Una interesante reflexión al hilo de la noticia de la investigadora que donó un premio a sus becarios

La soledad de los funcionarios solidarios ante la crisis

La poda de las retribuciones de los empleados públicos como recurso fácil de las administraciones para ahorrar

Opinión de JOSÉ R. CHAVES, MAGISTRADO, en La Nueva España

Leo con admiración que una investigadora donará un premio de 25.000 euros para el pago de los becarios de un Centro de Investigación valenciano. Aplaudo con simpatía el gesto de los profesores de enseñanzas medias de Guadalajara que propusieron renunciar a parte de su sueldo para evitar el despido de sus compañeros interinos.

E igualmente hay que reconocer el sacrificio de los funcionarios públicos en general a través del 5% del tijeretazo a sus nóminas (más justo hubiera sido subir los tipos del Impuesto de la Renta a toda la ciudadanía, en vez de recortar de forma lineal a «parte» de los empleados públicos, con independencia de su renta y patrimonio personal). Por si fuera poco, tras el precedente del recorte del complemento de destino al personal médico de algunos hospitales catalanes, resulta fácil pronosticar que, una vez que el «recaudador del frac» ha metido el pie en la puerta de las nóminas públicas, seguirán las Administraciones podando las retribuciones funcionariales (no sólo la pacífica congelación de incrementos, sino la privación de la paga extra que se antoja casi inevitable, el descenso lineal de niveles o específicos, la suspensión del abono de trienios u otro tajo similar).

En paralelo, mientras el invierno económico sigue atenazando los presupuestos públicos, las Administraciones rompen la cadena por los eslabones más débiles. No pagar a los proveedores. No acometer proyectos de nuevas obras o servicios. No acabar los ya iniciados. No pagar ayudas de la Ley de Dependencia. Adelgazar programas de subvenciones. No reconocer deudas ni asumir intereses y judicializar su cobro para aplazar lo inevitable. Y la medida tristemente más popular entre ediles, regidores de entes públicos, consejeros y directores generales: no renovar los contratos temporales y amortizar plazas de interinos.

En este punto se da una curiosa paradoja. Hasta hace poco el personal interino de la Administración poseía unas condiciones retributivas inferiores al personal fijo con lo que las Administraciones abusaban de esta mano de obra barata y normalmente mas dócil. Desde Europa vino la equiparación retributiva y funcional de interinos con funcionarios de carrera, lo que se ha servido en bandeja el pretexto para extinguirlos, pues al fin y al cabo ahora resultan costosos. Y de ahí a la desviación de poder sólo hay un paso: habrá que amortizar al interino más caro, esto es, al que más antigüedad tiene; o la máxima perversión: habrá que amortizar al interino que no resulta simpático o afín a la ideología de la autoridad que tiene la virtud de decidir su futuro.

En cambio, los políticos, que son el personal más interino por naturaleza, se cuidan muy mucho de aferrarse a sus cargos y de buscar refugios hasta que escampe el temporal de la crisis.

Me pregunto si no sería bueno, al igual que en el conocido «Cuento de Navidad» de Dickens, que los parlamentarios tuvieren una pesadilla nocturna y tras sobrevolar los tejados de los hogares españoles, pudieran contemplar ciudadanos que no llegan a fin de mes, que sufren el embargo de su vivienda, que ven como se esfuman sus ahorros, que asisten impotentes a la muerte de sus sueños, y ante tan horrible visión, tales gerifaltes tuvieran un ataque de dignidad personal e institucional y dejasen de comportarse como los pasajeros de primera ante los signos de hundimiento del «Titanic» (sabían que había botes salvavidas suficientes para ellos).

Bajo esa lucidez democrática y humanitaria impuesta por las graves circunstancias, se adoptase un Pacto de Estado de Solidaridad (aunque eso del «Pacto de Estado», como la canción, parece un término «roto de tanto usarlo») que pasase por aplicar un gran tijeretazo para arrojar lastre del globo público y que remonte el vuelo. No me refiero a recortar los gastos burocráticos ni los gastos sociales, ni el chocolate del loro de gastos institucionales. Tampoco se trata de que los políticos cual partícipes de un banquete tranquilicen su conciencia frente a los hambrientos privándose de los postres, sino sencillamente que limiten drásticamente el número de comensales. O sea, habría que recortar como ejercicio solidario y ejemplar la existencia o gastos de instituciones como las diputaciones, buena parte de los ayuntamientos pequeños, consejos sociales, consejos consultivos, sindicaturas, defensorías de variado plumaje, embajadas locales y autonómicas de alta cuna y baja cama, asesores que no asesoran, juntas que no se juntan, Entes de mucho ruido y pocas nueces, e incluso aprobarse un Reglamento del Senado que respetando la letra de la Constitución permita a sus señorías pisar lo mínimo posible la Cámara para que costase lo mínimo al contribuyente.

En definitiva, más valdría que los diputados y otros cargos representativos (así como los partidos políticos que los sostienen) se olvidaran de asegurarse el mayor número de pesebres para los correligionarios. Mejor será tomar las decisiones voluntariamente antes que las impongan esos guerrilleros indisciplinados que se llaman Mercados, EE UU, Estados emergentes, multinacionales o los grupos de presión.

Acepto que es un sueño utópico, pero el ejemplo de la investigadora valenciana invita al sueño y la esperanza, aunque posiblemente ese acto de generosidad de la investigadora que dona el premio para sus becarios se volverá contra ella, porque pudiera ser que la Agencia Tributaria asestase una dentellada al oler la sangre fresca de un incremento de patrimonio de la investigadora que deberá ser reflejado en su declaración de renta, o mordisquease la donación a terceros que estaría sujeta al correspondiente tributo a pagar por los becarios. Y ello sin olvidar el tejemaneje administrativo para canalizar esa renuncia del premio hacia la financiación de becarios. No olvidemos que el presupuesto público tiene carácter anual y es vinculante, con lo que no habría derecho jurídicamente exigible para que esa donación vaya a parar efectivamente a los becarios, pues el principio de caja única y de no afectación de los ingresos puede conducir a que su gesto sólo sirva para que su dinero vaya a atender los gastos de protocolo del Presidente del Centro, por ejemplo. Terrible. La generosidad no suele quedar impune.