Bueno, parece que hay convocatoria a las 11:30h... doy por hecho que los sindicalistas estarán llenando de carteles los centros.
AVANCE INFORMATIVO EN LA WEB DE LA U.R. DE CC.OO. DE ASTURIAS:
“JUEVES, 10 DE MAYO, A LAS 11:30, CONCENTRACIONES EN LOS HOSPITALES DE CABECERA DE CADA ÁREA EN ASTURIAS”
Movilizaciones en Asturias contra la reforma sanitaria
Redacción, El Comercio.
Asturias se movilizará contra la reforma sanitaria. Los sindicatos con representación en la sanidad pública iniciarán una serie de acciones de protesta contra las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy para reducir el gasto sanitario y que contemplan, entre otras muchas medidas, el aumento de las ratios de copago en los medicamentos, la inclusión de los pensionistas de todo tipo de renta en la financiación de las medicinas y el abono de prestaciones hasta ahora costeadas por las arcas públicas, como es el caso de los transportes en ambulancia no urgente. La primera concentración tendrá lugar este jueves, día 10, a las 11.30 horas. Se leerá un manifiesto en los hospitales de cabecera de cada área sanitaria.
Madrid empieza la exclusión sanitaria de los inmigrantes por los más pobres
Una orden interna de Salud obliga a exigir la residencia legal además del padrón
Las autonomías aceleran los recortes tras el decreto
Emilio de Benito, Madrid, en El Pais.
La carrera ha comenzado y ya empiezan a aparecer los primeros perjudicados. La Comunidad de Madrid ha aplicado ya una de las medidas más polémicas desde un punto de vista sanitario: impedir que los extranjeros empadronados pero sin residencia legal consigan la tarjeta sanitaria. Con ello les restringe la posibilidad de acceder al sistema sanitario y les deja como única vía ante cualquier problema de salud acudir a urgencias. La medida sigue levantando críticas, como la de los expertos en sida de Seisida. Otras víctimas de esta carrera por restringir gastos a corto plazo son algunas prestaciones, como los ambulatorios por la tarde que se cierran o, ya en manos de la Administración central, la clausura de programas de investigación.
La instrucción de la Consejería de Sanidad de Madrid que da el pistoletazo de salida es clara. En una circular fechada el 4 de mayo, 10 días después del real decreto ley que establecía el último paquete de recortes, una Unidad Periférica de Tramitación (UPT) de la tarjeta sanitaria especifica que “no deben iniciarse” las “solicitudes nuevas” de personas “sin recursos” que “carecen de NIE”. Este NIE es el número de identificación de extranjero, el equivalente al DNI para los españoles, que acredita que una persona tiene residencia legal. En la práctica esto supone que los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) ya están sintiendo el efecto de las medidas de recortes de la prestación acordadas por el Gobierno, porque aunque estén empadronados (el requisito que se les exigía hasta ahora), la orden es “no recoger el expediente si no aportan la documentación requerida”, lo que les deja automáticamente fuera del sistema.
La orden interna, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está dirigida a aclarar las dudas de las oficinas que tramitan la tarjeta sanitaria y supone un endurecimiento de la actual reglamentación. Esta, según figura todavía en el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid, indica que, para quienes no tengan NIE, basta con “la solicitud cumplimentada y firmada por el usuario que será facilitada en el centro de salud”, el “volante o certificado de su inscripción en el padrón de habitantes del municipio de residencia en la Comunidad de Madrid (original y actualizado)” y la “declaración jurada sobre los ingresos económicos, conforme al modelo que se facilitará en el centro de salud” (al ser personas en situación ilegal no pueden presentar declaración de la renta, ya que no pueden cotizar). Es decir, que el requisito clave era estar inscrito en el padrón, que es lo que ahora se va a suprimir, antes incluso de que haya algún tipo de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno central.
La viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, indica que la instrucción solo pone en marcha lo acordado en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del 20 de abril, y que entró en vigor el 24 de abril. “Por eso hemos emitido la instrucción”, afirma.
Flores explica que hay dos situaciones: por un lado, los extranjeros que, aunque estén en situación irregular, sí que tienen tarjeta sanitaria porque estaban empadronados. “A estos se les quitará el 31 de agosto, que es lo que establece el decreto”, afirma. La diferencia con los otros a los que se les va aplicar la circular es que se trata de “solicitantes de tarjeta nueva”, añade.
El impacto de la medida no está claro. En enero de 2012 había en Madrid, según datos del Gobierno autónomo, 1.047.174 extranjeros empadronados —algo más del 16% de la población—, de los que 902.816 tenían tarjeta de residencia. Eso quiere decir que la medida puede dejar fuera del sistema sanitario a 144.358 personas en Madrid, que es la diferencia entre los empadronados y los que tienen la tarjeta. La Consejería de Asuntos Sociales, que es la que aporta los datos, no da el desglose entre los que tienen recursos y los que no, con lo que no se puede saber el impacto real de la decisión.
Eso sí, el número de inmigrantes —tanto en Madrid como en el resto de España— está en descenso desde 2010. Ese año se alcanzaron en Madrid casi 1.119.000 extranjeros empadronados. Desde entonces su número desciende, ya sea porque vuelven a sus países por la crisis o porque se nacionalizan por arraigo, y es posible que parte de las bajas no estén reflejadas en el padrón, con lo que la cifra de afectados podría ser menor.
La restricción al acceso sanitario de los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) es uno de los aspectos que más preocupa a los expertos en salud pública, ya que esta población sufre en mayor medida casos de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o el VIH, por lo que dejarles fuera del sistema puede dificultar el control general de estas afecciones. Pero también hay otras condiciones crónicas que se quedarán sin tratamiento, desde cánceres a diabetes. La ministra de Sanidad, Ana Mato, mencionó al defender la medida que podría ahorrar unos 500 millones, aunque la posterior memoria económica del real decreto no la recogía. Sí que mencionaba los 971 millones que se podrían ahorrar por la atención a europeos comunitarios, cuya atención no era facturada a sus países, según reflejaba un estudio de 2009 del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, en el documento se especifica que, “hasta que no se publique cómo llevarlo a cabo”, los mayores de 26 años deberán seguir recibiendo asistencia como hasta ahora. Esto es así, afirma Flores, porque todavía no está establecido el sistema de conexión con la Seguridad Social, que es el que deberá fijar quiénes de ellos tienen que acudir al sistema de acceso a la tarjeta para persona sin recursos. En este caso, Madrid sí va a esperar a las instrucciones del Gobierno.
Expertos afirman que los recortes son un retroceso de 30 años en la lucha antisida
Seisida advierte de que dejar fuera a los inmigrantes sin papeles o reducir el presupuesto del Plan Nacional sobre el Sida tendrán consecuencias "impredecibles"
El País.
"Dinamitar el sistema de salud español supone un retroceso de 30 años en el VIH y el sida". Este es el elocuente título de un comunicado de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), emitido con motivo de los recortes anunciados por el Gobierno en Sanidad. "Supondrá echar por tierra un trabajo de más de 30 años en prevención, formación, información y tratamiento de las personas con VIH y sida. Conllevará, al igual que ha pasado en países como Grecia, que también cercenaron servicios sociales y sanitarios esenciales, un aumento en el número de personas con VIH y que la epidemia tome un rumbo incontrolable y desconocido", indican.
Dos son los aspectos de la reforma que más preocupan a los expertos. El primero y más novedoso, es el de dejar a los inmigrantes en situación irregular sin asistencia sanitaria (salvo las urgencias). "Si recortamos en el acceso a los servicios de salud a las personas sin tarjeta sanitaria, muchos de los cuales pueden estar infectados por el VIH, ¿cómo vamos a controlar la infección? ¿cómo vamos a integrar al paciente con VIH en el sistema de salud?", se preguntan retóricamente.
Las consecuencias de este tipo de medidas impedirán diagnosticar y tratar a parte de los afectados en España. El Plan Nacional sobre el Sida, con datos de 2010, cifraba en el 38,4% la proporción de extranjeros (sin especificar situación legal) sobre el total de diagnósticos de VIH. Como muestra de lo que puede ocurrir, la sociedad recuerda que "todavía hoy se estima que cada año se infectan más de 3.000 personas, y casi un 50% de estos es diagnosticado cuando su sistema inmunológico estaba en mal estado, menos de 350 linfocitos CD4, lo que complica su tratamiento. Este número podría duplicarse e incluso triplicarse en una situación como actual. Y no hay que olvidar que los costes médicos directos de los pacientes diagnosticados de forma tardía son casi el doble que los de los pacientes diagnosticados en las fases iniciales de la infección".
La sociedad médica recuerda que, actualmente, la línea maestra del abordaje es que "tratar es prevenir", y que esto no puede hacerse si se niega el acceso a las personas a los antivirales, que son de dispensación hospitalaria. Esta política fue considerada uno de los descubrimientos científicos de 2011 por la revista Science, y está avalada por la Sociedad Internacional del Sida (IAS).
La otra pata de la prevención, el Plan Nacional sobre el Sida (PNS), también ha sufrido los recortes. "Una reducción de más del 50% de su presupuesto mutila al PNS y puede tirar a la basura” todos los logros conseguidos en España en la infección por VIH, mientras que la desaparición de los fondos destinados a las comunidades autónomas y la desaparición o reducción en las ayudas a las ONG en el presupuesto para el PNS puede producir una cascada de acontecimientos, en la que poco a poco desaparezcan los planes autonómicos el sida debido, no sólo a la falta de financiación estatal, sino a los propios recortes que se están produciendo en las comunidades autónomas".
La conclusión es que, como ha dicho The Economist, “de todas las enfermedades que matan a los pobres, ninguna es tan letal como un mal Gobierno”, y piden reflexión sobre los planes.
El Carlos III suprime el organismo dedicado a fomentar ensayos clínicos
El presupuesto para el Caiber había caído de 10 a 3 millones anuales
Emilio de Benito, Madrid, en El País.
El recorte ha sido radical. El Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (Caiber) ha sido eliminado por el Instituto de Salud Carlos III. Este organismo tenía como cometido colaborar y fomentar los ensayos clínicos, pero ha durado cuatro años. Su presupuesto había pasado de 10 millones a 3 en 2011. Su tarea, según ha declarado a Diario Médico Joaquín Arenas, director del Carlos III, será asumida por una "red de unidades de investigación clínica". El organismo se ha negado a hacer más declaraciones a EL PAÍS. Una portavoz se ha limitado a decir que “de todas formas, el proyecto era para cuatro años, y estos se cumplían en 2012”.
La rebaja del presupuesto el año pasado ya había dejado al Caiber en la cuerda floja, según había admitido a este periódico su director, Joaquín Casariego. “Necesitamos 10 millones para mantener una velocidad de crucero”, afirmó hace unas semanas.
Pese a los recortes en el presupuesto, Caiber participaba en 64 ensayos clínicos de primer nivel —“para publicar en el BMJ o el JAMA”, según su director— en áreas como la pediatría, al oncología y otras muchas.
El proyecto nació en el seno del desaparecido Ministerio de Ciencia e Innovación que dirigió Cristina Garmendia en los Gobiernos de Zapatero, y no ha aguantado la crisis.
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