Preparando lo que nos llegará después del 20-N ¿copiarán del modelo catalán o del valenciano o del de Madrid o ?
Varios proveedores dejan de abonar sus nóminas por los impagos del Principado
FADE señala que la falta de liquidez afecta a tres áreas: sanidad, bienestar social y audiovisual
El Gobierno amplía su previsión de cierres en el sector público
Oviedo, J. A. ARDURA, J. A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España.
Varias empresas proveedoras del Principado han tenido que suspender el abono de nóminas a sus empleados por los impagos de las empresas del sector público regional. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se hizo ayer eco de la preocupación existente en el sector por los impagos de la Administración regional, que afectan principalmente a los proveedores clínicos, al ámbito del bienestar social y al sector audiovisual. Varios empresarios de estos ámbitos ya han mantenido encuentros con representantes políticos y empresariales para trasladarles su preocupante situación. Colectivos de autónomos aseguraron ayer a este periódico que la Administración regional apenas ha realizado sus pagos en los últimos tres meses. El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, ha cifrado en 147 millones el recorte que deberá asumir el Principado para cumplir con el techo de déficit fijado por el Ministerio de Economía y Hacienda y corregir la «desviación» del Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces. Y las medidas de ajuste han llegado por la vía de los hechos incluso antes de que el nuevo Ejecutivo divulgue las auditorías encargadas para tener un conocimiento exacto de las cuentas regionales y del sector público.
El secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, admitió ayer la inquietud en algunas empresas de la región por los impagos que tienen relación con el Principado. «Tenemos constancia de que hay tres sectores muy afectados por los impagos de la Administración regional, que se han puesto en contacto con nosotros para que traslademos al Gobierno regional esta situación», afirmó el «número dos» de la patronal asturiana.
Los impagos afectan, principalmente, a proveedores del sector sanitario, a empresas relacionadas con la actividad de bienestar social, especialmente en residencias geriátricas, y a productoras audiovisuales. Además, colectivos de autónomos, que prefieren permanecer en el anonimato, aseguraron a este periódico que la situación se ha agravado en los últimos tres meses. «Hasta entonces se cobraba con retraso, pero el volumen de pagos de la Administración regional ha caído bruscamente», aseguró a este periódico un representante del colectivo de los autónomos. El Principado adeudaba, a 31 de julio, más de 376 millones de euros a sus proveedores autónomos, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.
El Gobierno regional ultima el conjunto de las auditorías sobre el sector público empresarial del Principado, cuyas conclusiones hará públicas en las próximas semanas, previsiblemente antes de las elecciones generales del 20-N. El Ejecutivo de Cascos ampliará la lista de empresas y entes públicos a eliminar o bien enajenar. Hasta ahora, el Gobierno regional había anunciado esas intenciones sobre el ente público RTPA y sobre Sedes, pero alguna sociedad pública del Principado, como es el caso de Serpa, también está en el punto de mira del Ejecutivo regional. Precisamente el director general en funciones de la RTPA, Juan José Guerenabarrena, ha enviado una carta al consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, en la que le transmite la necesidad de liquidez para poder pagar a sus proveedores.
Oviedo, P. G.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno regional delimite las competencias que corresponden a la Administración regional y a la local. De este modo, explican los populares, se mejoraría la «maltrecha» situación financiera de los ayuntamientos, evitándoles pagos que realmente corresponden al Principado. Según el PP, este estudio permitirá superar las «duplicidades», aclarar las competencias respectivas y abordar su financiación.
De salir adelante la propuesta del PP, el Parlamento regional crearía una comisión especial sobre el régimen jurídico y financiero de los servicios públicos, con la misión de elaborar un dictamen cuyas conclusiones se debatirían en el Pleno de la Junta General.
Por otra parte, los populares han solicitado la comparecencia del consejero de Hacienda y Sector Público, Rafael del Riego, ante la comisión correspondiente de la Junta General para informar sobre los planes del Gobierno con la Radiotelevisión pública del Principado de Asturias, la RTPA. A través de un comunicado, el PP afirma que su objetivo es conocer la intención del Ejecutivo sobre la gestión de los servicios de radiodifusión y televisión de los que el Principado tiene la titularidad, después de que el presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, asegurase en su discurso de investidura su intención de modificar la ley que regula «los innecesarios y costosos medios de comunicación social del Principado de Asturias». La RTPA será objeto de un plan de recorte, según avanzó el viceconsejero Luis de la Vallina.
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