Apoyo del Principado a una controvertida decisión municipal

Trabajo autoriza al Ayuntamiento a despedir a 100 personas de los planes de empleo

El Consistorio avilesino será el primero de España que solucione a través de un ERE sus problemas de plantilla provocados por una avalancha de sentencias desfavorables

Trabajadores de los planes de empleo, durante una protesta contra el gobierno el pasado día 16.  ricardo solís

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Avilés

La Nueva España. Saúl FERNÁNDEZ

El Principado autorizó ayer el despido masivo de cien trabajadores de los planes de empleo que pleitearon contra el Ayuntamiento de Avilés y que ganaron su indefinición en los tribunales. La autorización se fundamenta, principalmente, en la ausencia de una partida presupuestaria destinada para el pago de las nóminas de las cien personas afectadas, esto es, la resolución de la dirección general de Trabajo da por válido el argumento del Ayuntamiento de los despidos objetivos: no hay dinero y, en consecuencia, no puede ampliarse la nómina municipal. En el documento se puede leer: «... Consumidos los plazos previstos en la convocatoria y en el convenio entre la administración autonómica y la administración local, las contrataciones realizadas, ya indefinidas, quedan huérfanas de respaldo presupuestario».

 

El Ayuntamiento de Avilés se convierte, gracias a la autorización del gobierno del Principado, en el primero de España que soluciona el lío administrativo provocado por una avalancha de sentencias contrarias echando mano de un expediente de regulación de empleo (ERE). Hace unos meses el ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), en manos del PSOE, había promovido un despido masivo de gran parte de su personal. La Junta de Andalucía -también, del PSOE- echó por tierra tal pretensión aduciendo defectos de forma. El Principado, sin embargo, hace historia con los cien despidos.

 

La resolución de la dirección general de Trabajo califica la situación a que se enfrenta -la propuesta de despidos por parte de la alcaldesa de Avilés- como «singularísima», tanto por la entidad que lo solicita como por las personas a las que se busca despedir. Legalmente, las administraciones locales pueden promover regulaciones de empleo, en este sentido, funcionan como empresas privadas. Graciano Torre, consejero de Industria, ante una pregunta del portavoz del PP en el Junta del Principado, se manifestó en este sentido: el Ayuntamiento puede regular a su personal. Lo que no dijo entonces es si pensaba darlo de paso. Ayer lo hizo a través del director general de Trabajo, Antonio González Fernández.

 

Los expedientes de regulación de empleo son herramientas extraordinarias que recoge el derecho laboral para salvar un balance de cuentas desfavorable de cualquier empresa. En la comarca de Avilés se han aprobado ERE en compañías tan importantes como Arcelor, Saint-Gobain Cristalería, Daorje o Alcoa. En los cuatro casos, los ERE fueron temporales: los trabajadores se iban a casa un tiempo determinado, pero no eran despedidos. El Ayuntamiento de Avilés -siguiendo los consejos de la consultoría Garrigues-, ha dado un paso adelante: ha despedido a cien de los ciento trece trabajadores de los planes de empleo que demandaron al consistorio por entender vulnerados sus derechos laborales. Se da la circunstancia de que el TSJA falló en repetidas veces en favor de los demandantes y en contra de la política de Personal del Ayuntamiento. Las sentencias del alto tribunal revocan, en la mayor parte de los casos, sentencias previas dictadas por los juzgados de lo social de Avilés.

 

El lío laboral en el Ayuntamiento de Avilés se da, según se puede leer en la resolución del director general de Trabajo, cuando las sentencias judiciales chocan con el derecho administrativo: el TSJA ordena la readmisión o el pago de la indemnización correspondiente a los trabajadores que denunciaron por haber sido contratados por el Ayuntamiento de Avilés en fraude de ley. ¿Esto que supone? La entrada en el Ayuntamiento, dado que el gobierno y el comité de empresa firmaron un convenio en el que existe un cláusula de retorno que ejerce siempre el trabajador, es decir, las personas despedidas de forma improcedente (los cien que ahora están en el ERE la han ejercido). De repente, el Ayuntamiento se encontró con que la nómina crecía de forma desorbitada a causa de una mala gestión del Personal -«chapucera», dijo la oposición- y por haber aceptado una ventaja social promovida por los sindicatos que, a la hora de la verdad, no hizo más que desquebrajar las cuentas públicas.

 

Las sentencias en contra de contratos en fraude de ley de trabajadores de los planes de empleo son frecuentes. En la ciudad de Gijón, un problema similar al de Avilés se solucionó con el pago de la indemnización.

 

La autorización del Principado explica esta situación del modo siguiente: «... nos encontramos en presencia de lo que la doctrina viene denominando "colisión de bloques de legalidad", por otro lado, no infrecuente, el laboral y el administrativo, que debe ser acordado desde el equilibrio entre los intereses que desde ambos bloques se tutelan». Esto significa que a Trabajo sólo le cabe mediar entre una contratación irregular y un exceso de celo por parte de los trabajadores declarados indefinidos no fijos por el juez. La solución al problema está en apoyar la argumentación defendida por el Ayuntamiento: si los cien trabajadores se quedan en la administración local habrán entrado por la puerta de atrás, con lo que, al final, se produciría un agravio comparativo entre estos trabajadores y los que están en el Ayuntamiento después de haber superado una oposición. Estos requisitos, según se lee en la resolución, son «incomparablemente más rigurosos» que los superados por los de los planes de empleo (estar en el paro).

 

El primer ERE de la historia de un gran ayuntamiento de España podría repetirse si en próximas fechas se publican las trece sentencias pendientes. Por el momento, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Avilés es reconocer el despido masivo de sus trabajadores para que estos puedan cobrar sus subsidios. Los trece trabajadores pendientes podrían verse incursos en una nueva regulación que tomaría como base la dictada ayer, el día de la Lotería.