Poco a poco la inmensa mayoría vamos llegando a la misma conclusión

Los indignados se rebelan contra la exclusión sanitaria de los sin papeles

La asamblea de Sanidad determina que el real decreto ley sobre atención sanitaria a inmigrantes vulnera "derechos fundamentales"

Foto: Un momento de la reunión de la Asamblea de Sanidad de los indignados, ayer lunes.

ELENA HERRERA, Madrid, en Público.es

"Es una medida vergonzosa, despreciable... el derecho a la salud es algo básico para cualquier ciudadano". La que habla es Rosa Bajo, médica de atención primaria en el Centro de Salud Campo Real (Madrid). Y esta es la valoración que hace del real decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que limita la cobertura médica a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el texto, el mes pasado, Rosa busca, junto a otros sanitarios, la manera de hacer frente a una norma que considera "injusta" y que, asegura, atenta contra su código deontológico.

"¿Cómo vamos a negar la asistencia a una persona que necesita nuestros cuidados?". La pregunta la lanzó este lunes al aire en una asamblea sobre este tema celebrada en la céntrica plaza de Santa Ana de Madrid. En esta charla, convocada por el grupo de trabajo de Sanidad del 15-M madrileño en el marco de las actividades de conmemoración de su primer aniversario, Rosa animó a sus compañeros de profesión y a toda la ciudadanía a enfrentar "juntos" una medida que, dijo, "nos devuelve 26 años atrás". Entre los años 1984 y 1986, el ministro socialista Ernest Lluch llevó a cabo una reforma que universalizó la sanidad y dio cobertura a ocho millones de personas a las que, hasta aquel momento, se les negaba ese derecho.

Por ello, la Coordinadora de Equipos de Atención Primaria, con el apoyo de las asambleas del 15-M, está intentando articular mecanismos que fuercen la revocación de este decreto. Mientras tanto, buscan el abrigo de los colegios profesionales para, amparándose en su código ético, les respalden en su voluntad de hacer objeción de conciencia y atender en sus consultas u hospitales a todas las personas que necesiten de sus cuidados, sea cual sea su situación legal.

María José García, enfermera que trabaja en el centro de salud Vicente Soldevilla en el barrio de Vallecas, al sur de la capital, cree, sin embargo, que la objeción individual, aunque es útil, no arregla el problema. "Hay que actuar como colectivo porque si no puedes derivar al paciente a otro compañero o hacer una receta es casi como si no se hiciera nada", asegura. En este sentido, recuerda que esta lucha no pertenece sólo al personal sanitario y recuerda que administrativos o celadores "son los que abren la puerta a los enfermos". "Si ellos no objetan tampoco sirve", lamenta.

"Tengo miedo, no sé cómo voy a curarme"

En el curso de la asamblea también participaron activistas de Médicos sin Fronteras como Marco o Guillermo. Ambos recordaron que esta norma "choca" con la Constitución española porque esta reconoce el “derecho a la protección de la salud” (artículo 43), con algunos Estatutos de autonomía que establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas” e incluso con tratados internacionales suscritos por España que defienden la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Asimismo, señalaron que el decreto ley puede acarrear un problema de "salud pública" al negar la sanidad a personas que están en riesgo de exclusión y que, en algunos casos, pueden enfermar por el trabajo precario al que se ven sometidas o las malas condiciones en las que viven. Asimismo, subrayaron que los inmigrantes no hacen "sobreutilización" del sistema sanitario y recordaron que, a la larga, resulta "mucho más caro" recortar en asistencia primaria porque es ahí donde pueden llegar a prevenirse patologías más graves. "El Gobierno del PP quiere un sistema de beneficiencia en el que las ONG atiendan a los más desfavorecidos por el sistema. Pero ni es justo, ni tenemos medios para hacerlo", remacharon.

En un extremo de la plaza Aladje, un joven de Guinea Bissau, escuchaba con atención lo que se hablaba en la asamblea. A pesar de llevar cinco años en España no tiene papeles. Aunque ahora está en el paro, ha trabajado como jornalero en el campo almeriense. Nunca ha tenido un contrato de trabajo. "Veo todo muy mal. Tengo miedo. No sé cómo voy a curarme si tengo una enfermedad", explicó visiblemente afectado a Público. A su lado, compartiendo el mismo temor, estaba Cheikh Sow, que llegó de Senegal hace seis años. Él sí tiene la documentación en regla, pero al no estar cotizando en este momento, también será excluido del sistema de salud a pesar de que ha cotizado durante más de tres años como trabajador de una empresa de instalación de aire acondicionado. "He pagado impuestos y ahora no tengo derechos, es todo muy injusto", lamentó este joven, que tiene en España a un hermano que está en la misma situación.

Abame Karim y Eva Herrero, senegalés y española, también se dejaron caer por la asamblea organizada por el grupo de trabajo de Sanidad. Son pareja y esperan un niño para el próximo octubre. Aunque ambos tienen garantizado el acceso a la sanidad, creen que esta medida es una "absoluta regresión" en el ámbito de los cuidados. "No nos pueden decir que con esta norma se ahorra dinero. Nos están robando derechos, por eso abogo por su incumplimiento", aseguró Eva una vez terminada la charla.