La transparencia en las cuentas no debería molestar a nadie ¿o sí?

Cascos revisará todas las ayudas del Gobierno anterior

Hacienda amplía las auditorías del sector público a las subvenciones aprobadas desde 2008

La consejería abre la puerta a la contratación de empresas privadas para aplicar los controles

Foto: El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego

26/08/2011 Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias

Las auditorías del Principado llegarán más lejos de la anunciada revisión del estado de cuentas de cada consejería. El Ejecutivo ha dado vía libre a la Intervención General para revisar todas las ayudas y subvenciones concedidas por el anterior Gobierno desde 2008 hasta las elecciones autonómicas de mayo. El boletín oficial de la Administración regional publicó ayer una resolución del nuevo responsable de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, que lleva a la práctica el programa electoral de Foro, ratificado por Francisco Álvarez-Cascos ante la Junta General durante el debate de investidura.

Aunque el nuevo presidente esquivó el asunto durante la campaña, desde su llegada al cargo ha expresado desconfianza sobre la situación económica heredada del Ejecutivo anterior y, a principios de este mes, denunció la existencia de una deuda no reconocida de 211 millones de euros. Para el PSOE, es una revelación sin base, achacable a facturas, pendientes de pago pero en modo alguno escondidas, del sistema público de salud. El Gobierno sostiene que no todas esas obligaciones incumben a la Consejería de Sanidad, pero aún no ha presentado un balance de las indagaciones de Hacienda.

Del Riego apenas ha pronunciado unas pocas palabras en público desde su nombramiento a mediados de julio. Sin embargo, sí dejó claro desde el principio que el primer encargo que había recibido era llevar a cabo un estudio profundo de las arcas regionales. Sobre el terreno, la tarea corresponderá a Emma Ramos, la economista y funcionaria de carrera que desde el pasado lunes es la nueva interventora general del Principado. El decreto recogido en el Bopa refuerza sus poderes para aplicar los planes anuales de control financiero permanente y de auditorías que la Administración autonómica desarrolla por mandato legal todos los años.

Más inspecciones

El texto amplía las inspecciones fijadas para 2011 por el anterior consejero, el socialista Jaime Rabanal. Con la incorporación de tres instrucciones más a la anterior orden, Hacienda llama a revisión a todos los organismos y entes públicos y a todas las entidades y fundaciones en las que el Principado tiene una participación mayoritaria. No es una sorpresa, porque Cascos también ha repetido en los últimos meses sus intenciones de adelgazar ese sector --formado por 46 sociedades en las que trabajan casi 3.000 personas-- con ventas y cierres.

Lo que sí resulta un añadido al discurso de Foro es la sombra de sospecha sobre los criterios con los que se ha manejado el dinero público destinado a ayudas y subvenciones. El decreto pone la lupa sobre todas las partidas con esa finalidad incluidas en los presupuestos regionales de 2008, 2009, 2010 y 2011 y deja a criterio de la Intervención el alcance de los controles.

Para cumplir los objetivos, la Intervención podrá recurrir a la ayuda de empresas privadas de auditoría. Es una fórmula de control externo que ya aplican entidades como el Sespa, el Ente de Comunicación, el 112 o Bomberos de Asturias. La resolución de Hacienda permite extender la práctica a cualquier organismo público.

De los resultados dependerá el ritmo de las actuaciones en el sector público. Ya en la investidura, Cascos reconoció que no todos los organismos se encuentran en la misma situación y que de un análisis detenido y profundo debía derivarse un calendario que tuviera en cuenta esa disparidad. En esas sesiones en la Junta, apuntó a dos entes como los primeros candidatos a perder su vinculación con el Principado: la constructora Sedes y la radiotelevisión pública.

Ritmos diferenciados

En la velocidad y la intensidad del ajuste también tendrá influencia la deuda regional. Del Riego, que al asumir la dirección de Hacienda aseguró que la situación del Principado no era comparable a la de las regiones con dificultades, cambió de discurso en apenas tres semanas para respaldar las imputaciones sobre la deuda oculta. El Gobierno asegura que la cifra final puede superar los 211 millones calculados hasta ahora, aunque el PSOE lo niega y asegura que en su etapa al frente del Principado no se realizó ningún gasto sin atribuirlo a alguna partida del presupuesto. La oposición acusa al Ejecutivo de preparar un ajuste en el gasto social con la excusa de ese desfase. Hacienda ya ha alertado de que su existencia condiciona y lastrará las cuentas para el próximo año, cuya elaboración es una de las principales tareas de la Junta cuando reanude sus sesiones a partir de septiembre.

En las suspicacias sobre el sector público, Foro no se ha esforzado por distinguir su discurso del que sostiene el Partido Popular desde principios de la anterior legislatura. Su portavoz parlamentario, Enrique Álvarez Sostres, se ha referido con insistencia a esos organismos como “chiringuitos socialistas”, un término que los diputados del PP acuñaron en sus debates con el Ejecutivo socialista. Sin embargo, la falta de concreción de Foro sobre el alcance del ajuste supuso un obstáculo al negociar un pacto con los populares.

Cascos faculta a la interventora general para revisar la gestión económica de Areces

El Gobierno de Foro encargará a firmas privadas auditorías de las empresas públicas y supervisará las subvenciones y ayudas concedidas desde 2008

Oviedo, E. LAGAR, en La Nueva España

El Gobierno de Álvarez-Cascos parece decidido a examinar meticulosamente la gestión económica de su antecesor en la Presidencia del Principado, el socialista Álvarez Areces. En este sentido, el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) publicó ayer una resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público por la que se amplían las facultades de la intervención general para que pueda auditar todo lo relativo al gasto presupuestario aprobado, al sector público empresarial y a las subvenciones y ayudas públicas. En los dos últimos casos están dispuestos a revisarlas desde 2008.

La resolución publicada ayer por el BOPA otorga a la nueva interventora general, la avilesina Emma Ramos Carbajal, amplia capacidad de maniobra para inspeccionar la situación económica de los gastos presupuestarios en todas las partidas de las cuentas que dejó aprobadas el anterior Ejecutivo. Además, y en virtud de esta resolución que modifica el plan anual de control financiero permanente y el plan anual de auditorías, la intervención general también podrá auditar «con el alcance que a tal efecto determine» «cualesquiera entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto, del Principado de Asturias». Las oportunas «revisiones o controles de calidad» podrán ser contratadas, en virtud de esta resolución, a «empresas privadas de auditorías».

El plan anual de auditorías también ha sido modificado para que Emma Ramos pueda pasar revista a todas las subvenciones y ayudas públicas financiadas con cargo a los Presupuestos de 2008, 2009, 2010 y 2011. La resolución publicada ayer por el BOPA indica que «el alcance de cada uno de estos controles se determinará, caso por caso, por la intervención general».

La revisión que el actual Gobierno está haciendo de la gestión del anterior Ejecutivo regional ya se está dejando notar en dos proyectos: el Centro Niemeyer de Avilés y las obras de soterramiento de Feve en Langreo.

El modelo actual de gestión del Niemeyer caducará dentro de cuatro meses, cuando termina la cesión temporal de los edificios, y el Gobierno de Álvarez-Cascos aún no se ha pronunciado al respecto. Por el momento, ha iniciado una auditoría para examinar la gestión que se ha desarrollado hasta la fecha. También tiene entre sus manos una auditoría donde se presentan reparos a las cuentas de 2010 porque faltan justificaciones de gastos.

En cuanto a las obras de soterramiento de Feve en Langreo, el Gobierno regional está realizando una auditoría del proceso de adjudicación de estos trabajos por parte del anterior Gobierno de Areces. La Consejería de Fomento indicó que este tipo de auditorías se extenderá a «otras obras problemáticas». El problema en Langreo surgió cuando las constructoras decidieron que a partir del próximo día 1 de septiembre prescindirán de la práctica totalidad de los trabajadores (propios y de subcontrata) ante los impagos del Principado. La Consejería de Fomento ha reconocido que las obras de soterramiento, que deberían estar terminadas a finales de 2012 y ascienden a 54 millones, llevan un ritmo «llamativamente bajo».

El Principado auditará todo el sector público y las ayudas del último mandato de Areces

El Ejecutivo inicia su inspección por 17 organismos vinculados a la Administración autonómica

26.08.11 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

El Principado podrá, a partir de este momento, fiscalizar a todas las entidades, fundaciones y empresas públicas en las que tenga una participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto. Hasta ahora, el Gobierno regional sólo podía llevar a cabo este año controles en tres entidades públicas, de acuerdo al plan anual de auditorías. Con la modificación, publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), se faculta al Ejecutivo para fiscalizar las cuentas de todos los organismos y entes públicos.

En principio, según pudo saber este periódico, el Gobierno ha encargado ya a la Intervención General la puesta en marcha de auditorías en 17 de estas entidades, dentro de lo que supone la primera fase de un plan con el que el Gabinete presidido por Francisco Álvarez-Cascos pretende conocer la situación financiera de cada una de las 62 sociedades y empresas que forman parte de la conocida como administración paralela del Principado.

El Gobierno asturiano nunca ha ocultado sus intenciones. Cascos, desde su llegada a la Presidencia, reconoció que entre sus planes figuraba en un lugar preferente reordenar el sector público y las empresas y organismos que forman parte de él. Eso sí, la condición previa era tener configurada la estructura orgánica del Ejecutivo, un trámite que está a punto de culminar.

El siguiente paso para poder fiscalizar todas las empresas públicas era modificar el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el presente ejercicio, que precisamente fue modificado por el anterior Gabinete diez días antes de las Elecciones Autonómicas del 22 de mayo.

Circunstancias

Recuerdan que en el articulado de la ley por la que se rige el control interno ejercido por la Intervención General se contempla la posibilidad de variar el contenido de los citados planes «cuando se produzcan circunstancias que así lo justifiquen». Entiende, por tanto, el Ejecutivo que en este momento se producen esas condiciones.

Hasta ahora, tal y como quedaba reflejado en el citado plan de auditorías, sólo tres entidades públicas estaban obligadas por ley a someterse este año a una auditoría financiera. En el último plan figuraban 112 Asturias, Bomberos del Principado y Ente de Radio Televisión del Principado (RTPA). Hecha la modificación por parte de Hacienda y Sector Público, se autoriza a la Intervención General a efectuar auditorías sobre cualesquiera entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria del Principado. Para llevar a cabo la fiscalización de estas entidades, Intervención General podrá proponer la contratación de empresas externas, es decir, privadas, para llevar a cabo las auditorías.

La otra gran novedad que se introduce con la modificación planteada por el Ejecutivo de Álvarez-Cascos es que, al mismo tiempo que se faculta a la Intervención General para revisar las cuentas de las empresas públicas también se les autoriza a investigar las subvenciones y ayudas públicas financiadas con cargo a los presupuestos del Principado correspondientes a los últimos cuatro años o, lo que es lo mismo, la última legislatura del Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces.

La medida puede generar una importante controversia con los socialistas, que siempre han defendido la buena gestión de las entidades y organismos públicos. Sin embargo, el Gobierno de Foro Asturias tendrá en este caso el apoyo del PP para llevar a cabo una iniciativa de este calado, que permitirá conocer todas las ayudas que se concedieron desde los distintos departamentos del Ejecutivo regional y los destinatarios de las citadas subvenciones. El Gabinete insiste en que el único afán que esconde esta actuación es conocer con precisión el estado de las cuentas y proceder a un control más estricto de las mismas.