitividad”.

En cuanto a los empresarios, la ex ministra les aconsejó hacer “una reflexión muy seria” sobre su falta de inversiones. Durante la última etapa de expansión, crecieron “mucho” los beneficios empresariales, y “muy poco” los costes laborales, recordó. “Inviertan en sus negocios para hacerlos más competitivos”, aconsejó.

Además, Matilde Fernández tuvo muy presente el fracaso de la última ronda del Diálogo Social -donde se discutió previamente esta reforma- y lamentó la “mala pata” de contar al frente de la patronal con una persona “que no estaba en los intereses generales, sino en cuál de sus empresas quebraba”, dijo en clara alusión a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Empresarial Española (CEOE). “Ha sido una desgracia para todos”, sentenció. “Así me quedo tranquila”, dijo.

NO ME HABLE DE DINAMARCA

“Esta reforma no es la panacea. Pero es la dirección en que queremos trabajar”, dijo la socialista, que protagonizó un 'rifirrafe' con el senador catalán Jordi Guillot (ICV-EU). La portavoz socialista justificó la intervención del Parlamento, tras la ruptura de las negociaciones entre sindicatos y empresarios, y negó que la reforma abarate el despido. “Cuando fracasa el Diálogo Social, el Parlamento tiene que actuar”, dijo. “No estamos haciendo nada distinto de lo que nos solicita la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y lo que el G-20 plantea y asumen otras naciones”. “Un país como Dinamarca va a reducir el cheque bebé, la ayuda a las familias, las políticas de protección y las políticas activas de empleo”.

Fernández argumentó que la reforma recoge los temas que estaban sobre la mesa del Diálogo Social, protagonizado por empresarios, Gobierno y sindicatos, que no logró llegar a un acuerdo el pasado mes de mayo. Luego, repasó las figuras del despido, que mantienen intacto el importe de las indemnizaciones por despido, para concluir que “esta ley es todo lo contrario a abaratar el despido”, dijo, tras recordar que, en el caso de los trabajadores temporales, la indemnización sube desde los 8 hasta los 12 días.

En su turno, Guillot replicó que “el problema es que se amplían las causas del despido”, aunque se mantengan intactas las indemnizaciones. “Si esto no lo entiende usted -que ha sido sindicalista- me preocupa”, sentenció. Respecto al gasto social, “no me hable de Europa”, añadió el senador catalán. “El día que tengamos el mismo gasto social que en Europa, me habla de Dinamarca”.

Según Guillot, la reforma deja las manos libres a los empresarios para fijar las condiciones de trabajo, tales como horarios, movilidad... Además, “limita mucho a los sindicatos en su capacidad de intervención”. Respecto a la negociación de convenios, “acercar la negociación colectiva al nivel de las empresas”, como pretende la reforma, “es llevar a los trabajadores a la derrota fija”, añadió el catalán.

Por su parte, el PP insistió en la idea ya apuntada al criticar lo que llamó “la reforma del despido” y propuso algunas alternativas. La portavoz 'popular' y líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, argumentó que la reforma “no aporta tranquilidad ni certidumbre, ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni a los mercados” y opinó que representa el “fracaso evidente de Zapatero en la lucha contra el paro”. “Es la reforma de la soledad”, dijo.

Para Josep María Esquerda, de ERC, con esta reforma España consolida “un modelo de mercado de trabajo basado en la mano de obra barata”. “España será para Europa lo que México para Estados Unidos”, dijo.