La Constitución no puede ni deber consagrar opciones económicas e ideológicas de ningún tipo

El neoliberalismo se cuela en la Constitución de 1978

Por Carlos Martínez – ATTAC Andalucía.

Hasta ahora, en una Constitución solo se contemplaban principios generales de convivencia y armonía. Declaraciones de intenciones y descripciones de aspiraciones y voluntades políticas, así como normativa de organización y desarrollo de la vida pública y la acción ciudadana. Describía la estructura política fundamental de un estado y sus normas rectoras de carácter general.

Una Constitución es una declaración política, que acota principios y señala líneas rojas que no se pueden traspasar, pero no entra en detalles o resuelve todos y cada uno de los aspectos cotidianos y de la vida social, cultural, comercial y económico-social de un estado, pues para eso están las leyes.

Las constituciones suelen ser fruto de un consenso popular ante una independencia nacional o de una revolución o cambio de régimen, pero no son reglamentos o códigos de comercio.

En Europa, la madre de los derechos ciudadanos tras la revolución francesa de 1789, la de 1848 o si miramos hacía atrás, la de la medieval Carta Magna, las constituciones eran solemnes declaraciones de principios.

Tras las liberaciones de Francia e Italia después de la II Guerra Mundial, o la más tardía de Portugal tras la Revolución de los claveles, se instauraron constituciones que también hablaban de los entonces nuevos derechos conquistados en las resistencias varias: los derechos sociales.

Querátaro en México, Weimar en Alemania, la de la II República Española, instauraron el estado social. Tras la victoria frente al nazismo se hizo ya imposible ninguna nueva constitución democrática que no fuera social, igualitaria y garantista. Las constituciones liberales fueron superadas. Las clases populares lograron que se reconocieran sus aspiraciones de justicia. Otra cosa distinta es el grado de cumplimiento real de lo escrito. Pero se entendía que una nueva constitución era un avance y no un retroceso, y de hecho la del 78, a pesar de las cesiones a la oligarquía franquista y económica, contiene sin embargo un catalogo de derechos sociales que ojala se cumplieran en todo su contenido y significó un avance.

Con el invento fallido de la Constitución Europea, esto cambia. La Europa resistente, antifascista y social da paso a la Europa neoliberal, comerciante y competitiva en el mundo globalizado, o más bien globalizador de las entonces aún pujantes potencias centrales.

La Constitución Europea es en realidad un texto farragoso, largo e incomprensible para la inmensa mayoría de la gente. Es un tratado comercial más que una constitución propiamente dicha, que consagra -o así lo intenta- la ideología neoliberal y el capitalismo como principios constitucionales. Es una constitución de parte, por eso fracasó. Pero ese es el espíritu imperante en Europa, pues la derecha y la oligarquía financiera y la oligarquía política conservadora europea, imponen un concepto nuevo y es introducir en los textos constitucionales la consagración de opciones económicas e ideológicas puramente conservadoras en las constituciones.

Ese es el antecedente de esta “brillante” idea de reforma constitucional, el introducir un concepto ideológico neoliberal y conservador como es la contención del gasto, el techo de gasto, el ahorro obligatorio en inversiones sociales y públicas en general. Es constitucionalizar el neoliberalismo, pues como dice Juan Torres “Al imponerlo en cualquier momento y condición, como ahora han acordado en España el PSOE y el PP, se impide que los gobiernos puedan suscribir pactos con sus electores si no es en los términos prescritos por la ortodoxia económica dominante. Se obliga de esta forma a que las únicas políticas posibles sean las neoliberales.”

Ante la crisis del capitalismo especulador y de su patrón la banca privada, la solución propuesta es castigar a las clases populares y trabajadoras. Por eso, desde la izquierda, desde el socialismo, no se puede consentir esa solución, injusta y antidemocrática. Somos víctimas de la dominación sistémica que nos obliga a poner nuestra libertad a disposición de los mercados. Los subvencionamos para que vuelvan a enriquecerse y cuando se recuperen de sus perdidas, vuelvan a crear empleo si quieren, pero ya todavía más precario y con menos derechos. Y por supuesto, más barato para las clases poseedoras.

Debemos exigir un referéndum para ver si consentimos se apruebe o no este terrible error; error para algunos, pero victoria para la ultraconservadora y ultraliberal derecha española.

Para frenar esta apuesta antisocial, anti-patriotica y anti-española, si, porque los herederos del republicanismo español reivindicamos un estado igualitario, justo, social y democrático, transparente y federativo, pero de nuestra propiedad. De la propiedad colectiva y solidaria de los pueblos de España.

Acabaré con una afirmación no menor, y es que también se va a perjudicar gravemente a las Comunidades Autonomas y a los Ayuntamientos. Y el que avisa no es traidor, pero en el Estado Español la mayor parte del gasto social lo soportan las CC.AA. y los ayuntamientos.