La fecha que marca los verdaderos recortes es la del 21 de noviembre, el “día después” de las elecciones legislativas

Los expertos dudan del ahorro logrado con el tijeretazo

Los economistas señalan que el plan del Gobierno no elimina obras, sino que las aplaza y desliza el gasto hacia el futuro

07/10/2011, Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias
Solo la radiotelevisión pública, amenazada con un cierre por inanición, resulta indudablemente perdedora en el tijeretazo de Francisco Álvarez-Cascos. El resto de los recortes contenidos en el programa aprobado el martes por el Gobierno aparece a ojos de los expertos, conforme el paso de los días permite análisis más reposados, como más cosmético que real. Los expertos consultados por LA VOZ DE ASTURIAS corroboran una sospecha que ya aparecía en algunos de los primeros análisis de partidos políticos y sindicatos. A fuerza de desplazar obras y proyectos hacia ejercicios posteriores, el plan apunta sobre todo a un deslizamiento del gasto hacia futuros presupuestos y no supone una verdadera contención de las inversiones públicas.
La cercanía de las elecciones generales del 20 de noviembre supone un factor que los economistas instan a tener presente. Para el profesor Roberto Fernández Llera, el anuncio de esta semana supone “solo la casilla de salida del auténtico recorte” y un reconocimiento del terreno por parte del Gobierno de Foro Asturias antes de empezar la preparación de los presupuestos regionales de 2012, donde el ajuste ya se reflejará con crudeza. Llera cuestiona la utilidad de una reprogramación del gasto en octubre, cuando el año ya está tan avanzado que muchas partidas ya se han empleado. “Algunas inversiones ya no pueden pararse y otras no iban a acometerse en ningún caso”, considera.
De la misma opinión acerca de la influencia de la convocatoria electoral sobre el plan es el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello, quien suspira por ver en el calendario la fecha del 21 de noviembre. “Espero que, cuando se hayan celebrado las elecciones y no queden excusas, empiece el trabajo serio”, se explica. A su juicio, según los últimos datos oficiales sobre la deuda del Principado publicados por el Banco de España (a finales del segundo trimestre del año suponía el 8% del tamaño de la economía regional), la situación financiera de la Administración autonómica no justifica la brusquedad de la decisión. Con la información de la que dispone, Pandiello considera que los recortes “incluyen dos o tres guiños populistas” y ninguna medida de auténtico calado.
Ladiello Los dos profesores están de acuerdo en que la singularización de la RTPA como causa principal del desequilibrio de las cuentas regionales no se sustenta en datos objetivos. Llera recuerda que los 11 millones de los que el Gobierno priva a la cadena, vitales para su supervivencia al asegurar el pago de las nóminas de sus empleados y las facturas de sus proveedores, significan, sin embargo, una porción ínfima del presupuesto del Principado, que supera los 4.000 millones de euros. Pandiello puntualiza que discrepa de algunos gastos de la cadena pública, pero tampoco está de acuerdo con la asfixia decidida por el gabiente. “Se trata de cumplir los presupuestos, que son una ley aprobada por el Parlamento”, indica.
Además del desplazamiento del dinero para obras, que suma casi 60 millones de euros en la Consejería de Fomento y seis en nuevas infraestructuras para Bienestar Social, el ahorro tiene otro pilar importante en la eliminación de 33 millones de euros destinados a gastos financieros. Los economistas consideran difícil enjuiciar el impacto de esa decisión con la información que ha trascendido sobre ella. El consejero Ramón del Riego explicó el miércoles que esa cantidad procede de la bajada de tipos de interés, que ha abaratado la devolución de algunos créditos, y de la renuncia a otras operaciones de endeudamiento.
Llera no discute los datos, pero cuestiona que se presenten como un mérito del Gobierno. “No hablamos de una medida discrecional que proceda de ninguna voluntad política, sino del funcionamiento automático de esos créditos”, opina.
La información oficial del Principado no cuantifica a cuánto asciende la reducción del gasto que se deriva de la supresión de vehículos del parque móvil de las consejerías (que no solo incluye los coches oficiales de los altos cargos, sino también vehículos que suponen herramientas de trabajo para algunos servicios) o de mil líneas de telefonía móvil. Pero los economistas incluyen este apartado directamente en la categoría de populismo porque en ningún caso supone un porcentaje importante de los casi 157 millones eliminados del presupuesto.
Expertos, sindicatos y partidos coinciden en que la verdadera batalla se librará en las próximas semanas en la Junta General. “Ahí los grupos tendrán que definirse. O aceptan un presupuesto restrictivo o se oponen”, señala Llera. Foro Asturias solo cuenta con 16 de los 45 escaños de la Cámara. Pandiello también espera un debate esclarecedor. “Si alguien quiere alterar las ponderaciones y cambiar las prioridades, debe hacerlo en la Ley de Presupuestos del año que viene y buscar el respaldo del Parlamento”, señala.