Optimizar, mejorar, suprimir duplicidades ¿es eso o será simplemente privatizar?

Foro y PP quieren suprimir las empresas públicas que sean ineficaces o den servicios ya cubiertos

Los populares pedirán una comisión parlamentaria para analizar las funciones duplicadas con otras administraciones
IU niega que el sector público regional esté «hinchado» y defiende la continuidad de los entes de promoción económica

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

Foro Asturias y PP están dispuestos a poner coto al sector público empresarial del Principado mediante la venta o supresión de los entes ineficaces o que están duplicados porque sus servicios ya los prestan bien en otras administraciones, en el sector privado u otra empresa pública. El PSOE, que meses atrás modificó la ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales para abrir la puerta a posibles recortes sobre el sector público empresarial, guarda ahora silencio mientras que IU no ve necesario «poner a funcionar la motosierra en un sector público que no está hinchado».

El partido que sustenta al nuevo Gobierno regional, Foro Asturias, se reafirmó ayer en las líneas avanzadas por Francisco Álvarez-Cascos en su discurso del Pleno de investidura, cuando manifestó su intención de acometer recortes en el sector empresarial del Principado. El líder de Foro desveló que «suprimirá o enajenará aquellos organismos, entidades, fundaciones y empresas públicas que no descansen en la racionalidad económica o administrativa» y cuestionó el crecimiento «descomunal» del sector público en los últimos años.

El PP está «a la espera de las propuestas del nuevo Gobierno», según manifestó su portavoz parlamentaria, Isabel Pérez-Espinosa, que está convencida de que el debate sobre el sector público empresarial «deberá plantearse en la Junta General del Principado, ya que muchas de esas empresas y entes han sido creadas por ley». La dirigente popular sostiene que las decisiones sobre posibles ajustes «deberían ser objeto de consenso, ya que hay mucha gente trabajando en esas empresas y no se trata de despedirla ni de echarla a la calle». Espinosa es partidaria de la realización de una auditoría por parte de la Administración regional que «estudie la relación coste-eficacia del sector público» para luego decidir «qué empresas hay que refundir o eliminar porque están en competencia con el sector privado». El PP asturiano también tiene previsto solicitar una comisión que estudie las duplicidades en el conjunto de la Administración y el sector público, en cuanto comience el nuevo período de sesiones en el Parlamento regional. «Las diferentes administraciones están ofreciendo los mismos servicios, lo que supone una pérdida de recursos que conviene atajar para que el Estado autonómico sea viable», indicó Espinosa. «En los años de bonanza hubo una fiebre de que todas las administraciones debían tener todo, pero ahora hay que prescindir de gastos».

El coordinador general de IU, Jesús Iglesias, rechazó que Asturias tenga un sector empresarial «hinchado», por lo que a su juicio «hay muy poco margen para la pretensión de reducción». El diputado de la coalición calificó de «suicida eliminar entidades de desarrollo económico como el IDEPA, Astuirez, Asturgar o la Sociedad Regional de Promoción, que han actuado de paracaídas en este crisis», descartó cualquier planteamiento de privatizar Gispasa, la entidad que construye el HUCA y el Hospital de Mieres, «porque supondría dejar esos centros en manos privadas» y defendió que el carácter mixto de Sedes». Esos planteamientos, matizó Jesús Iglesias, «no impiden que no se pueda optimizar el sector y mejorar el funcionamiento de algunas entidades, para lograr una mayor eficacia».

Un sistema altamente extendido para aminorar el déficit público de las autonomías: El sector público autonómico…  

La centrifugadora de deuda pública

Los economistas advierten de que los entes y sociedades instrumentales se han convertido en una vía para «desplazar» el gasto

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España
La denominada «contabilidad creativa» nació con el Tratado de Maastricht, se implantó en muchas, casi todas las administraciones, y el Principado no ha sido una excepción. La doble necesidad de, por un lado aminorar el déficit público, y por el otro, mantener altos niveles de inversión en infraestructuras ha llevado a las administraciones, especialmente a las autonómicas, a recurrir a nuevas fórmulas de financiación. Los economistas, sin llegar a demonizarlas, advierten del riesgo de que los entes y sociedades instrumentales se conviertan en instrumentos para ocultar endeudamiento o para desplazar el gasto hacia ejercicios futuros.

Las administraciones autonómicas han trasladado importantes obras e inversiones en los últimos años a su sector público empresarial. «El sector empresarial público no computa para los criterios de deuda fijados por Maastricht», explica a este periódico Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo.

El sistema de Contabilidad Nacional establece dos diferencias básicas entre el sector de las administraciones públicas, que sí computa para el cálculo del déficit público, y el sector público empresarial: las administraciones públicas se financian por la vía de los impuestos mientras que el sector público empresarial cobra un precio por los bienes y servicios que presta. Este cobro evita que las cuentas de las entidades que lo forman pasen a engrosar la deuda de la administración que sea su titular. Por ejemplo, el Principado recurrió a la empresa Sedes, que está en el mercado y cobra por los servicios que presta, para hacerse con las oficinas del complejo de Calatrava, en Buenavista. Esa fórmula evitó que la Administración asturiana tuviera que incorporar a su contabilidad el montante de dicha operación, dado que la sociedad mixta, en la que el Principado tiene mayoría, no consolida en el Presupuesto regional.

«Es un mecanismo que centrifuga deuda del sector de las administraciones públicas al sector público empresarial, aunque al final los créditos con los que se pagó una obra deban ser pagados por la administración», indicó Santiago Álvarez, quien precisó que «han sido muchas las administraciones que han recurrido a fórmulas de este tipo». Y es que otras figuras relacionadas con la contabilidad creativa fueron la creación en Italia de un impuesto transitorio para incrementar los ingresos públicos o el intento de Alemania de revaluar sus reservas de oro, para cumplir con los criterios de convergencia exigidos para entrar en la moneda única, según Jonás Fernández, director de Estudios de Solchaga Recio & Asociados.

De vuelta a Asturias, de los casi setenta entes, empresas y entidades que forman parte del sector público empresarial consolidan en los Presupuestos del Principado la Fundación Hospital del Oriente, 112 Asturias, Bomberos de Asturias, el Consorcio de Transportes, la Sociedad de Promoción Exterior, la Fundación Asturiana de la Energía, la Universidad de Oviedo, IDEPA, la Fundación Barredo, el Consorcio de la Montaña Central y el Ente Público de Comunicación. Entre las empresas que no consolidan deuda en el Presupuesto regional figuran Sedes, que es una empresa de mercado y que en ejercicios anteriores solía ingresar un millón de euros anuales, la Sociedad de Servicios del Principado (SERPA) y la Inspección Técnica de Vehículos (ITVASA), entre otras.

El Grupo parlamentario Popular criticó repetidamente durante la pasada legislatura el uso de la sociedad pública Gispasa para desplazar la deuda de esta sociedad, a la que el Gobierno regional encargó la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y también del nuevo hospital de Mieres. El Principado, a cambio de la construcción del complejo sanitario, concede a Gispasa el derecho de superficie durante 50 años, así como la explotación de los aparcamientos y las zonas comerciales. Este contrato de arrendamiento operativo evita que el endeudamiento de Gispasa consolide con el de la Administración regional. Los expertos incluyen esta operación en el procedimiento de la colaboración público-privada y sostienen que las administraciones han recurrido a esa fórmula debido, en gran medida, al freno a la capacidad de endeudamiento, pero advierten del riesgo de que los entes o sociedades instrumentales se conviertan en una herramienta para encubrir deuda o desplazar obligaciones de gasto hacia el futuro