El torpedo de Rajoy a la línea de flotación de la dependencia, con el recorte, sitúa a los afectados en la situación de que ya no tienen nada que perder
La asociaciones de discapacidad se rebelan contra el recorte a la Ley de la Dependencia
El Cermi celebrará un debate extraordinario el día 12 mientras que CC OO urge la creación de una plataforma «porque hunden la ley»
03.04.12 - CHELO TUYA, GIJÓN, en El Comercio.
«Ahora saldremos a la calle. Ya no podemos más». La frase, pronunciada por la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado (Cermi) - que tiene tras de sí a más de 100.000 personas - indica que el recorte de 283 millones de euros para la aplicación de la Ley de la Dependencia anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido la gota que colma el vaso de los colectivos que representan a personas con escasa autonomía personal.
La proverbial paciencia de estas entidades ante los obstáculos, así como su moderación en las críticas a las diferentes administraciones ha saltado ahora por los aires. La espita que ha encendido la mecha ha sido comprobar que una de las patas de la financiación de la norma, la partida denominada 'nivel acordado' - con el que las comunidades financian los servicios que utilizan las personas con dependencia - ha desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado.
Son 283 millones que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debía repartir entre las diferentes regiones. Para Asturias, tal y como adelantó EL COMERCIO, la supresión se traduce en que 8,1 millones de euros no llegarán a las arcas regionales.
Los datos, ofrecidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales - creadora del Observatorio de la Dependencia - hablan, además, de mil personas que se quedarán sin cobertura y 240 profesionales que perderán su puesto de trabajo.
Mientras el Principado sigue guardando silencio, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado (Cermi Asturias) - integrado por la patronal ONCE, así como por los dos principales entes aglutinadores de discapacidad, Cocemfe y Predif, además de por Afesa (enfermedad mental), Apada y Fesopras (problemas auditivos), Aspace (parálisis cerebral), Feaps (integración de discapacidad intelectual) - celebrará la próxima semana «una reunión extraordinaria» en la que analizarán «en qué consiste el recorte».
8,1 millones que son 16
La presidenta del Cermi se preguntaba ayer, y lo hará ante su directiva el próximo día 12, «¿cómo se van a financiar los servicios y se va a dar atención ahora a las personas con discapacidad?». Mientras, el vicepresidente de la entidad, José Luis Crespo, apuntaba ya «la desaparición de programas de envejecimiento». Porque aunque el 'nivel acordado' es sólo una parte de la financiación de la Ley de la Dependencia, es una fundamental. Con ella, el Estado financia los servicios que utilizan los dependientes de la ley y prioriza en el reparto a las comunidades con más beneficiarios reales. Eso llevó a que Asturias fuera penalizada el año pasado, al perder más de 600.000 euros en esta partida, debido al atasco que acumulaba en la gestión.
Además de financiar, el Estado obliga a las comunidades a poner sobre la mesa una partida igual, de forma que los 8,1 millones comprometidos para Asturias debían convertirse en 16,2, al tener que aportar el Principado idéntica cantidad.
Una cifra que, para CC OO, no será realidad este año «de ninguna manera, ya que el Principado no tiene dinero para aportar ni siquiera su parte». Así lo asegura el Secretario de Política Social de la central, Ignacio Quintana, quien ayer urgía «la creación de una plataforma, en la que entremos sindicatos y afectados, porque esto hunde la ley».
En su opinión, la desaparición del nivel acordado «es un torpedo en plena línea de flotación», porque «con lo que aporta el Estado en el nivel mínimo, no llega para nada». Se refiere Quintana a la otra fórmula de pago del ministerio: pagar por cada beneficiario, cifra que no pasa de los 267 euros al mes en el mejor de los casos. CC OO asegura que «a partir de ahora, la lista de espera subirá y el limbo -personas con derecho, pero sin ayuda - se disparará». Ahora mismo, están en él 6.096 asturianos.
CCOO critica la renuncia del Gobierno a controlar la obligación de las CC.AA. de co-financiar el Sistema de Dependencia
C.S. de CC.OO.
Con el recorte del 17,5% ( 283 millones de euros) el Gobierno dificulta la viabilidad del Sistema de Atención a la Dependencia al suprimir el “nivel acordado” de financiación que compromete el gasto compartido entre la Administración general y las CC.AA
El proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno presenta un recorte de 283 millones para la atención a la dependencia, sin embargo no se trata solo de una merma de recursos. Esta cantidad corresponde a la aportación que el Estado hace al "Nivel Acordado de financiación", uno de los tres niveles que configura el Modelo de financiación de este sistema de protección.
El recorte que plantea el gobierno en su proyecto de presupuestos, en realidad es también la ruptura del modelo de financiación, lo que en la práctica supondrá:
- El incumplimiento del gobierno central de un compromiso de financiación que le corresponde por ley, ya que desaparece completamente el nivel acordado de financiación.
- La renuncia del gobierno a exigir el compromiso de co-financiación de las CCAA mediante los correspondientes Convenios que desarrollan este nivel de financiación.
- Renuncia del gobierno a hacer transparentes los compromisos anuales de financiación de las administraciones, que durante estos años se han conocido a través de la publicación oficial de dichos convenios realizados entre la Administración General y las CC.AA.
- La renuncia del gobierno a utilizar los Convenios como instrumento que permite orientar y comprometer el gasto en las CCAA, para garantizar la suficiencia de prestaciones y el ejercicio efectivo del derecho subjetivo de atención a las personas en situación de dependencia.
- Supondrá la desaparición del incentivo que actualmente tienen las CCAA para incrementar el número de beneficiarios de las prestaciones de dependencia, ya que este fondo se distribuía únicamente teniendo en cuenta los beneficiarios efectivamente atendidos. Por tanto, es probable que se incremente el número de personas que aún teniendo derecho a estar atendidos sin embargo continúan en "lista de espera" para acceder a una prestación.
En opinión de Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, este Gobierno acumula decisiones que lesionan los derechos sociales de las personas en situación de dependencia. Primero fue demorar un año el calendario de aplicación de la ley, ahora permitiendo que las CC.AA no se obliguen financieramente en la continuidad de la aplicación de la ley.
Hace escasamente dos meses la Ministra Mato, ofrecía un Pacto por los servicios sociales, y desde entonces su gobierno modifica unilateralmente e incumple una ley que fue consensuada social y políticamente, que además ha permitido ampliar la cobertura de protección a cientos de miles de personas en situación de dependencia y que ha creado 195.000 nuevos empleos en tres años.
Para CCOO no es de extrañar la pérdida de credibilidad de un gobierno que se empeña en ganar la confianza de los mercados, mientras da la espalda a las personas. Recortar el gasto social en atención a la dependencia, es renunciar a la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo estables y renunciar a los importantes retornos económicos que la realización de este gasto social comporta para las arcas públicas.
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