Las elecciones y la definición de la política sanitaria por parte de las Comunidades Autónomas...

La Sanidad en España, en ‘cartera’ para los comicios del 22M
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia las importantes diferencias en el estado de salud de la población y en el funcionamiento de los sistemas sanitarios por CCAA.
nuevatribuna.es

Nueve años después de que finalizara el proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas (2001), la disparidad de las políticas sanitarias regionales sigue aumentando. Así lo constata la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que desde 2004 realiza informes anuales para poder hacer un seguimiento de las diferencias que puedan detectarse para evaluar posibles desigualdades y las repercusiones sobre el acceso de los ciudadanos a las prestaciones asistenciales y la equidad en la atención sanitaria.
La FADSP quiere llamar la atención sobre la sanidad pública cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo. En este sentido, su portavoz Marciano Sánchez Bayle advierte de que los objetivos a conseguir “se desarrollarán de manera muy diferente dependiendo de cuáles sean los resultados electorales”. A su juicio, “estamos viviendo un momento crítico de desmantelamiento de la Sanidad Pública, por lo que es preciso una actuación decidida, también en el ámbito electoral, para frenar este proceso y para fortalecer el mejor sistema sanitario que ha tenido nuestro país”.
Al hecho de que la sanidad se haya convertido en competencia exclusivamente autonómica se suma la falta de sistemas eficaces de cohesión en el SNS. Por ello, la FADSP considera que el proceso electoral será de especial importancia en el ámbito de la salud “porque va a definir la política sanitaria de las CCAA”.
A pesar de que los datos que aportan las administraciones autonómicas son bastantes escasos e incluso siguen sin estar disponibles para el público, lo que “resulta intolerable” teniendo en cuenta que el sistema sanitario está sufragado por los impuestos –denuncia Sánchez Bayle-, la FADSP ha llevado a cabo una exhaustiva labor de investigación basándose en parámetros como la financiación, la política farmacéutica, la valoración de los ciudadanos, las listas de espera o la privatización sanitaria.

UNO DE LOS PROBLEMAS ES EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El resultado es bastante significativo de la denuncia hecha por la FASDP. Por ejemplo, respecto al estado de salud de la población se han observado importantes diferencias; pero también sobre el grado de satisfacción de los ciudadanos, en los presupuestos sanitarios o en el gasto farmacéutico.
La FADSP considera que el proceso electoral será de especial importancia en el ámbito de la salud “porque va a definir la política sanitaria de las CCAA”. Uno de los principales problemas sigue siendo la financiación ya que el actual sistema deja al libre criterio de cada una de las comunidades autónomas la decisión de su gasto sanitario, a lo que se une el hecho de que la transferencia de fondos a cada comunidad como conjunto y las partidas extras (como las procedentes de los fondos de cohesión o del céntimo sanitario) no son finalistas y cada Comunidad puede destinar finalmente esos dineros a donde electoral o coyunturalmente más le interese, independientemente de la necesidades reales de salud o servicios sanitarios de su población.

Por otro lado se ha detectado la “falta de una política de personal homogénea del Sistema Nacional de Salud” que deriva en importantes discrepancias a la hora de establecer las retribuciones, la existencia o no de dedicación exclusiva, los modelos de carrera profesional, y también en la capacidad de generar empleo: “Es una evidencia que la mayor privatización de los servicios sanitarios influye en un empeoramiento general de las condiciones laborales y profesionales (mayor carga de trabajo, menores recursos humanos, etc.) sin aumentar la eficiencia de los servicios prestados o incluso empeorando estos”, asegura Sánchez Bayle.

PROCESO GENERALIZADO DE PRIVATIZACIÓN

Algunas comunidades autónomas (Madrid o Valencia con gobiernos del PP son un claro ejemplo) han puesto en marcha procesos de privatización que abarcan la introducción de mecanismos de mercado (separación entre financiación y provisión); el aumento de los fenómenos de concertación y externalizaciones; la creación de una multiplicidad de los llamados "nuevos modelos de gestión" que introducen la lógica de la gestión mercantil en el sistema sanitario público; y las concesiones administrativas. Sólo tres comunidades (Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) han apostado claramente en sentido contrario.
Las virtudes de esta privatización que proclaman líderes como Esperanza Aguirre no suponen un aumento de la calidad o de la eficiencia de los servicios prestados que “incluso han empeorando (Informes Reino Unido, OMS, etc.), pues en ellos prima la rentabilidad económica y el ánimo de lucro sobre la rentabilidad en salud o sociosanitaria”.

PROPUESTAS DE MEJORA DEL ACTUAL SISTEMA

Por todo ello, la FADSP considera que hay que avanzar en objetivos tales como poner en marcha sistemas de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas las CCAA; garantizar la publicidad actualizada de todos los indicadores; incrementar la financiación en razón de las necesidades de salud y rechazar la implantación de copagos.
Asimismo se hace necesario desarrollar el Plan Integrado de Salud; incrementar los Fondos de Cohesión; la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA; establecer estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios; reforzar la provisión sanitaria pública; potenciar la Atención Primaria de Salud; poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria; articular centros de referencia supracomunitarios; realizar una evaluación de las desigualdades en salud; desarrollar mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos; apoyar el mantenimiento y mejora de las Áreas Sanitarias; garantizar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo; o garantizar la confidencialidad de la información de salud de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas.