Avances de la memoria económica que acompaña al anteproyecto de la Ley de Pensiones...

Trabajo señala que la esperanza de vida afectará a todos los criterios de la pensión
Un tercio del ahorro se logrará por los ajustes por la mayor longevidad

Gómez explica que la edad no ha de ser el único elemento que varíe

Foto: Valeriano Gómez y José Antonio Griñán, ayer con la patronal y los sindicatos de Andalucía.- GARCÍA CORDERO

LUCÍA ABELLÁN - Madrid – en El Pais. 22/02/2011
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, admitió ayer que casi un tercio del ahorro previsto en la reforma del sistema de pensiones depende de los ajustes quinquenales en los parámetros del sistema para absorber el gasto adicional que implica la mayor longevidad de la población. Gómez aludía a la información publicada ayer por este diario, según la cual el Gobierno fía buena parte del ahorro de la reforma de las pensiones a los retrasos en la edad de jubilación más allá de los 67 años y el ajuste de otros parámetros desde 2032. "Hay un conjunto de parámetros fundamentales, y aunque lo esencial ante cualquier posibilidad de ajuste a futuro es la edad, el acuerdo social habla de que en 2027 el sistema debe evolucionar para ajustar los parámetros, todos los parámetros, a la esperanza de vida. No tiene que ser solo la edad. Tiempo habrá de analizarlo", respondió el ministro en una comparecencia ante la prensa en Sevilla, informa Raúl Limón.
Aunque la edad legal de jubilación es la herramienta más potente, se puede incidir sobre "otros parámetros como gastos, ingresos o cuantía de la pensión" para ajustar el gasto a la esperanza de vida.
Esa modificación periódica de las bases del sistema constituye una de las claves de la reforma de pensiones que entrará en vigor en 2013. El ajuste de parámetros reportará casi un tercio del ahorro previsto en 2050, un cálculo incluido en un documento para inversores del Ministerio de Economía que asegura basar las cifras en las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística sobre la esperanza de vida. Si esas proyecciones se trasladan a la edad legal de retiro -el documento dice que la proyección toma como base una reforma de elementos similares a la que se acaba de presentar-, la jubilación se retrasaría progresivamente hasta alcanzar 69 años en 2050.
Los cálculos de Economía figuran ampliados en la memoria económica del anteproyecto de ley de pensiones, a la que ha tenido acceso este periódico. La memoria extiende el horizonte de proyecciones hasta 2060, con un ahorro previsto equivalente al 3,6% del PIB. Para ese año, el llamado factor de sostenibilidad supondrá exactamente un tercio del ahorro esperado. El anteproyecto dice cómo se aplica ese mecanismo: "Los parámetros fundamentales del sistema (entre los que está la edad legal de jubilación) se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años".
La aplicación de esa fórmula es la que llevaría la edad de jubilación a los 69 años en 2050, según las proyecciones del INE, que son las que ha contemplado el Gobierno para el cálculo del ahorro necesario con ese factor de sostenibilidad. El Gobierno ha calculado el ahorro "teniendo en cuenta que cada 10 años aumenta en algo menos de un año la esperanza de vida a los 67 años", dice el anteproyecto. Pero, según fuentes de Trabajo, que se llegue o no a retrasar la jubilación a esa edad dependerá de las proyecciones del momento en que se aplique la revisión (en 2032 por primera vez) y, en última instancia, de la decisión política que se tome en ese momento, que está "abierta, no predeterminada y no es automática".
El anteproyecto también explica otro elemento clave en el alivio de costes para el sistema: la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Impactará de lleno en las cuentas, pues para la mayor parte de los trabajadores los últimos años cotizados coinciden con los de mejor salario. Y ampliar esa base incorporando años anteriores de cotización -la reforma eleva progresivamente el periodo de 15 a 25 años- supone por lo general una merma de pensión que el Gobierno cifra en un mínimo del 5,4% para los trabajadores (algo más para los autónomos). Esa es la reducción en el total de pensiones que se espera para cuando se computen los 20 últimos años, una referencia que se alcanzará en 2017 y que seguirá creciendo hasta situarse en 25 años en 2027. La memoria económica no contempla esa meta, pero es previsible que la merma de pensión sea superior cuantos más años de cómputo se tengan en cuenta. El texto aclara que las rebajas no afectan a quienes cotizan por la pensión mínima o por la máxima en todo el periodo de referencia. Y sí beneficia, en cambio, a los trabajadores que han percibido el subsidio de desempleo al final de su vida laboral.
La memoria recoge una nueva mejora en la edad real de jubilación, desde los 63,7 años de 2009 hasta los 63,8 años de 2010.

El ahorro por la nueva fórmula lineal

Con menor incidencia que los elementos principales, la reordenación del peso que tiene cada año cotizado para acceder a la pensión máxima también supone un ahorro al sistema. El cambio consiste en conseguir que, a partir de los 15 años que dan derecho al 50% de la pensión máxima a la que se tenga derecho, cada año adicional pese lo mismo. Hasta ahora, el periodo entre los 15 y los 25 años de cotización da acceso a un mayor porcentaje de pensión que el que proporcionan los 10 últimos años, lo que desincentiva la permanencia en el puesto de trabajo al final de la vida laboral.
El Ministerio de Trabajo calcula que la homogeneización de esa escala afectará al 27,7% de los trabajadores que accedan a la jubilación a partir de 2026, cuando el cambio esté completamente implantado. La medida perjudica a los trabajadores que no alcancen los años necesarios para percibir el 100% de la pensión, ahora 35 y una vez que la reforma esté implantada, 37. Los cambios supondrán una rebaja acumulada del 1,2% en el volumen de pensión de las nuevas altas que se produzcan en el periodo transitorio de aplicación de esta norma y de 2026 en adelante, según la memoria económica.
Al final no se ha igualado completamente el peso de cada mes de cotización sobre la cuantía de la prestación. A partir de los 35 años y 8 meses cotizados, cada mes de más aporta 0,18 puntos porcentuales para conseguir el 100%, frente a los 0,19 que representa el resto. Es un ajuste técnico que alivia mínimamente la penalización que supone exigir dos años más para cobrar la prestación máxima.