Simultáneamente cinco comunidades autónomas, firmar un documento de consenso para defender la redacción de un nuevo Reglamento del Carbón en la UE

La Audiencia Nacional prolonga la suspensión de la ayuda al carbón hasta que decida el Supremo

La Sala de los Contencioso-Administrativo resuelve mantener las medidas cautelares que solicitaron las eléctricas y el alto tribunal no fallará hasta dentro de «unas semanas»

Madrid, Modem Press

Nuevo revés para el carbón autóctono. La Audiencia Nacional decidió ayer atender la petición de Endesa, Gas Natural-Fenosa e Iberdrola y mantener la suspensión de una parte esencial del desarrollo normativo del real decreto que incentiva la producción eléctrica con carbón nacional; en concreto, la que obliga a las compañías eléctricas a presentar en tres días las cartas de compromiso de adquisición de carbón hasta 2012. Sin ese trámite, el decreto no se puede aplicar.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional mantiene, tras la vista celebrada el miércoles, las medidas de urgencia que adoptó el pasado viernes hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por las tres empresas contra el fondo del real decreto. Ese fallo, según fuentes del propio Supremo, no se producirá hasta dentro «de unas semanas».

En los tres autos dictados por la Audiencia los jueces argumentan que el Tribunal Supremo, cuando desvió la causa sobre el desarrollo normativo del real decreto a la Audiencia Nacional, ya reconocía la «perentoriedad» del plazo, además de que la Comisión Nacional de la Energía recomendó en su día ampliar dicho plazo a un mes. Los magistrados recuerdan igualmente, que durante las deliberaciones posteriores a la vista del miércoles han «tenido conocimiento» de la suspensión por parte del Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo de la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto.

A partir de ahora, el Supremo tardará varias semanas en pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas contra el grueso de la normativa. En estos momentos, el proceso se encuentra en la fase de contestación del recurso por las partes afectadas y la sentencia sobre el fondo del asunto podría tardar, según explicaron fuentes jurídicas, un año.

El fallo dictado por la Audiencia Nacional, aunque sólo afecta a una parte del desarrollo normativo del real decreto, lo paraliza de facto al suspender las compras de mineral por parte de las eléctricas, elemento esencial de una norma que pretende garantizar el consumo de los 10 millones de toneladas de carbón que se producen anualmente en España. El nuevo retraso prolongará unos meses más la agonía de las empresas de la minería privada, que ven como las eléctricas llevan desde julio del pasado año sin comprarles carbón. La situación no ha afectado, de momento, a Hunosa, ya que la empresa pública vende toda su producción a HC merced a los acuerdos que mantiene desde hace años con esta compañía.

El fallo de ayer de la Audiencia Nacional, además de estrechar el cerco judicial contra el real decreto, desbarata los planes de Industria, que pretendía, si se hubieran levantado las cautelarísimas, comenzar a aplicar la norma, previa consulta con la Comisión Europea. Y es que Industria cree que la decisión de la corte luxemburguesa de suspender la autorización del real decreto no es vinculante para el Gobierno español.

La conjura del carbón

Asturias, Castilla y León, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha se unen para defender la continuidad de las ayudas al mineral y hacer frente a las eléctricas

Valladolid / Langreo, Agencias / L. M. D., en La Nueva España 

Los gobiernos de Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha unieron ayer sus voces para avisar al grupo de presión de las compañías eléctricas de que les tienen «en frente» y para mostrar su apoyo al Gobierno en la defensa del decreto de ayudas al consumo de carbón nacional. Los recursos judiciales planteados por las eléctricas contra la normativa del Gobierno, que han prosperado a nivel europeo y nacional con la paralización cautelar de las ayudas públicas, es visto por los ejecutivos de las comunidades con minas como un «acto de hostilidad y de enemistad» que estas administraciones «no olvidarán».

Los consejeros del área económica de cuatro de las cinco autonomías -faltaba Andalucía, que también apoya los acuerdos alcanzados- que tienen minas se reunieron ayer en Valladolid para firmar un documento de consenso para defender la redacción de un nuevo Reglamento del Carbón en la UE que no aboque al cierre a las empresas carboneras en 2014. El encuentro estaba previsto con anterioridad a los vaivenes producidos el enfrentamiento judicial con las eléctricas, pero las paralizaciones cautelares dictadas por los jueces han hecho que los Gobiernos regionales se hayan erigido como grupo de presión, un «lobby» alternativo al que forman las eléctricas. «Frente al grupo de presión de las eléctricas aquí está el grupo de presión de los ciudadanos y de los trabajadores», resumió el representante del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero Julián Sánchez.

Antes de la firma del documento, que suscribieron también las patronales mineras de España y Alemania, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pronunció una declaración institucional en la que insistió en que «no se entiende» que las empresas eléctricas denuncien ante los tribunales el pago de ayudas de apoyo al carbón autóctono por 300 millones de euros cuando ellas se benefician de apoyos públicos que suman «veinte veces más, hasta llegar a los 6.000 millones de euros». Graciano Torre, Consejero de Industria del Principado, subrayó este punto, recordando que «quieren cortar las ayudas a un sector cuando ellos mismos tienen beneficios millonarios gracias a las ayudas públicas».

El documento presentado por las autonomías expone en sus antecedentes el recorrido normativo de la Unión Europea en materia energética y las circunstancias nacionales que han respaldado la existencia de ayudas públicas para el funcionamiento de las explotaciones mineras. Además, proponen una serie de principios que en su opinión deben defender los gobiernos de España y Alemania -con intereses coincidentes- para cambiar la actual redacción del Reglamento Comunitario del Carbón, que tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2011. Entre otras cuestiones, demandan que las ayudas incluidas en el reglamento no estén vinculadas a un plan de cierre de las explotaciones mineras, ya que consideran que las empresas no asumirían el funcionamiento de unas compañías que tendrían previsto su cierre en 2014.

Graciano Torre recalcó tras el encuentro que el objetivo es conseguir «formar un grupo de apoyo fuerte a las ayudas al carbón», respaldando «las actuaciones del Ministerio de Industria en su defensa». El consejero de Industria expuso también que, además de los puntos del manifiesto, «hay que desmentir tajantemente que cerrando las minas se luche contra las emisiones de CO2». Graciano Torre señaló que en el Reino Unido, Dinamarca o Grecia no hay minas de carbón, pero sin embargo producen más del 30% de su energía con este mineral. «El cierre de las minas va contra las comarcas carboneras. Si no se consume el mineral autóctono, se quemará el de importación».