En 2011, menos empleo público

El Comercio. 15.09.10 - ELISA GARCÍA | MADRID.

El Gobierno desvela que nueve de cada 10 bajas laborales no serán cubiertas

Nueve de cada diez bajas laborales que se produzcan en 2011 entre los empleados públicos quedarán sin cubrir, según informó ayer la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí. El ajuste supondrá un ahorro de 2.400 millones de euros en la Administración General del Estado (AEG). De esta manera, el Gobierno extiende su política de reducción de costes iniciada en el sector en 2010 con una rebaja salarial de un 5% (en término medio). Para 2011, el presidente Rodríguez Zapatero anunció la congelación. En ambos ejercicios, la tasa de reposición fijada en un principio y por consenso en el 15% ha disminuido por decisión unilateral del Gobierno al 10%.

El anuncio tuvo lugar en una reunión de la Mesa de la Función Pública a la que asistieron también representantes de las comunidades y de los sindicatos del área. El portavoz de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, expuso su preocupación por el deterioro que puede suponer el recorte de plantilla en servicios esenciales como la sanidad o la educación. «Espero que haya exclusiones y que en determinados lugares se cubra el cien por cien de las bajas», explicó.

Rumí subrayó que no todo son recortes. «En 2011 por primera vez se regulará entre los empleados públicos el accidente 'in itinere' y, a efectos de la pensión, se computan 112 días por parto y 14 más por cada segundo hijo», desveló. «Esto estaba reconocido en el régimen general -continuó- y no en las clases pasivas». La secretaria de Estado reiteró que es preciso desarrollar «una política responsable que se adecue a las circunstancias».

Enrique Fossoul, de CC OO, acusó al Gobierno de llevar a cabo «una pantomima». Recordó que el Estatuto del Empleado Público remite a la mesa la «negociación» de la revisión anual de las retribuciones básicas del conjunto de la función pública y lamentó que el Ejecutivo opte por «simplemente cubrir la apariencia de legalidad». A su juicio, la actitud del Gobierno «es una especie de farsa que transforma derechos en papel mojado» porque «la administración se ha acostumbrado a saltarse la ley».

Carmen Barrera, de UGT fue más radical. Resaltó que su organización no acudirá a nuevas reuniones si el Gobierno continúa con su política de incumplimientos. «En estas condiciones no estamos dispuestos a negociar absolutamente nada», dijo. Fossoul y Barrera coincidieron en que los recortes impuestos a los empleados públicos son «un motivo más» para secundar el 29-S.