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TRAS UNA REUNIÓN DE SEIS HORAS
Gobierno, patronal y sindicatos cierran el texto definitivo del pacto social
Horas antes de anunciarse el acuerdo, que será ratificado este martes por los órganos de dirección de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, el Ministerio de Trabajo anunció un plan de choque del empleo a través de la bonificación del trabajo a tiempo parcial que podría generar hasta 100.000 puestos, con una jornada mínima del 50%, durante un año de vigencia.
nuevatribuna.es | 01.02.2011
El Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT han anunciado el cierre de un acuerdo social que será ratificado este martes por los correspondientes órganos de dirección de cada uno de los agentes sociales.
Las partes se reunieron el lunes en Madrid durante más de seis horas para tratar de cerrar un acuerdo definitivo en un encuentro encabezado por los ministros de Trabajo, Valeriano Gómez, e Industria, Miguel Sebastián, y al que asistieron los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, así como el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de CEPYME, Jesús Terciado.
Al término del encuentro, que comenzó sobre las seis de la tarde y concluyó pasada la medianoche, los agentes sociales anunciaron en un comunicado conjunto que a última hora del lunes habían alcanzado un acuerdo social que sería ratificado este martes por los correspondientes órganos de dirección.
Durante la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada se selló un primer acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para llevar a cabo la reforma de la negociación colectiva. Desde ese viernes y hasta el lunes, se intensificaron los encuentros para cerrar el acuerdo en el resto de puntos, política energética e industrial, I+d+I y otros aspectos que quedaban pendientes en materia de políticas activas de empleo.
Además, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya adelantó el pasado viernes que el Gobierno trasladaría la negociación a los grupos políticos durante esta semana. Durante todo este proceso, el Ejecutivo ha mantenido informados a los grupos sobre la evolución de las negociaciones con los agentes sociales, sobre todo a CiU, PNV y CC, con los que pactó una enmienda del PSOE para elevar la edad de jubilación.
Este gran acuerdo social está previsto que se escenifique de manera formal mañana miércoles en el Palacio de la Moncloa con la presencia del jefe del Ejecutivo, los líderes sindicales y los presidentes de la CEOE y CEPYME. Esta cita se desarrollará un día antes de la visita a España de la canciller alemana Angela Merkel, un encuentro con un marcado contenido económico.
ACUERDO PREVIO SOBRE PENSIONES Y MERCADO LABORAL
El acuerdo pivota en torno a la reforma de pensiones que contempla la elevación de la edad de jubilación a los 67 años, aunque aquellos que cumplan carreras de cotización de 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión.
Desde el viernes y hasta este lunes, las partes han negociado sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral.
Horas antes de anunciarse el acuerdo, Trabajo anunció un plan de choque del empleo a través de la bonificación del trabajo a tiempo parcial que podría generar hasta 100.000 puestos, con una jornada mínima del 50%, durante un año de vigencia. Además, se eximirá a las pymes del pago de cotizaciones, y del 75% en el caso del resto.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, concretó que este plan ’tránsito hacia el empleo estable’ contempla que la reducción de las cotizaciones será como mínimo de seis meses cuando el contrato a tiempo parcial sea temporal y hasta un año cuando se trate de un indefinido. Asimismo, se incluye un incentivo del empleo temporal que podría interpretarse como una incoherencia frente a las pretensiones de la reforma laboral, pero que responde al carácter de "cortísimo plazo" del plan.
En cuanto a la ayuda de "en torno a 400 euros" vinculada a la formación, que es la segunda pata del pacto sobre políticas activas y que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero, Rodríguez explicó que introduce como novedades el reconocimiento de esta ayuda como derecho de los trabajadores y su carácter nacional.
Ello significa que su coste correrá a cargo del Estado y cubrirá a todos aquellos desempleados sin recursos, especialmente jóvenes y parados de larga duración. Al mismo tiempo, aclaró Rodríguez, no supondrá un coste adicional para las comunidades autónomas, aunque éstas tendrán que reservar una cuota de orientadores y de acciones formativas para estos desempleados.
TAMBIÉN REVISARÁ LOS COMPONENTES DE LA FACTURA DE LA LUZ
El pacto social se compromete a desarrollar el estatuto del empleado público
El acuerdo alcanzado entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno prevé impulsar el empleo “estable” entre el personal público dedicado al I+D+i, y afirma que apoyará a las empresas intensivas en innovación con un nuevo fondo de capital riesgo y la creación del estatuto de ’joven empresa innovadora’.
El Gobierno se ha comprometido a desarrollar el Estatuto del Empleado Público y revisar el régimen de clases pasivas en el marco del pacto social firmado en la noche del lunes entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal. Largamente demandada por los sindicatos, la reforma del estatuto del empleado público figura en el documento del acuerdo social que hoy martes tienen previsto ratificar los órganos de dirección de los sindicatos UGT y CCOO y de las patronales CEOE y Cepyme, donde destaca la reforma de las pensiones y de las políticas activas de empleo.
El Ejecutivo desarrollará el Estatuto del Empleado Público y revisará los contenidos del régimen de clases pasivas, según recoge la segunda de las tres partes del documento firmado el lunes. Además, los sindicatos mayoritarios del sector y el Gobierno iniciarán una evaluación de los acuerdos alcanzados en su día en el ámbito de la Función Pública.
Además, el documento, que incluye una reforma de las pensiones, incluye otros acuerdos. En política de innovación, el pacto afirma que apoyará “acciones específicas de formación y cualificación del personal” empleado en las empresas. Además, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público y de la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el acuerdo se compromete a impulsar “el empleo estable, con una carrera profesional definida, de todos aquellos empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos que realicen su actividad laboral en el ámbito de la I+D+I”.
Además, el Gobierno lanzará un nuevo Fondo de Capital Riesgo, una iniciativa con la cual “se trata de dar respuesta a un déficit histórico de nuestra economía”, afirma el documento, “posibilitando que los emprendedores económicos dispongan de los recursos necesarios para la creación y consolidación de empresas viables, que atraigan la inversión internacional e impliquen la contratación de trabajadores cualificados”.
El Fondo contará con una dotación pública y prevé una captación adicional de recursos privados en régimen de co-inversión mayoritaria, contemplando inversiones directas en fondos especialistas y empresas de alto contenido tecnológico, asegura el documento.
Por otro lado, el acuerdo prevé impulsar la creación y consolidación de empresas intensivas en I+D. “Ante la ausencia de un marco normativo singular que atienda las particularidades de las empresas innovadoras, intensivas en trabajo cualificado y cuyo mayor activo es el conocimiento, se prevé el reconocimiento del estatuto de “joven empresa innovadora”, añade. Este estatuto estará “inspirado en experiencias europeas de éxito” y se considera un “aspecto clave para el apoyo de sociedades de reciente creación que dedican una parte significativa de su facturación a actividades de I+D+i”.
El nuevo marco normativo para el I+D+i “deberá contemplar incentivos y beneficios”, incluyendo la bonificación de la cotización a la Seguridad Social por la contratación de “trabajadores cualificados”, que deberán trabajar “con condiciones de estabilidad y garantías salariales”, afirma el documento sobre el cual mañana miércoles estamparán su firma el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los líderes sindicales y patronales.
REVISIÓN DE LA FACTURA DE LA LUZ
Entre otros acuerdos, las partes se comprometen a realizar una propuesta compartida sobre política energética para el horizonte 2035. Parar este acuerdo se tomará como base de partida el mix energético de referencia a 2020, establecido en la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española. “Las partes asumen este mix como orientador de la política energética”, reza el documento, que prevé asimismo que este grupo de trabajo aborde además la “gestión de los residuos nucleares”.
Por otro lado, se revisarán “los principales componentes del precio de la electricidad, con objeto de eliminar las posibles ineficiencias, reducir los sobrecostes y dar transparencia a costes regulados y precios”. Además, se compromete a apoyar una mejor gestión de la demanda energética, con medidas como el establecimiento de tarifas super-valle, así como a “reforzar el liderazgo de España en el ámbito de las energías renovables”.
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