Los empleados de la Administración, ante los ajustes pedidos por el FMI

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Los funcionarios no deben ser «los paganos de la crisis», replican los sindicatos al FMI

Las centrales de la región se movilizarán si se recortan más los salarios, como pide el Fondo Monetario Internacional
La plantilla del sector público sigue creciendo en Asturias pese a la recesión, según la Encuesta de Población Activa

Oviedo, María José IGLESIAS, en La Nueva España

Los sindicatos cargaron ayer en Asturias contra la sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de recortar más los salarios de los funcionarios, recomendación que, para reforzar el ajuste del gasto, ha formulado el organismo multilateral un año después de que España rebajase un 5% los sueldos de los empleados públicos, los funcionarios, el colectivo, un 16% de la población activa en España, entre ellos los 62.000 trabajadores que según los registros oficiales tiene el conjunto de la Administración en Asturias.

La amenaza de otro «tijeretazo» ha sentado como un jarro de agua fría en las filas de los sindicatos UGT, CC OO y Conceyu por otra Función Pública en Asturias (COFPA), que ayer denunciaron lo «injusto» que les parece que los funcionarios sean los «paganos de la crisis». A pesar de la crisis y de los anuncios de recortes, el número de asalariados públicos creció en Asturias durante el último año, según indican los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), que cifra en más de 77.000 los ocupados vinculados al sector público, incluidas las empresas ligadas a la Administración.

Luis Ángel Ardura, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT Asturias, calificó «indecente» que el FMI sea ahora juez y parte «para que paguen siempre los funcionarios, por el mero hecho de ser trabajadores fijos», señaló. Ardura añadió que el salario medio ronda los 1.100 euros, y en Asturias es más bajo que en el resto de España. «Llueve sobre mojado y no vamos a permitir que se nos ponga de paganinis», recalcó.

Antonio Pino, secretario general de CC OO en Asturias, aseguró que el Gobierno no debería hacer caso a las indicaciones del FMI, que, sostiene, inciden en las políticas neoliberales y descargan los costes de la crisis sobre las rentas más bajas. «Un Ejecutivo de izquierdas, y el que hay de momento en España lo es, no tendría que aplicar esas medidas», comentó.

Javier Álvarez Villa, portavoz de COFPA, entidad que agrupa exclusivamente a funcionarios del Principado, remarcó que el colectivo de funcionarios no es homogéneo: «Hay muchos ganando 1.000 euros y luego una élite que pasa de los 3.000; una nueva rebaja general, aparte de no estar justificada, podría afectar a gente que ya tiene pocos ingresos; nos parece una medida demagógica y populista», señaló.

El coste de las nóminas públicas superó en 2010 en España los 110.000 millones de euros, equivalente al 10,2% del PIB. Cada ciudadano aporta de media, a través de sus impuestos, unos 2.450 euros al año para mantener los sueldos de los trabajadores públicos, según señala el informe sobre competitividad y eficiencia económica de la OCDE.