Un informe con muchos matices y elementos abiertos del gobierno catalán
Expertos plantean más copago y presencia privada para «aliviar» la sanidad pública
El segundo Informe Vilardell se hace eco de lo planteado ya por Ramón Quirós para que los jubilados de rentas altas paguen sus medicinas
29.08.10 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
Más participación privada para salvar la sanidad pública. Esta es la idea por la que apuestan diversos expertos que ven al sector privado -en ocasiones denostado en el ámbito sanitario- como el balón de oxígeno para las cada vez más comprometidas arcas del sistema público de salud. La propuesta forma parte del segundo Informe Vilardell, entregado por el Gobierno catalán a los diferentes consejeros autonómicos (entre ellos, el asturiano Ramón Quirós) durante el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado a finales de julio pasado.
El documento, un compendio de 42 páginas, plantea el aumento de la presencia privada para «aliviar» a la sanidad pública, cuya sostenibilidad económica empieza a estar en entredicho. Los expertos son claros y afirman que «hay que reforzar la regulación del sector privado dentro del conjunto del sector salud, de manera que se alinee a los objetivos del sistema de salud, especialmente en el contexto que tenga una presencia creciente para disminuir la presión sobre el gasto público».
Pero no es éste el único planteamiento. Los autores del segundo Informe Vilardell ponen encima de la mesa otras fórmulas para salvar a la sanidad pública. Las propuestas van desde ampliar el copago para «frenar la demanda y disminuir la presión sanitaria», cobrar por servicios adicionales que ofrezcan los hospitales (algunos apuntan a las comidas) o que el Estado deje de hacerse cargo de los costes derivados de los accidentes laborales para transferirlos a las mutuas.
Tasas y servicios
El referido estudio, que lleva por título el apellido del presidente de la comisión de investigación, Miquel Vilardell (presidente del Colegio de Médicos de Barcelona), fue elaborado por 13 especialistas de distintas disciplinas y reconocido prestigio. Sus propuestas están siendo ahora analizadas por las diferentes autonomías, que debatirán sobre el contenido de este trabajo en el próximo Consejo Interterritorial de Salud que presumiblemente se celebrará en septiembre.
A la vuelta de las vacaciones, los consejeros de Salud deberán indicar si están de acuerdo con los planteamientos del Gobierno catalán de «revisar los actuales mecanismos de copago» para el uso de algunos servicios y prestaciones públicas. Ramón Quirós ya se pronunció sobre este asunto en más de una ocasión. El consejero asturiano fue uno de los primeros en plantear que se modificara el actual sistema de copago de las medicinas, con el fin de que los pensionistas de rentas altas comenzaran a pagar parte del coste de los fármacos que consumen, de cuya financiación se encuentran ahora eximidos. En cuanto al contenido del nuevo Informe Vilardell, Quirós adelantó en julio que se trataba de un trabajo «interesante», aunque no fue más allá su valoración a la espera de hacerlo en el Consejo Interterritorial.
No es la primera vez que expertos sanitarios alertan sobre el delicado estado de la sanidad pública española. El temor a que el modelo entre en quiebra está más que fundado. Basta con analizar algunos datos de evolución para advertir del peligro financiero que se cierne sobre las autonomías. En Asturias, por ejemplo, el gasto sanitario ha crecido un 70% en ocho años. Se trata de un aumento difícil de soportar para cualquier arca pública (máxime en tiempos de crisis), pero sobre todo para una como la asturiana, donde el peso de la sanidad se lleva el 38% del gasto liquidado del Principado. En 2002, año en que la región comenzó a gestionar las competencias que hasta entonces tenía el Insalud, la factura sanitaria era de 981 millones de euros. Ocho años más tarde, en 2009, llegaba a 1.657 millones. Es decir, un 68,89% más.
Otro punto sobre el que parece haber bastante consenso es que los pacientes empiecen a pagar por servicios adicionales relacionados de los hospitales «exclusivamente con el confort» y que «no sean sustantivos para la asistencia sanitaria». Algunos de los especialistas apuntan, por ejemplo, a las comidas que se dan en los hospitales o a los servicios de televisión, telefonía e internet que hay en buena parte de las habitaciones. También proponen que las personas que cuenten con un seguro médico privado puedan desgravar en su declaración de la renta, o que los edificios sanitarios no paguen el IBI. Asimismo, plantean revisar a la baja el IVA que recae sobre ciertos productos sanitarios o aumentar los impuestos vinculados al tabaco y al alcohol.
Prohibir por contrato recibir regalos o viajar a costa de empresas farmacéuticas
29.08.10 - L. FONSECA | GIJÓN, para El Comercio.
Prohibir por contrato recibir regalos, asistir a congresos o viajar a costa de empresas farmacéuticas. Esta es otra de las propuestas barajadas en el segundo Informe Vilardell para los profesionales de la sanidad pública. Los especialistas consideran necesario «obligar a la declaración de conflictos de intereses» para el personal sanitario. De hecho, se preguntan «por qué si la industria farmacéutica no permite que sus trabajadores reciban regalos de cualquier proveedor, el sistema de salud lo permite». En este sentido, los autores de la investigación afirman que «la falta de regulación de las relaciones con la industria proveedora es una de las causas principales de ineficiencia del sistema de salud, además de una causa importante de mala práctica y de iatrogenia».
Siguiendo en el ámbito de la prescripción farmacéutica, los autores del Informe Vilardell abogan a su vez por que la administración intervenga en el proceso de suscripción de medicamentos. Asegura, en este sentido, que sería necesario «no dejar la prescripción sólo en mano de profesionales y usuarios». También insta a que las comunidades puedan decidir sobre el precio de las medicinas y a propiciar la congelación de las plantillas de trabajadores.
ALGUNOS DE LOS MATICES DE ESTE INFORME
Texto obtenido de una noticia aparecida en el diario Públic el 10 de agosto de 2010
De los 13 profesionales y expertos que participaron en la redacción del segundo Informe Vilardell, cuatro quisieron explicitar en votos particulares sus críticas y matices a una posible fórmula de copago sanitario, a pesar de que el redactado final ya dejaba claro que no había un acuerdo en este sentido.
Vicenç Navarro, Licenciado en Medicina y Cirugía y catedrático de políticas públicas
La aportación de Vicenç Navarro es la más extensa y precisa. Analiza diversas fórmulas de copago. Por un lado, habla del pago de un euro por cada visita como fórmula para evitar que el usuario abuse del sistema. “En realidad, no hay evidencia de que haya este abuso”, señala. Así, afirma que, aunque las visitas sanitarias por habitante son superiores a la media europea, “un 30% se deben a visitas de tipo administrativo (…) y el otro 20% son cuidados que en otros países cubre el personal de enfermería”. Así, apunta que por el contrario, la media de “visitas estrictamente clínicas, médicas” es similar a la europea y que el efecto disuasorio del euro sólo existiría en las rentas bajas.
En cuanto a la posibilidad de que pensionistas ricos paguen parte de los medicamentos, Navarro alerta de los peligros de limitar la universalidad del servicio.
Finalmente, el catedrático sí aceptaría que algunos servicios como la odontología o la podología se pagaran, pero con precios regulados, siempre que el gasto público no pudiera cubrir.
Josep Maria Via, Doctor en Medicina y Cirugía y máster en administración de servicios
En su aportación particular, Vía considera que “no se puede plantear ningún tipo de copago además de los mencionados en relación con el confort y los medicamentos en la medida que no se evidencie de manera explícita la implantación de medidas de mejora de la eficiencia y los resultados de estas medidas”. Del mismo modo, destaca que previamente hay que resolver “el agravio comparativo en materia de financiación autonómica que sufre Catalunya en relación con el conjunto de España”.
Santiago Marimón, Licenciado en administración y dirección de empresas
Marimón apunta que, a su juicio, “una redistribución del copago actual en función de la renta debería ser, en todo caso, posterior a la supresión de costes innecesarios y disfunciones existentes en introducir, difundir y dispensar los medicamentos”.
Joan Ramon Laporte, Licenciado en medicina y catedrático de farmacología
Laporte denuncia que el copago “descarga la responsabilidad sobre las ineficiencias del sistema de salud en el usuario” y que “el hecho de que la intensidad del copago dependa de la renta declarada crea desigualdad, porque es bien sabido que el nivel de fraude fiscal aumenta con el nivel de renta”.
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