Pasado mañana se vota en el Parlamento el Real Decreto de reformas llevado a cabo por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Quince organizaciones sociales se rebelan contra los recortes en sanidad

Remiten una carta a los diputados del Parlamento pidiéndoles que voten contra el Real Decreto de Salud que presenta el Gobierno

15.05.12 - E. C. | MADRID, en El Comercio.

Quince organizaciones sociales se han unido para redactar una carta dirigida a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que pasado mañana voten en contra del Real Decreto de reformas llevado a cabo por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Todas ellas consideran que esta normativa vulnera el principio de equidad.

En concreto, la misiva está firmada por Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Standing Committee of European Doctors, la asociación Convivir sin racismo, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español, Karibu, Médicos del Mundo, el Centro de estudios y documentación sobre discriminación, racismo y xenofobia (Mugak), el Observatori del Sistema penal i els Drets Humans, la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Pueblos Unidos, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes.

Todos ellos aseguran que el Decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy implica un cambio «importante» en la concepción de la atención sanitaria que se conoce hasta la fecha. Además, recuerdan que una modificación de «estas envergaduras» requiere un debate previo abierto tanto en el Parlamento como entre aquellas entidades que trabajan en estos campos. «Sólo de esta manera se garantizarían y respetarían los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin tener en cuenta su lugar de nacimiento», recalcan.

Asimismo, las quince organizaciones destacan a los diputados la situación a la que se enfrentan los inmigrantes, tras la aprobación de esta norma, y les recuerdan que sólo «unos 150.000 extranjeros» tendrán derecho a la asistencia sanitaria de urgencias, salvo en el caso de mujeres embarazadas y en menores. «Estas medidas van a traer consigo una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país y puede provocar en la práctica, no sólo el colapso de las zonas de urgencias de los hospitales españoles, sino la división entre los ciudadanos con plenos derechos y los que no los tienen», aseguran las organizaciones.

Derechos fundamentales

Asimismo, las organizaciones y entidades reunidas para esta campaña reivindican un sistema sanitario «universal y gratuito» cuyo acceso esté normalizado y gestionado por la Administración pública para todas aquellas personas que viven en países vecinos. Además, instan al Gobierno a que tenga «en cuenta» las recomendaciones efectuadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que aconseja que el acceso a la sanidad necesaria debe «facilitarse» a los inmigrantes irregulares con arreglo a los «mismos criterios» que los nacionales y «aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones».

Por último, se hacen eco de los pronunciamientos de otros colectivos profesionales sanitarios que durante las últimas semanas han anunciado su decisión de hacer objeción de conciencia a las consecuencias de la reforma como, por ejemplo, el Sindicato Médico de Asturias, el Consejo General de la Abogacía, la Fundación Salud y Familia, la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, Informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España o la Red de Colegios Médicos.