Es evidente que se requieren mayores mecanismos de control y más rigor a la hora de facilitar subvenciones

La sombra del cazador de subvenciones

Los fiascos de Venturo XXI, Diasa y Alas Aluminium ponen en cuestión la eficacia del sistema de promoción económica de Asturias y el reparto de apoyos públicos a las empresas

Oviedo, J. C. / L. M. D. / L. G., en La Nueva España
Las políticas de apoyo a la inversión empresarial regaron con dinero público Asturias desde principios de los años noventa. Del tamaño de las subvenciones repartidas da una idea este dato: las dos grandes bolsas de ayudas que han financiado, a menudo a fondo perdido, la instalación o ampliación de negocios (los fondos mineros y los adscritos a la ley de Incentivos Regionales) supusieron en 20 años más de 1.000 millones de euros. En este tiempo menudearon las críticas a la eficacia y control de esos repartos, algo que ha vuelto a ocurrir últimamente al hilo del fracaso de tres proyectos que habían recalado en las comarcas carboneras del Nalón y del Caudal: Venturo XXI, Laboratorios Diasa Europa y Alas Aluminium. Tales casos indican, según opiniones empresariales y sindicales, que el complejo sistema de promoción económica de Asturias tiene vías de agua. Los gestores del Principado rechazan esa tesis.

José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA, enunció así el problema a finales del pasado año: «Hay que poner freno a la concesión indiscriminada de ayudas, aplicando mayor control y rigor». El líder minero hizo esa consideración cuando ya habían estallado las dificultades de la aluminera Alas (Langreo), la farmacéutica Diasa (Mieres) y la cartográfica Venturo XXI (San Martín del Rey Aurelio). Antes, el fracaso de la planta de Autotex en Llanera también había suscitado una inquietud semejante en el sindicato ugetista y en la Federación de Industria de CC OO, organizaciones ambas firmantes de los planes del carbón que desde 1998 dan amparo a los repartos de ayudas mineras.

Los tres fracasos más recientes (Alas, Diasa y Venturo) atañen a las Cuencas, el territorio más bonificado por las subvenciones empresariales, y en ellos están implicados, de manera directa o indirecta, casi todos los organismos que forman parte del complejo aparato asturiano de promoción económica: el Instituto de Desarrollo del Principado (IDEPA), el Instituto para la Reestructuración de la Minería (titular de los fondos mineros), Sadim (sociedad de Hunosa para promover la diversificación económica en las Cuencas), Sodeco (sociedad de desarrollo participada por Hunosa y por el Principado) y la Sociedad Regional de Promoción (controlada por la Administración asturiana). Los tres proyectos están muy pegados al trabajo de diversificación de Hunosa -arrancaron bajo el mandato del anterior presidente de la compañía, Luis Tejuca, y se desarrollaron con la presidencia del actual, Juan Ramón García Secades- y todos también coincidieron durante la gestión que desempeñó Víctor González Marroquín, primero como responsable de Sadim y, entre 2004 y 2010, como director general del IDEPA.

Diasa, Venturo y Alas recibieron más de 20 millones de euros en subvenciones directas y no han pasado de seis años de actividad en el mejor de los casos. Y las averiguaciones de los administradores concursales y las denuncias de los trabajadores van en la dirección de que los cierres no se pueden explicar simplemente por la crisis, sino que existen problemas severos de gestión y en algún supuesto indicios de manejos irregulares para conseguir subvenciones.

¿No funcionan con rigor los controles de acceso al dinero público? «El riesgo de toparte con "cazasubvenciones" existe dentro y fuera de Asturias; hay auténticos "tiburones" dedicados a ello», comenta genéricamente una fuente empresarial. Según otro diagnóstico, el problema del aparato de promoción económica es a menudo de «capacidad técnica» para determinar con un alto nivel de seguridad si son viables los proyectos que reciben el respaldo económico de Hunosa, del Principado o del Ministerio de Industria. Conforme a esa versión, el IDEPA, por el que pasa la mayoría de esos proyectos, tiene abundante plantilla, pero carece de medios para enjuiciar la consistencia de propuestas de negocio generalmente muy especializadas.

Carlos García Morilla, sucesor de González Marroquín al frente del IDEPA, rechaza la tesis sobre las supuestas carencias del Instituto. Los fracasos pueden ser muy llamativos, expone, pero son casos muy minoritarios. «De cientos de proyectos, fracasa un porcentaje mínimo. No podemos focalizar la atención en el 1% que no prospera si no tomamos en cuenta que el 99% restante de las empresas funciona. El Parque Tecnológico de Llanera está lleno y todas las empresas allí implantadas están operativas», señala Morilla.

Según el IDEPA, la tasa de fallidos en proyectos e inversiones empresariales subvencionadas por los instrumentos de dinamización económica existentes en Asturias oscila, según las distintas líneas de ayuda existentes, entre menos del 1% y el 2,58%. «La experiencia evidencia que ha habido muy pocos fracasos», señala Carlos García Morilla.

El mayor fracaso histórico data de antes de la existencia del propio IDEPA. Fue el conocido como «Petromocho», el proyecto para instalar una industria petroquímica que, en 1993, terminó por ser falso. No llegaron a circular ayudas públicas, pero quien se presentó como intermediario, el francés Jean-Maurice Lauze, persuadió al Gobierno presidido por el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil de que el plan -100.000 millones de pesetas de inversión y 4.000 empleos- era veraz. Rodríguez-Vigil dimitió tras destaparse el engaño y Asturias recondujo su estrategia: aparcó la búsqueda de grandes inversores extranjeros y procuró extremar las cautelas ante las propuestas que recibía.

García Morilla defiende la eficacia de los controles que se hacen ahora. El equipo del IDEPA consta de setenta profesionales, en su mayor parte técnicos y titulados superiores. Cada año estudian, de media, unos 500 expedientes de solicitudes de ayudas, subvenciones o participaciones societarias. De ellas se descartan entre un 60% y un 65%. La criba, se afirma, es alta. «Los técnicos del Instituto es un personal muy capaz y muy experto, con larga experiencia ya en este tipo de análisis», afirma su responsable.

El IDEPA niega además que se les puedan colar «cazasubvenciones». Los controles, remarca Morilla, son exhaustivos antes de la concesión de la ayuda -la haga el Principado o el Gobierno central-, durante la ejecución del proyecto y durante los años posteriores. El principal impedimento para la práctica del que podría definirse como un «toma el dinero y corre» es que las subvenciones nunca se otorgan por adelantado. El inversor debe demostrar que ha ejecutado la inversión íntegra y que al menos un 25% de ella la ha realizado con recursos propios y no sólo con financiación ajena.

Las empresas no pueden tener deudas con Hacienda, la Seguridad Social y el Principado. Se analizan su trayectoria fiscal y sus balances y se hace un control de cuentas y de sus accionistas. Y el incumplimiento de alguna de determinadas condiciones (empleo o inversión) puede derivar en la obligación de devolver hasta el 100% de las ayudas. Un reciente fallo judicial, añade García Morilla, ha permitido recuperar las ayudas concedidas a Autotex, la compañía propiedad del grupo estadounidense Milliken, que en 2006 abandonó Asturias y cerró su planta de Llanera, en la que fabricaba airbags para automóviles.

En el ámbito empresarial y sindical no existe la misma seguridad sobre la eficacia y seguridad de los mecanismos de promoción. «Hay que repensar el sistema», responde Alberto González, secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Alude a la conveniencia de simplificar una maraña de instrumentos que no siempre funcionan coordinados y que en ocasiones han llegado a competir entre sí. González anota además la trascendencia de gestionar con extremo rigor la selección de los inversores y de las actividades que puedan ocupar los más de cuatro millones de metros cuadrados que tendrá la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA), un espacio que, situado junto a la única siderurgia integral de España (las plantas de Arcelor) y al puerto de El Musel, tiene para Asturias «un gran valor estratégico».