Un Consejo de ministros, el de ayer (3º de Rajoy), marcado por declaraciones de intenciones
El Consejo no toma decisiones y Rajoy se esconde hasta febrero
La única circunstancia clara del Consejo de Ministros es la no comparecencia del Presidente del Gobierno hasta después del quinto Consejo de Ministros, allá por el mes de febrero.
De Guindos, Montoro y Soraya Saenz de Santamaria pretenden luchar contra el fraude fiscal, limitando el “uso de dinero en efectivo”, sin aclarar cuáles serán las medidas, ni los períodos de las mismas.
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El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que estudia mecanismos de prevención como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades.
Este cálculo se desprende del futuro plan general de control del fraude para 2012 que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, ha informado a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La iniciativa de limitar el efectivo en determinadas transacciones para evitar el uso de dinero negro tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia, ha explicado.
Otro de los elementos del plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria".
La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador, ha concretado la vicepresidenta.
De este modo la investigación contra el fraude fiscal, que según ha dicho va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes.
Además, Sáenz de Santamaría ha confiado en contar con la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como con información de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas.
De la misma manera, se quieren alcanzar nuevos convenios de doble imposición y en contra de paraísos fiscales.
Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6 % la recaudación.
CONSUMO ELÉCTRICO Y USO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores -que no especificó- más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito.
En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.
La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas 'antiabuso' son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.
SE AMPLIARÁ EL ENVÍO DE BORRADORES DEL IRPF
Asimismo, se potenciará la 'autorregularización' voluntaria, la 'autocorrección' de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención 'on line' de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas.
Concretamente, sobre la 'autorregulación' voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones.
"Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude", indicó Sáenz de Santamaría.
Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde".
Gestha pide al Gobierno que limite a 1.000 euros el pago de facturas en metálico para recaudar 26.000 millones anuales
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron hoy en 1.000 euros el importe óptimo en el que debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno estudia implantar para aflorar el dinero negro, ya que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales.
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El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explicó que sólo con aplicarse esta medida de manera estricta se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012. Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno.
Según señaló, esta prohibición supondría "una medida disuasoria" frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda del límite máximo permitido de 1.000 euros.
Reorganizar la AEAT
Por otra parte, Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan General de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabilidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en "una mera declaración de intenciones".
El colectivo aplaudió la decisión de intensificar el control en los sectores donde se concentran las grandes bolsas de fraude, como la construcción o el alquiler, aunque recordó que el control a través del consumo de energía eléctrica ya se presentó en su momento como 'medida estrella' de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.
Por otro lado, este colectivo manifestó su preocupación por que la anunciada autorregulación fiscal voluntaria acabe por convertirse en una amnistía fiscal encubierta para aquellos defraudadores que pueden gozar una segunda oportunidad para saldar sus cuentas con el Fisco cuando los ciudadanos de a pie, por el contrario, no disfrutan de "estas facilidades".
Asimismo, Mollinedo apremió al nuevo Gobierno a estrechar la colaboración en el ámbito internacional para combatir los paraísos fiscales, en especial si de este modo se posibilita la obtención automática de información mercantil o tributaria de las personas físicas y jurídicas que operen en estos territorios buscando saldar negocios al margen del Fisco.
Respecto a la coordinación entre administraciones públicas, los Técnicos de Hacienda calificaron como "una necesidad urgente" que los distintos órganos de las administraciones territoriales pongan su información en común de manera efectiva con el fin de compartir las bases de datos tributarias y luchar de manera conjunta contra el fraude fiscal.
Alternativas a nuevos ajustes
Por otro lado, Gestha abogó por la puesta en marcha de medidas adicionales que permitan incrementar la recaudación en más de 38.500 millones de euros, muy por encima de los 8.171 millones de euros que el Gobierno tiene previsto recaudar con el nuevo plan antifraude que está perfilando. Recaudación estimada de las diferentes medidas por Comunidades Autónomas.
Así, para mejorar la recaudación, el colectivo apostó por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros, lo cual permitiría recaudar más de 13.900 millones de euros anuales.
Otra medida prioritaria para mejorar la recaudación sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios. No obstante, su buen funcionamiento estaría supeditado a la modificación de las SICAV para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social, evitando la elusión de las rentas del capital en el IRPF que actualmente se produce.
Por último, el IVA es otra de las tasas que según Gestha pueden aportar una mayor recaudación, aunque no a través de un incremento que pueda contraer el consumo y afectar a las personas con bajos ingresos, sino incidiendo en la mejora del control del fraude para extraer unos mayores ingresos.
Otra opción para reducir la especulación en los mercados financieros y aumentar los ingresos sería la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.
Finalmente, solicitaron que se autorice a todo su personal, y especialmente a los 8.500 técnicos a asumir mayores competencias y responsabilidades para reducir la economía sumergida, mejorar el control del gasto público y de las subvenciones mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, lo cual supondría duplicar las actuaciones de control tributario y aduanero previstas para 2012, incrementando así la eficacia en estas actividades.
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