Del primer pleno de la JGPA que continúa esta mañana con temas como la propuesta de modificación del Plan sobre Drogas para Asturias, la situación del Niemeyer y la constitución de la Fundación de Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA)
La oposición en bloque defiende en la Junta la televisión autonómica
Del Riego insiste en que la RTPA «no es esencial» y el PP le acusa de parecer «más preocupado por el reparto de controles que por el modelo»
Foto: Los trabajadores del ente, ayer, a las puertas de la Junta.
14.10.11 - AIDA COLLADO | OVIEDO, en El Comercio.
El primer pleno ordinario de la Junta General del Principado de Asturias empezó con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para guardar un minuto de silencio por la mujer asesinada a manos de su pareja en Avilés. A partir de ese momento, los consensos fueron más bien pocos. Lo que sí se vio fue una gran unión, la de todos los partidos de la oposición, que se enfrentó en bloque al Gobierno regional en defensa de la Radio Televisión del Principado de Asturias. El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, insistió en que el Ejecutivo no puede «gastar en todo. Tenemos que elegir, debido a las graves limitaciones presupuestarias» y confirmó, una vez más, cuál será la línea del Gobierno: «Continuar prestando los servicios esenciales y prescindir de los demás».
Insistió en que las retenciones de las partidas presupuestarias de la RTPA se han hecho en «salvaguarda de la hacienda de los asturianos» e instó al resto de partidos a que sean ellos quienes presenten un proyecto de Ley para solucionar el problema: «Dedíquense a estudiar y vean qué pueden hacer por la televisión». La actuación del Gobierno, dijo, «es plenamente legal y sólo persigue el mantenimiento y subsistencia del Estado del bienestar en Asturias».
Además, el consejero subrayó en varias ocasiones que Foro Asturias continúa sin tener acceso al Consejo de Administración del ente. En este sentido apuntó que el consejo «no se ha renovado en junio y debe renovarse». La contestación del diputado del PP Joaquín Aréstegui no se hizo esperar. «Parecen ustedes más preocupados por el reparto de controles que por el modelo que quieren», acusó.
Del Riego, por su parte, aseguró: «No tenemos un proyecto de futuro para la RTPA» e incidió en que «la televisión es a la fecha un servicio público prescindible». Recordó, además, que la creación de la RTPA supuso un «monocultivo» que «fagocitó todas las entidades y empresas que se dedicaban a la producción audiovisual». El responsable de Hacienda dice no entender que se estén produciendo ya impagos a los trabajadores en algunas de las empresas proveedoras del ente. En 2011, informó, se han transferido a la RTPA unos 20 millones de euros, «así que si hay trabajadores que no cobran, la pregunta es dónde está ese dinero». Y aseguró que no tiene constancia de «ninguna oferta de compra para ninguna de las mercantiles» que cuelgan de la RTPA.
Tampoco se anduvo con rodeos el diputado del PSOE Fernando Lastra, quien replicó a Del Riego que «no es verdad que no tengan proyecto de futuro» para la RTPA, pues el plan «es cerrarla». Lastra defendió a su partido y dijo que cuando gobernaba el PSOE «había sanidad y televisión», mientras que, en tres meses de gobierno, Foro «no ha tenido más que líos».
«No crean ustedes más que alarma. Sosiéguense, señores del Gobierno, y cumplan la ley», recomendó antes de echar en cara a Francisco Álvarez-Cascos que se ausentase del Pleno durante el debate de los puntos referidos a este asunto. El presidente regresó a su escaño cuando estaban concluyendo las intervenciones referidas a la interpelación sobre la RTPA planteada por el PSOE.
La diputada de IU-Los Verdes Noemí Martín centró su discurso en las ochocientas familias que dependen del futuro de la RTPA. Así, animó al Ejecutivo a buscar «las alianzas» parlamentarias que necesite para los cambios en el Consejo de Administración de la RTPA, pero pidió que «entretanto no pongan en juego» tantos empleos. Negó que el ente acabase con el sector audiovisual asturiano, puesto que «cuando se creó había 30 empresas y, ahora, hay 70».
Aréstegui sí creyó a Del Riego en que no tiene un proyecto de futuro para la RTPA, porque, según manifestó, «no lo tiene para nada» e «improvisa». «Esto no es un recorte ni un ajuste. Lo que están haciendo es un fraude, porque no están cumpliendo con sus compromisos adquiridos», espetó antes de acusar a Foro de ser incapaz de «llegar a un acuerdo con nadie desde que ganó las elecciones».
El Principado anuncia que subastará Sedes y da a la RTPA dos días para entregar sus cuentas
Hacienda hace un requerimiento al ente para conocer con detalle tanto sus deudas como el número de trabajadores
14.10.11 - J. A. GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.
El Principado contraataca y pide a la dirección de la Radio Televisión del Principado (RTPA) que presente con detalle sus cuentas en el plazo de dos días hábiles. Esta es la respuesta del Gobierno regional a la decisión adoptada por el consejo de administración de la Radio Televisión del Principado (RTPA) de llevar al Ejecutivo de Álvarez- Cascos a los tribunales, al considerar que vulnera la ley al recortar la partida presupuestaria asignada al ente de comunicación asturiano.
La Consejería de Hacienda y Sector Público quiere conocer, y así lo hace saber en el requerimiento remitido al presidente del consejo de administración, Francisco Alonso, la relación de deudas vencidas e impagadas con los trabajadores, así como las deudas con organismos públicos, incluyendo la Seguridad Social.
Insta, del mismo modo, a que se faciliten datos precisos sobre el número de trabajadores de cada una de las sociedades, las deudas vencidas e impagadas con proveedores, así como los procedimientos judiciales en curso contra cada una de las sociedades.
El Gobierno pide también información sobre las reclamaciones de pago recibidas por las citadas sociedades a lo largo del presente ejercicio pendientes de atención, y además quiere conocer la relación de trabajadores incorporados este año a las mismas entidades.
Hacienda incorpora en su requerimiento la demanda para tener con precisión datos sobre la disponibilidad de tesorería del ente de comunicación y el último balance de resultados. Igualmente, pide conocer la relación de pagos a proveedores en 2011 y las dietas pagadas a los consejeros durante los últimos tres ejercicios.
El Gobierno asturiano pide también información sobre el presupuesto del próximo año, así como la previsión de ingresos y gastos en el actual ejercicio y la relación de créditos pendientes de cobro contra terceros.
Dos días hábiles tendrá la dirección del ente para responder a la petición cursada por la Consejería de Hacienda y Sector Público, que insiste en las mismas tesis para justificar su actuación de reducir la asignación presupuestaria que tenía consignada la televisión y radio pública. Según explica en una nota a la que ha tenido acceso este periódico, el volumen de gasto del ente, 174,5 millones de euros desde 2004, no se corresponde con el interés público que tiene este servicio respecto a otras prestaciones consideradas «esenciales» cuyo mantenimiento, precisan, «tiene carácter imprescindible e irrenunciable para el Gobierno».
Esta es la respuesta del Ejecutivo asturiano al requerimiento hecho previamente por el consejo de administración del ente, tras conocer la decisión de la Administración de suprimir parte de las partidas dirigidas a RTPA.
En la carta, fechada el pasado 7 de octubre, Francisco Alonso Díaz, en su calidad de presidente del citado órgano directivo, reclamaba al Ejecutivo el texto donde se recoge el acuerdo para reducir la asignación al ente, así como una aclaración de si las medidas adoptadas suponen la definitiva cancelación de las transferencias, avisa, «legalmente aprobadas». En el caso de que no haya una rectificación por parte del Gobierno autonómico, el consejo de administración expone que responderán a este «proceder arbitrario» en los tribunales recurriendo a acciones judiciales. Una representación de trabajadores de RTPA y las productoras han mantenido contactos con los grupos parlamentarios de PSOE y Foro para trasladarles los problemas de impago. Los socialistas han expresado su respaldo a los trabajadores, mientras que Foro recordó que es una decisión del Gobierno y que no está en manos del grupo parlamentario una solución a los cobros.
Venta de Sedes
El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, anunció en el Pleno de la Junta General que su departamento está elaborando ya un pliego de venta de la empresa pública Sedes, que saldrá a subasta pública «con criterio precio». Esto, argumentó, permitirá cumplir dos objetivos: «Poner en el mercado una empresa que siempre debió estar ahí y atender objetivos financieros que requieren una mayor atención».
El consejero también informó de que aún no se han terminado de elaborar las auditorías encargadas para conocer el estado de los organismos y empresas públicas, por lo que «no se puede dar información sobre la solución o soluciones que se pueden plantear», con vistas a reestructurar el sector público. Excepto, claro, la agilización de la enajenación de Sedes.
Lo hizo como respuesta a una interpelación de IU-Los Verdes, durante la que su portavoz, Jesús Iglesias, defendió que «el sector público asturiano no es excesivo», por lo que el Ejecutivo «no tiene un problema económico, sino ideológico». Culpó a Del Riego de, «sin esperar a las auditorías», empezar un «proceso de asfixia» a las entidades públicas.
El diputado popular Joaquín Aréstegui lamentó que Del Riego sólo anunciase la enajenación de Sedes, sin avanzar en los criterios que seguirá con el resto de entidades. «Pensamos que tendrían un plan. ¿Y nos viene a decir que su único proyecto es que van a privatizar Sedes?», preguntó.
Otro de los puntos del día tratados, a petición del PP, fueron los fondos mineros. Su portavoz, Isabel Pérez-Espinosa, acusó a los gobiernos socialistas de ser «los que le dieron la justificación al Gobierno central para romper con el compromiso, teniendo en cuenta que si no eran capaces de gastar lo que ya tenían transferido, no tenía lógica seguir aumentando la bolsa». Ahora, pidió, «el Gobierno tiene que gestionar este caos y en las comparecencias de los consejeros no han dicho nada de nada sobre el nuevo modelo de gestión que se necesita para darles eficacia y agilidad». Lo único que sabemos, acusó, «es a través de los medios de comunicación, como también es habitual con este Gobierno», al que acusó de «dejación de responsabilidad».
El consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero, mencionó, como medidas para mejorar la gestión, la exigencia al Ministerio de Industria del cumplimiento del plan estatal, junto a una mayor agilidad de los expedientes por su departamento. Para ello, tratarán de que el Gobierno central agilice sus procedimientos y en el Principado se centralizará la gestión y tramitación de todos los proyectos, reforzando el equipo en la Consejería de Economía y Empleo, y controlando cada quincena los proyectos que sean competencia de otras consejerías.
El PP también preguntó al Gobierno regional si existen retrasos en los pagos a las empresas proveedoras, en las transferencias a las empresas del sector público y en los pagos de los convenios con las entidades locales. El responsable de Hacienda, Ramón del Riego, dijo que el Ejecutivo actual ha mantenido «e, incluso, mejorado» los plazos de los pagos. Su Gobierno, eso sí, pretende «homologar el tratamiento a todos los proveedores», para acabar con las diferencias entre unos y otros.
El Principado afirma que pagará en semanas las prestaciones sociales a 22 concejos
El PP acusa al Gobierno de Cascos de «ahogar a ayuntamientos y empresas» y Bienestar Social replica que está cumpliendo los plazos
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España.
El Gobierno regional aseguró ayer que a lo largo del presente mes de octubre y de noviembre abonará a 22 ayuntamientos y mancomunidades del Principado las cuantías que les adeuda en concepto de servicios sociales básicos que prestan las entidades locales. Unas facturas que, según el Partido Popular, están «ahogando a ayuntamientos y empresas» a causa de los retrasos en los pagos por parte del Ejecutivo que preside Francisco Álvarez-Cascos.
En el primer Pleno parlamentario de la actual legislatura, la consejera de Bienestar Social y el PP describieron panoramas rigurosamente opuestos sobre la situación de los convenios de la Administración autonómica con los ayuntamientos para la financiación de prestaciones sociales. Lo que para la titular de Bienestar Social, Paloma Menéndez Prado, es un cumplimiento intachable de los plazos estipulados, incluso con adelantos sobre los registrados el año pasado, para el diputado popular Carlos Galcerán es una preocupante lista de empresas de servicios sociales al borde de la bancarrota y con un abultado número de trabajadores que llevan sin cobrar incluso desde el pasado mes de mayo.
La Consejera subrayó que, de los 41 convenios de colaboración suscritos, en cuatro casos los ayuntamientos o agrupaciones ni siquiera han remitido firmados los correspondientes acuerdos, «lo cual imposibilita la tramitación de su pago». La relación de los mismos, así como la de las 22 entidades que cobrarán próximamente, figuran en el cuadro que acompaña a esta información. Otros 15 municipios o mancomunidades ya han percibido las cuantías que les correspondían, completó Paloma Menéndez.
La titular de Bienestar Social se estrenó en el Pleno de la Junta General del Principado con una pregunta del PP sobre prestaciones básicas. La cuestión versaba sobre los presuntos «importantes retrasos» por parte de la Administración regional en el pago de las transferencias correspondientes a los convenios con las entidades locales en esta materia. Los pretendidos retrasos «no son ciertos», enfatizó la Consejera. «Varios ayuntamientos y empresas dedicadas a labores de bienestar social no han cobrado los servicios prestados y se encuentran en una peligrosa situación económica», replicó Galcerán.
La Consejera y el diputado habían intercambiado al inicio sendas puyas que tenían como antecedente las dos comparecencias de Menéndez Prado ante la Comisión de Bienestar Social del Parlamento. La titular de Bienestar Social -más asentada en esta ocasión y ateniéndose a un guión escrito- afirmó que se proponía «evitar los problemas de comprensión que tiene el Grupo Popular». Y Galcerán respondió que «la entendemos perfectamente cuando dice algo, cuando no la entendemos es cuando no dice nada».
El diputado del PP tildó de «lamentable que aún no se hayan hecho efectivas todas las cantidades a los ayuntamientos, porque desde el 15 de junio de 2011, fecha en la que se firmaron los convenios, la responsabilidad es del Gobierno regional». Según Galcerán, muchos municipios «están pasando malos momentos, acudiendo a préstamos», porque la Consejería de Bienestar Social «no ha hecho los deberes y ha ahogado a trabajadores, ayuntamientos y empresas del sector».
Paloma Menéndez señaló que su departamento está cumpliendo los plazos habituales y agregó que de las 15 entidades locales a las que ya se ha pagado, diez han cobrado «en una fecha más temprana que en 2010».
Los pagos, según la Consejera
Ayuntamientos o agrupaciones que no han remitido los convenios firmados, lo cual imposibilita la tramitación de su pago:
1) Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano. 2) Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Oscos y Villanueva de Oscos. 3) Valdés. 4) Gozón.
Concejos que ya han remitido el convenio firmado y ya han percibido los pagos:
1) Mancomunidad Valles del Oso. 2) Salas. 3) Mancomunidad Comarca de la Sidra. 4) Mancomunidad Suroccidental. 5) Lena. 6) Castropol, Vegadeo, Taramundi y San Tirso de Abres. 7) El Franco y Tapia de Casariego. 8) Mancomunidad de las «Cinco Villas». 9) Belmonte de Miranda y Somiedo. 10) Oviedo. 11) Carreño. 12) Colunga y Caravia. 13) Mieres. 14) San Martín del Rey Aurelio. 15) Cangas del Narcea.
Según Paloma Menéndez, «de un total de 37 convenios ya firmados, se han pagado 15 y restan por pagar 22, respecto de los cuales la Consejería está tramitando la orden de pago, estando previsto el pago material en octubre y noviembre».
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