La excepción no es la regla

Si la falta de confianza fuera un motivo suficiente, nuestro país ya habría sido rescatado por la Unión

La presión de la opinión pública sobre los controladores sustituye la innecesaria prórroga del estado de alarma

 

20/12/2010/ La Voz de Asturias / Julio CÉSAR HERRERO

Lo s militares que vigilan las torres de control de los aeropuertos lo saben bien: no conviene humillar al enemigo y es oportuno dejarle opción al arrepentimiento, la rendición y a una retirada digna.

 

El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los Estados de Alarma, Excepción y Sitio establece que las medidas a adoptar y la duración de los mismos, “serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad”. Parece evidente que la normalidad se ha restablecido. Además, los controladores han pedido disculpas (inaceptables) y el 85% ha firmado una carta en la que aseguran que no habrá un nuevo plante.

 

En principio esgrimieron una merma sobrevenida de sus capacidades psicofísicas para abandonar su puesto de trabajo. Si esa reducción se produce de forma fortuita e imprevisible, ¿cómo pueden garantizar que no volverá a ocurrir? Si lo confirman es que, entonces, se puede controlar, luego el motivo real ha sido otro, previsible y consciente.

 

A pesar de ello el Consejo de Ministros ha resuelto prorrogar el decreto hasta el día 15 de enero. Se equivoca. Una medida excepcional es aplicable a situaciones excepcionales objetivas, no en previsión de que se puedan producir, por muy objetivas que sean las expectativas (que, en este caso, además, no lo son).

 

El Gobierno ha ganado la batalla de la opinión pública decretando el estado de alarma, militarizando a los controladores, restableciendo el tráfico aéreo y permitiendo la libre circulación de personas y mercancías. Además, ha generado una corriente de opinión favorable a su decisión. Era sencillo: se trataba de ir contra unos trabajadores de sueldos privilegiados (cierto revanchismo de la clase obrera alentando por una dosis no menor de envidia) y de ponerse al lado de los débiles.

 

El objetivo era solucionar una situación de crisis y se consiguió. Si el Ejecutivo no tuvo previsión en el manejo del contencioso con los trabajadores - lo cual es cierto-, al menos evitó en cierto modo que las consecuencias repercutieran en las personas que no tienen culpa alguna en la falta de acuerdo entre esos empleados y su empresa.

 

La prórroga se sostiene exclusivamente en la desconfianza que despiertan los controladores en el Gobierno. La medida, con ese argumento, no se justifica ni política ni legalmente. Además, Rodríguez Zapatero debería conocer mejor que nadie que si la falta de confianza fuera un motivo de peso nuestro país ya habría sido rescatado por la Unión Europea. Y no ha ocurrido.

 

Si no se hubiera prorrogado el decreto se podrían dar dos situaciones a las que el presidente no se ha querido exponer: que los controladores se comportaran e hicieran su trabajo o que no. La primera no habría planteado problema alguno. Y la segunda, tampoco. Si se hubiera producido un nuevo abandono de los puestos de trabajo, se podría volver a instaurar el estado de alarma y la militarización de los controladores en un tiempo muy reducido, como ocurrió el día 3.

 

Este escenario no sólo no repercutiría negativamente en el Gobierno sino que le brindaría sobradas razones para aplicar mano dura contra los controladores en sus condiciones laborales con el respaldo, además, de la opinión pública que, con certeza, clamaría porque se les pusiera en la calle y a disposición judicial.

 

Los trabajadores habrían traicionado un voto de confianza aunque resulta difícil de creer que, con la que les ha caído, fueran tan estúpidos como para poner nuevamente al país contra las cuerdas. Saben que, dadas las circunstancias, ni la convocatoria de una huelga sería comprendida por la sociedad. El escenario para el Ejecutivo no habría podido ser más favorable. Pero ahora debe evitar hacerles mártires. Desde ese momento, el escenario podría dar un giro radical. Y eso puede ocurrir aún si, además, la prórroga del decreto no es legal.

 

Finalmente, la actitud del partido Popular no puede ser más oportunista y cobarde. Si está de acuerdo con la decisión del presidente debería haberla apoyado. Si no, debería haber votado en contra. Si critica la política del “por si acaso” no cabe la abstención con la excusa de que es necesario garantizar la libre circulación de las personas, porque ése es precisamente el argumento del Consejo de Ministros. No se puede pretender nadar y guardar la ropa. En esto, tampoco.