La necesaria trasparencia en este campo ya está en marcha

El Principado difunde por primera vez las adjudicaciones de contratos menores

El caso de Marta Renedo, que logró más de 600.000 euros con estos encargos, reveló la conveniencia de darles trasparencia

24.02.12 - RAMÓN MUÑIZ, OVIEDO, en El Comercio.

El Principado acepta el reto. Desde el lunes todo ciudadano puede consultar en internet una lista de los contratos menores que la Administración autonómica firma por encima de los 5.000 euros. Los encargos de esta índole eran hasta ahora sólo accesibles para la Intervención General, los secretarios generales técnicos de cada consejería y los funcionarios que los tramitaban. Pocos ojos para controlar un caudal de expedientes que consumen buena parte del presupuesto regional. El secretario general de IU, Jesús Iglesias, viene estimando que el Principado suscribe unos 60.000 contratos menores al año.

Por contrato menor se entienden todos los de obras por debajo de los 50.000 euros (sin IVA) o servicios y suministros inferiores a los 18.000 euros. Siempre que el encargo se mueva en estas cuantías, el gestor público goza de un amplio margen de discrecionalidad. La Ley de Contratos Públicos, reformada el pasado mes de noviembre, limita el expediente a «la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente». El contrato se puede realizar con «cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación».

Los requisitos son escasos para facilitar una Administración ágil. El precio es un menor control del desembolso y basta un ejemplo para comprobarlo. El 2 de septiembre de 2008 la firma del entonces director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto, fue estampada en una resolución que explica dos cuestiones. Que el departamento tiene la necesidad de «contratar análisis, desarrollo aplicativo y conversión documentación administrativa en electrónica» y que para ello «ha solicitado presupuesto económico y de ejecución a la empresa Implans Mounts S. L.», quien estima el encargo en 20.490,47 euros. Formalmente, de esta operación sólo tienen conocimiento el director general, la funcionaria que contactó con el contratista y preparó esta resolución de folio y medio, y el secretario general técnico al que llegan los miles de contratos de la consejería. Dentro de tan reducido círculo se «autoriza y dispone» el gasto solicitado por la empresa. La factura llegó diez días después. La jefa de servicio responsable del área confirma que el trabajo se ha realizado y conforma el pago.

La funcionaria en cuestión es Marta Renedo y la Policía sospecha que ella hizo la resolución, suplantó la firma de su superior y conformó la factura final, todo ello con el objetivo de que el dinero terminara en la empresa de la que era administradora única. Desde agosto de 2008 hasta febrero de 2010 habría repetido este modus operandi decenas de veces hasta hacerse con más de 600.000 euros del Principado.

El asunto está en fase de diligencias previas pero reveló hasta qué punto se puede pervertir el mecanismo cuando son pocos los testigos. Existían otros avisos, como la puntuación que la organización no gubernamental Transparencia Internacional viene dando al Principado. En 2010, dentro del apartado de «transparencia en contratación pública de servicios y suministros», Asturias ocupó el puesto 13 en la relación de las 17 comunidades.

Sólo lo hace Cantabria

El pasado 9 de noviembre, el Principado informó mediante nota de prensa de que el Consejo de Gobierno aprobaba «la publicación de los contratos menores y los negociados». La iniciativa afectaría a la administración autonómica y los organismos y entidades que forman su sector público. «Con esta medida el Principado, junto con Cantabria, son las únicas comunidades autónomas que publicarán esta información», abundaba la nota.

La orden ha empezado a materializarse con los contratos menores por encima de los 5.000 euros suscritos en siete de las nueve consejerías, dos gerencias de atención primaria y siete de las 81 empresas, entes y fundaciones que componen el sector público autonómico. La información detalla el motivo del contrato, su beneficiario y la cuantía. Ahora basta acudir al apartado denominado 'Perfil del contratante' dentro de www.Asturias.es para saber cuánto costó la dirección de OSPA ante el Papa, la auditoría a la RTPA o el informe legal sobre la incineradora anulada por una sentencia.

VER SECCION DE LA WEB DEL PRINCIPADO DONDE SE PUBLICAN DICHOS CONTRATOS