La solución no contenta a ninguna de las partes implicadas, a pesar de gozar del apoyo del PSOE, PP y CIU

Gobierno y PP pactan una 'ley Sinde' con más garantías judiciales

El proceso para cerrar una web podría alargarse hasta 17 días.

El Ejecutivo se compromete a modificar la aplicación del llamado 'canon digital' en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley

EL PAÍS - Madrid - 24/01/2011

La ley Sinde saldrá adelante en el Senado. Será, según fuentes del Ejecutivo y del Grupo Popular en la Cámara Alta, gracias a un acuerdo entre el Gobierno y el PP, que han sellado una enmienda conjunta tras las varias semanas de negociaciones, que siguieron al batacazo sufrido por la norma en el Congreso en diciembre. Al parecer CiU se habría sumado a esta enmienda. El texto reformulado introduce mayores garantías judiciales desde el comienzo del proceso que permitirá el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. Además, PP y PSOE han introducido una alusión al llamado canon digital (la tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento): "El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".

A tenor de las primeras reacciones, la enmienda de consenso parece no contentar ni a la industria, ni a creadores ni a internautas. Así, el realizador y presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, uno de las personalidades más activas en pos de un acuerdo, afirma: "Lo mejor hubiera sido empezar de cero. Es una ley que desde sus inicios ha sido muy impopular".

Por su parte el abogado Javier de la Cueva apunta: "En cuanto al plazo que se tarda en decidir sobre una web, el término medio es de dos meses. Es imposible que sean cuatro, ni nueve ni diez días: te tardan más los papeles en ir de un juzgado a otro. Pueden poner un plazo más corto, pero la realidad nos volverá a demostrar los hechos: que los procedimientos judiciales en España no pueden ser así de rápidos por una razón muy sencilla, porque la justicia no tiene medios".

En la nueva redacción, el juez interviene desde el primer momento del proceso (que, según los cálculos iniciales, podría extenderse al menos durante 17 días), cuando la comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad: "Los órganos competentes (...) con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial (...). Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación", dice la nueva enmienda.

El acuerdo pone fin a algo más de un año de tramitación de una regulación que se introdujo como disposición final a la Ley de Economía Sostenible (LES) y cuyo proceso ha estado jalonado de polémicas, de enfrentamientos en la Red y de pasos en falso. Esta misma mañana, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP había afirmado en declaraciones a la SER la disposición de su partido para el acuerdo.

A partir de ahora la enmienda conjunta llegará a la Comisión de Economía del Senado y de allí pasaría al Pleno, previsiblemente en el mes de febrero. Del Senado volverá junto con el resto de la LES al Congreso del los Diputados, donde finalizará su tramitación.